Con la intención de avalar ciertas iniciativas de transformación pero no permitir la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, empezaron a aparecer algunos intentos de soluciones creativas por parte del (ex) Juntos por el Cambio. A la propuesta radical de enviar proyectos de ley o fragmentar el decreto de necesidad y urgencia firmado por Javier Milei se le sumó la interpretación que hizo la Coalición Cívica tras su inclusión en la ley omnibus.
El secretario del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López, contó, en una entrevista, que conversó con Elisa Carrió y notaron, al final del proyecto de ley omnibus, el articulado que pone en revisión el decreto 70/2023 de desregulación de la Argentina. “Reconoce que el DNU podría haberse hecho por ley”, señaló.
Para López, según explicó en Mitre, el gobierno reconoce que “se pueden ratificar algunos puntos del DNU y que la solución era la ley”. Esta inclusión en el proyecto omnibus “nos va a permitir, tal vez, ratificar tema por tema”, previo estudio serio de su articulado.
El concepto fue reforzado por Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, que también interpretó una posible ratificación “tema por tema del DNU”, con un análisis pormenorizado de cada una de las leyes derogadas o modificadas por el presidente.
Para la Coalición Cívica, hay un hueco legal porque desde el gobierno se reconoció que el DNU se puede ratificar de otra manera, por ley, pero no en su totalidad, sino en parte.
Un dirigente PRO leyó, sin embargo, que la mención del decreto en la ley omnibus debió haber sido un “error”, una “equivocación” del Poder Ejecutivo que habilitó “indirectamente el tratamiento” de la norma presidencial. Un diputado radical agregó que ellos podrían hacer cualquier tipo de interpretación gracias a la confusión legislativa generada pero que, sin embargo, sería forzado tratar el decreto como una ley.
Es que los decretos se aprueban o rechazan en conjunto, según aclaró un dirigente que conoce muy bien el reglamento del Congreso. Incluso, se puede tratar al mismo tiempo en ambas Cámaras pero una ley no puede aprobarlo. Para ello son necesarias resoluciones idénticas del Senado y de Diputados.
De todos modos, leyes espejos como las presentadas por la senadora Carolina Losada y el diputado Martin Tetaz, ambos de la UCR, copiando exactamente el DNU sí permitirían un tratamiento como el de cualquier ley habilitando, con las mayorías necesarias anular, suprimir, modificar o agregar artículos.
Juntos por el Cambio está en una situación problemática, con críticas a la forma pero con coincidencias sobre el fondo. La solución creativa leída por la Coalición Cívica le permitiría a la oposición evadir el “todo o nada” al que son sometidos los decretos durante cualquier análisis parlamentario, un concepto bastante cuestionado por estos días, sobre todo desde el radicalismo.
La UCR ya propuso otras herramientas para intentar encontrar una ventana que permita avanzar con el debate: redactó dos proyectos de ley espejo, pidió decretos más pequeños o, si ninguna de estas opciones fuese potable, solicitó el análisis punto por punto de la norma.
Sobre esto, el diputado radical Fernando Carbajal, que además es ex juez, analizó que “no hay una sola norma constitucional en la cual halle origen la afirmación respecto a que la “aceptación o rechazo” de un DNU es total, por si o por no”. Respecto de la ley que regula su control, encontró una posibilidad para ensayar una interpretación totalitaria de los decretos, pero con salvedades.
Para Carbajal, la norma habla de decreto, en singular, pero en este caso el DNU incorpora más de 300 decisiones diferentes que impactan en igual número de leyes vigentes y no en una sola, o en un solo eje temático. Sin embargo, encontró cierto límite al impedirle al Congreso introducir enmiendas, agregados o supresiones. O sea, no permite modificaciones de ningún tipo.
El ex magistrado, de todos modos, señaló otra interpretación posible para garantizar una salida creativa que permita avanzar con una aprobación discriminada del decreto y el rechazo de otros puntos controvertidos. Según el ex juez, la ley impide modificar “normas”, no el DNU. Como el decreto de Milei contiene varios apartados, varios “títulos”, el concepto de “norma” sería aplicable a éstos y no a la orden presidencial en su conjunto, permitiendo agrupar temas, acompañando unos y no otros.
Se resuelva lo que se resuelva, el DNU tendrá que tratarse. El Poder Ejecutivo tiene que enviarlo al Congreso y la comisión bicameral encargada de analizarlo tendrá diez días para hacerlo. Vencido ese plazo, se resaltó desde la bancada PRO, la Cámara podría abocarse al tratamiento de la norma presidencial y se echó por tierra el argumento oficialista para no hacerlo. Se negó - “no es cierto” - que deba estar incluido en la convocatoria a sesiones extraordinarias para habilitar el debate.
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