Misión de DDHH en Jujuy: “Las autoridades deben ser investigadas”

La Misión de Solidaridad de Derechos Humanos, integrada por referentes sociales, políticos y sindicales, elaboró un informe preliminar a partir de 227 testimonios recabados durante diez días en Jujuy: “Podemos afirmar que los derechos humanos están siendo violados”, afirmaron en el documento al que tuvo acceso El Destape. Entre el 16 y el 26 de junio, las y los integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y dirigentes políticos recorrieron las ciudades de San Salvador, Tilcara, Purmamarca, Perico, Abrapampa y Purmamarca y se entrevistaron con 227 personas para conocer la situación que se vive en la provincia a partir del debate sobre la reforma constitucional como, también, en el marco de reclamos salariales encabezadas por docentes.

A lo largo de 38 páginas, la misión da cuenta del actuar represivo por parte del Estado que, afirman, no es nuevo: “En el año 2021 y en julio del 2022, hubo dos delegaciones que se hicieron presentes en la provincia, tomaron testimonio a decenas de personas que denunciaban distintas vulneraciones de sus derechos a manos del Estado jujeño”, denunciaron. Allanamientos irregulares, hostigamiento policial, persecución a organizaciones sociales, detenciones arbitrarias, desde entonces, son parte de la realidad cotidiana que viven quienes hacen público su desacuerdo con la gestión del gobernador, Gerardo Morales.

La clave, indicaron, fue la “creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y despojo de sus tierras”. En el análisis que hacen respecto al desarrollo de los hechos, precisaron que el punto de inflexión se dio en el combo que se conoció en las últimas semanas: la protesta docente, el triunfo de la fórmula propuesta por Morales para la gobernación, como un caldo de “impunidad absoluta para que avanzara con la reforma constitucional, pensando que pasaría sin mayores sobresaltos”. Por el contrario, a la lucha docente se sumaron las comunidades originarias y el campesinado, en particular, y de la población en general.

“Lo característico de esta nueva etapa es la extensión de estas prácticas al conjunto de la población que se manifiesta, extendiéndose a otros que circunstancialmente se hallaban en el lugar del hecho”, destacaron desde la misión. Para recordar: el día en el que la Legislatura provincial se prestó a la aprobación inconsulta de la reforma constitucional impulsada por el Gobierno de Gerardo Morales, cientos de personas rodearon el lugar en contra de la decisión gubernamental y parlamentaria. Entre sus principales puntos, en esa nueva Carta Magna se estableció la reelección en la gobernación, la prohibición de indultos por corrupción, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta.

En total, fueron recabados 227 testimonios en los que se relatan violencia policial, institucional, persecución, amenazas, abusos sexuales, ya sea en el marco de las protestas -que insisten en el informe son “legítimas”- como en las propias casas de dirigentes o de personas que simplemente convocaron a través de las redes sociales a discutir la reforma constitucional inconsulta. También, desapariciones forzadas durante horas a personas que fueron detenidas y que no necesariamente participaban de las marchas. Además, entre las personas entrevistadas fueron consultadas 33 comunidades, en cuyos relatos se registran problemas y conflictos de larga data, “pero que se han agudizado bajo el gobierno de Morales”. En las palabras de las personas que se acercaron a la misión, también, se pueden leer situaciones de amenaza con vehículos no identificados, apagones de luz en pueblos enteros y detenciones masivas.

En tanto, en la actualidad, sobre muchas de las personas que salieron a manifestarse y que fueron entrevistadas pesan penas por sedición, secuestro de personas y multas millonarias, en función de la normativa impuesta en la provincia. Además, en los últimos dos días se libraron órdenes de allanamiento y de detenciones en Humahuaca y San Salvador, en simultáneo con lo que fue denunciado como “violatorio de la autonomía universitaria” el hecho de que la policía haya ingresado a la Universidad Nacional.

Las mujeres, las juventudes y los pueblos indígenas como objeto de la represión

Según el informe preliminar, la mayoría de las personas entrevistadas son jóvenes de entre 18 y 45 años (65% de los casos). “Este conflicto encuentra a las mujeres como sujetos políticos centrales: por un lado los gremios docentes agrupan en su gran mayoría a mujeres y en el caso de las comunidades originarias, encontró a las mujeres en la primera línea la noche del 17/6 de la represión en Purmamarca. Son mujeres las que encabezan las movilizaciones, las que sostienen las ollas populares, las que asisten heridos”, indicaron. Y denunciaron que entre las denuncias registraron varios “atentados contra la integridad sexual de las manifestantes, lo cual nos muestra un plus de violencia en razón del género”.

Otro de los sectores “víctima de la represión y violencia estatal son los jóvenes”, manifestaron. “A ellos se les disparó a la cara generando un herido muy grave producto del estallido en su cabeza de un proyectil y varios con pérdidas de ojos o cursando heridas graves en sus ojos”. En tercer lugar, enumeraron que “en distintas regiones de la Quebrada que las comunidades originarias son protagonistas insoslayables”. Para el entender de la misión, “la férrea defensa de sus tradiciones, del cuidado y respeto por la tierra que habitan, combinadas con la participación activa en la vida social fue otro de los objetivos de las fuerzas represivas. Allí las denuncias van aumentando a medida que pasan los días”. Fueron las comunidades, muchas de ellas organizadas en el Tercer Malón de la Paz, las que salieron a las rutas “para expresar su rechazo a la reforma constitucional, sobre la cual no habían sido informados, ni consultados”.

En los datos estadísticos precisan que les entrevistades son: 173 víctimas, 39 testigos y 14 familiares. En el rango etario, son 94 personas de entre 31 a 45 años; 65 de entre 46 a 65; 47 de 18 a 30 años; 6 de 66 o más; y dos de 0 a 13 años. Entre las víctimas entrevistadas, 4 estaban hospitalizadas, 67 heridas en el domicilio; 27 en libertad después de una privación ilegítima de la libertad; 28 identificaron que estaban bajo amenaza o coacción; 34 recuperada en su domicilio y 1 privada de su libertad. 

Las personas entrevistadas pudieron identificar entre sus agresores, en 202 casos a la fuerza pública provincial; en 11 casos a efectivos "parapoliciales"; en 19 casos "personal de seguridad encubierto"; 29 infantería; 3 policía motorizada y en 2 ocasiones la fuerza pública federal. En la mayoría de los casos las agresiones fueron físicas (163), en 14 situaciones denunciaron torturas y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes y en 103 casos "violación a la libertad de expresión" -registraron que hubo periodistas detenidos-.  

Conclusiones del informe preliminar

Entre las conclusiones, la misión afirmó que el accionar represivo se dio desde el 16 de junio y persiste hasta la fecha con grupos “policiales como parapoliciales” para “reprimir, violentar, detener, torturar, perseguir, amenazar e intimidar a la población civil indefensa”.

• El Estado argentino y las autoridades provinciales de Jujuy deben ser investigadas, ya que en el marco de las protestas gremiales por reclamos salariales y en contra de la reforma de la Constitución provincial ocurrida al 15 de junio de 2023.
• Afirman, también: “La represión incluye prácticas similares a las utilizadas en la provincia durante la última dictadura militar”: ingreso a domicilios sin órdenes de allanamiento, rompiendo lo que encuentran a su paso y ejerciendo maltrato físico y sicológico a las personas, llegando en algún caso al abuso sexual; realizando detenciones arbitrarias; merodeo de vehículos sin identificación que sacan fotos o realizan filmaciones; apagones de luz durante represiones en la ruta 9; espionaje ilegal en redes sociales; intimidaciones laborales a quienes participan de las manifestaciones y protestas, etc.
• La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad, de expresión y el derecho a la protesta.
• El Estado jujeño debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales.
• El Estado jujeño debe ser investigado por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente.
• Deberá investigarse al Estado jujeño en referencia a los delitos de lesa humanidad señalados.
• El pueblo argentino, y especialmente el jujeño, y particularmente las víctimas de la represión ilegal, tienen derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.