La corporación judicial cuestiona el juicio político a la Corte y habla de “trato hostil” a testigos

La corporación judicial cuestionó el proceso que se sigue contra los cuatro ministros supremos en la Comisión de Juicio Político y en un comunicado se refirió a que existe un “trato hostil” hacia los testigos durante las audiencias.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) emitió un documento conjunto con la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) –algo poco habitual- en el que se expresó el “rechazo por el trato hostil dispensado a nuestros/as representados/as convocados a declarar en el juicio político que se lleva a cabo contra la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En el comunicado, que fue tuiteado este jueves por la AMFJN, las asociaciones sostuvieron que “desde los albores del proceso se viene observando con aguda preocupación que los/las testigos citados/as, son sometidos/as a improcedentes interrogatorios”. Y reclamaron “el cese de las prácticas, que tergiversan la finalidad del procedimiento”.

El escrito provocó la respuesta de la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley, que integra la comisión de Juicio Político –es una de las legisladoras que muchas veces hace las preguntas a los testigos- y es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales. Siley salió al cruce de la AMFJN y UEJN y tuiteó: “Nunca vi un acto de ‘unidad’ para denunciar el maltrato que jueces y juezas ejercen contra las y los trabajadores judiciales. Dato: el 70% de las licencias vigentes dentro del Poder Judicial de la Nación son psiquiátricas. Por qué no empiezan por casa?”.

Desde que comenzaron las audiencias con testigos en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, el 23 de febrero, hubo declaraciones de todo tipo. Desde víctimas de la última dictadura cívico-militar a exintegrantes del Consejo de la Magistratura como Mario Cimadevilla. También, claro, a lo largo de las cuatro sesiones con testigos que se realizaron hasta ahora prestaron testimonio diversas figuras del mundo judicial. Desfilaron por el Congreso los jueces federales Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos; el secretario de Coordinación de la Procuración General, Juan Manuel Olima Espel; la titular de la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad, Ángeles Ramos; y más de una decena de secretarios y secretarias de la Corte e integrantes de distintas vocalías. Quien brilla aún por su ausencia es el fiscal procesado Carlos Stornelli que se niega a concurrir y solo dice que declara por escrito, algo que está prohibido.

En más de una ocasión quedó en evidencia que integrantes de la Corte buscaron omitir información a la comisión. Tal fue el caso de Natalia Monayer, que es subdirectora en la vocalía de Horacio Rosatti (secunda a Silvio Robles, mano derecha del presidente cortesano, quien quedó involucrado en la trama del D’Alessandrogate).

Durante la audiencia del 14 de marzo pasado, Monayer recurrió de manera recurrente al “no recuerdo” o “me parece que sí” para buscar no ser taxativa en sus respuestas. Esto motivó que el diputado Leopoldo Moreau la catalogue como una testigo “reticente”. El momento de mayor tensión de ese testimonio se dio cuando el diputado la consultó por la empresa Moromedia SRL sobre la que Moreau tiene la “sospecha de que es una sociedad que pudo ser el vehículo del tráfico de influencias” en la Corte. Es decir, el vehículo a través del cual se podían negociar fallos a medida. Se trata de una firma que desde el oficialismo vinculan a Robles y a Monayer. El nombre de la empresa sería por las iniciales de los apellidos de los integrantes de la vocalía de Rosatti.

“¿Tuvo (Moromedia) como gerente al señor Robles?”, la consultó Moreau a Monayer. “Sí, puede ser”, respondió la politóloga. Luego, el diputado le preguntó si conocía a Patricia Duro. “Sí, la conozco”, dijo. “Me puede decir quién es”, tuvo que volver a interrogar el legislador. “Mi madre”, contestó Monayer. “¿Integra la sociedad?”, interrogó el diputado. “Sí, puede ser”, dijo ella, y aclaró: “Yo no tengo nada que ver con esa sociedad. Le pediría me consulte por mi trabajo en la Corte Suprema”. “Las preguntas las hacemos nosotros. No las diseña el testigo”, le explicó Moreau.

El ida y vuelta no es menor. Esa empresa la integró Silvio Robles hasta que ingresó a la Corte. Luego cedió el lugar a su hermano.

La reticencia a brindar a información a los ojos de los legisladores apareció desde la primera audiencia con testigos. Es que el 23 de febrero hubo contradicciones entre dos testigos que trabajan en la vocalía de Rosatti respecto a su participación en un grupo de chat. Uno, Roberto Miguel Saggese, dijo que integraba un grupo de chat con Robles y otra colega, y otro grupo con los integrantes de toda la vocalía. Dijo que esos grupos seguían activos mientras que Adriana Valinotti dijo lo opuesto. Esto provocó que Moreau pidiera se haga un careo por este tema, lo que fue aprobado. Al fin y al cabo lo que está haciendo la comisión es recabar información para determinar si hay elementos para impulsar formalmente el juicio político.

Otro testigo que provocó más de un cruce entre legisladores fue el de Federico Morgenstern, proyectista del 2x1 a favor de los genocidas, quien trabaja en la vocalía de Carlos Rosenkrantz. El fallo del 2x1 es una de las causales del pedido de juicio político contra Rosatti y Rosenkrantz.

Morgenstern, que declaró el pasado 21 de marzo, tuvo diversos "cortocircuitos" con los legisladores pero no obstante ello declaró durante varias horas. Entre otras cuestiones, reveló que mantuvo dos reuniones a solas con Highton de Nolasco por el fallo del 2x1 y un encuentro con Rosatti. Se escudó en el secreto profesional para no ventilar de qué hablaron pero dijo que fueron cuestiones jurídicas. Al ser consultado por el bloque del FdT dijo que fue la única vez que se reunió con aquellos dos supremos desde que está en la Corte. Por ejemplo, no se volvió a reunir cuando se abordó el caso “Batalla” por el cual la Corte cambió el criterio del fallo “Muiña” (allí el único que votó en disidencia fue Rosenkrantz). En más de una ocasión, los legisladores le tuvieron que pedir al testigo que se dirigiera a ellos con respeto. Si bien no fue una testimonial tensa hubo diversos entredichos.

En total se realizaron cuatro audiencias con testigos. Los dos jueces que declararon fueron denunciados.

Sebastián Ramos, por el FdT, y en sede penal, por un posible falso testimonio. Es que el 23 de febrero, a Ramos le preguntaron si además de conocer a D’Alessandro mantenía con él una relación sistemática. El juez dijo que no, bajo juramento de decir verdad. Minutos después, se difundió la tercera filtración de chats del celular del ahora exministro de Seguridad y Justicia porteño, donde aparecieron 56 intercambios entre Ramos y D’Alessandro que muestran un trato muy familiar entre ambos. De hecho, lejos de la formalidad, el juez llama “Tano” al exfuncionario y hasta coordinan juntarse a comer en un club.

La comisión había citado a Ramos para interiorizarse de los motivos que lo llevaron a cerrar de forma exprés en plena feria y como subrogante dos denuncias que se habían realizado contra D’Alessandro y Robles, la mano derecha de Rosatti, tras la segunda filtración. Esos supuestos mensajes los exponían a los dos coordinando maniobras político-judiciales que beneficiaban a JxC.

Finalmente, la denuncia contra D’Alessandro fue cerrada. Fue desestimada por el juez Sebastián Casanello por “falta de impulso fiscal”. El fiscal Guillermo Marijuan consideró que correspondía avanzar con el caso.

La oposición, por su parte, denunció al juez Ramos Padilla y no justamente por su reticencia a declarar. El magistrado federal de La Plata fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura. La presentación se hizo a instancias del diputado del PRO Pablo Tonelli, que dice que Ramos Padilla mintió en la comisión cuando describió su rol en casos de espionaje ilegal. Buscó establecer una "juagada en espejo" al caso de Ramos. Esa presentación está activa.

Lejos de cuestionar a Tonelli y a Cambiemos, el comunicado de la AMFJN y la UEJN parece está destinado al FdT que impulsa el proceso contra los ministros supremos. El planteo es funcional a los intereses de los ministros cortesanos que a medida que avanza el proceso miran con mayor preocupación lo que sucede en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, tal como publicó Ari Lijalad en El Destape, ingresó recientemente documentación que puede complicar a los cortesanos Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

Respecto a Maqueda ingresó un mail donde el supremo reconoce que supervisó la Obra Social del Poder Judicial sin ninguna resolución o acto administrativo que lo designara, algo que confirma su responsabilidad en los desfalcos denunciados en la prestación médica de los judiciales pero no desliga a la Corte en pleno de la situación. En lo que hace a Rosenkrantz, llegó al Congreso una nota donde  el cortesano advirtió que comenzaría a intervenir en causas de sus ex clientes, documento revelado por El Destape en octubre de 2021.

El rol de Maqueda en la Obra Social de los judiciales y la participación de Rosenkrantz en fallos de sus exclientes son dos de las líneas de investigación que sigue la Comisión de Juicio Político que preside la diputada Carolina Gaillard.