Esta semana el Congreso pondrá la vista en la comisión de Juicio Político que se lleva adelante en Diputados, en la que recibirá nuevos testimonios por las denuncias de irregularidades en la obra social del Poder Judicial.
Este tema comenzó a tratarse la semana pasada en el marco del análisis de las denuncias, que es una de las causales del pedido de enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema, junto con los fallos del 2x1, sobre la coparticipación porteña, y la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura. Además, la comisión volvió a citar al ex director de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) Aldo Tonon, quien había enviado una carta a ese cuerpo deliberativo argumentando que no declarará debido a que tiene causas en la justicia, ya que su testimonio ante los diputados "podría vulnerar y violar la garantía en el texto del articulo 18 de la Constitución Nacional" y por ese motivo pidió que se lo "exima de declarar".
Los parlamentarios de la comisión también pidieron la asistencia del docente universitario Gustavo Montanini, al secretario letrado de la Corte Sebastian Clerici, al Prosecretario letrado de la Corte Suprema Enrique de Vedia, al médico legista Enzo Canónaco, y a las afiliadas Valeria Díaz y Laura Ambrosio.
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La comisión de Juicio Político busca comprobar si se incurrió en irregularidad manifiesta al no cubrir las vacancias en el directorio de la obra social, en la subdirección médica, subdirección administrativa y auditoría interna, y si a consecuencia de la no designación de esas personas se incumplió con la habilitación estatutaria para la delegación de firma, informaron a Agencia Télam fuentes parlamentarias.
Además, la comisión lleva adelante una investigación por supuesta ausencia de previsión presupuestaria y se buscará avanzar sobre irregularidades en la registración contable.
Para avanzar en estas cuestiones, la comisión también tendrá en cuenta la denuncia de la Coalición Cívica que originalmente presentó Elisa Carrió contra Ricardo Lorenzetti por "mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y eventual comisión de delitos por irregular y discrecional manejo de la obra social", y su "incidencia" ante la falta de cobertura de vacancias en el directorio y en diferentes áreas administrativas.
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