La comisión de Juicio Político abordó este jueves la toma por asalto al Consejo de la Magistratura que hizo la Corte Suprema el 16 de diciembre de 2021. Se trata de una de las causales por mal desempeño que pesan sobre los ministros supremos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. En este caso, Ricardo Lorenzetti no había votado como sus colegas.
El foco de la comisión estuvo en el fallo cortesano de aquella fecha que declaró inconstitucional la conformación de 13 integrantes que entonces tenía el órgano de selección y sanción de jueces (ley 26.080). ¿La razón? Una falta de equilibrio entre los estamentos. Era una integración que estaba vigente desde 2006. Es decir, por 15 años. La Corte decidió cambiarla en pleno gobierno de Alberto Fernández. Con esa resolución, el máximo tribunal del país restauró la antigua composición de 20 miembros del Consejo y dejó la presidencia en manos del titular de la Corte. Para poder hacer ese movimiento revivió una ley que había sido derogada por el Congreso (la 24.937). Es decir, legisló para modificar la relación de fuerzas internas que entonces tenía el Consejo. Los supremos avanzaron en este sentido tras darle un plazo de 120 días al Parlamento para sacar una nueva ley que corrigiera la situación denunciada por ellos.
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La hipótesis de investigación en la comisión que preside Carolina Gaillard sobre este tema es que la Corte “cooptó el Consejo de la Magistratura con el propósito de mantener el statu quo en el fuero federal” y que también “ejerció facultades propias del Poder Legislativo” para poder consumar su propósito. La declaración de inconstitucionalidad fue producto de un planteo del Colegio de Abogados de la calle Montevideo, una entidad centenaria que nuclea a los abogados del establishment y que aportó durante generaciones funcionarios a las dictaduras empresario-militares, que tenía cinco años.
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Para la diputada del FdT Vanesa Siley, el fallo de la Corte fue netamente político y paralizó el Consejo: “Todas las ternas volvieron a la comisión de selección”, indicó. Dijo que el caso estuvo 15 años en el sistema judicial y 4 años en la Corte. Destacó que el Alto Tribunal administró los tiempos para emitir el fallo: no fue casual -sostuvo- que lo haya sacado cuando cambió el gobierno. Por ejemplo, con esta reestructuración del Consejo se bloqueó que se pueda nombrar a los sucesores de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en la Cámara Federal porteña, que es la instancia revisora de Comodoro Py. Ambos fueron puestos a dedo allí por Macri y la Corte confirmó que su designación fue irregular. Pero en esa ratificación el Tribunal Supremo sostuvo que se los debe reemplazar con dos jueces nombrados por concurso. Cuando el Consejo anterior estaba por terminar ese proceso, la Corte lo dinamitó.
“Cuando Juntos por el Cambio asume el gobierno cambia la postura de la Corte y vuelve a cambiar cuando asume otro color político. La Corte actuaba de una manera mientras una de las partes la ocupaba el partido político de Macri y cambió de postura cuando el Poder Ejecutivo lo ocupa el partido político del peronismo”, añadió Siley. Es que JxC había presentado un proyecto de reforma del Consejo y entonces la Corte no avanzó con el tema. Cuando el gobierno de Alberto Fernández presentó el suyo, la Corte tardó apenas 10 días en sacar el fallo. “Los plazos fueron netamente políticos y es una de las cuestiones más importantes a tratar en esta causal”, indicó Siley. También afirmó que fue clave que Horacio Rosatti asumiera la presidencia de la Corte en aquel tiempo porque era quien iba a presidir el Consejo.
“Hoy el Consejo de la Magistratura es irregular”, agregó la diputada de FdT porque dijo que debiera tener 20 miembros y tiene 19 integrantes. Siley recordó que el senador Doñate no pudo asumir como consejero porque “la Corte se sienta a los dos lados del mostrador: del lado desde donde falla y desde donde debe ejecutar su fallo”.
La oposición manifestó en la voz del diputado del PRO Pablo Tonelli que para ellos nada de los enumerado son irregularidades y que, menos aún, son causales de juicio político. Los diputados del oficialismo recordaron que Rosatti se autovotó para ser presidente del Consejo. Y que también lo había hecho para poder convertirse en presidente de la Corte. En ambos casos su voto fue decisivo para lograr ambos cargos.
Durante la audiencia también se leyeron los chats filtrados del ex ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, con Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, en los que se ve cómo coordinan una jugada legislativa que debía realizar Juntos por el Cambio para bloquear la asunción del senador Martín Doñate en el nuevo Consejo. Se trata de un pasaje de la manipulación de la conformación del nuevo Consejo que se tejió entre la Corte y la oposición.
Las irregularidades denunciadas
En lo que fue la introducción del caso, Gaillard enumeró las diversas irregularidades en las que incurrió la Corte al emitir este fallo. La diputada del FdT, destacó:
- Que hubo una demora injustificada del caso: el fallo fue demorado 5 años y se aceleró su dictado a partir de la llegada del juez Rosatti, quien asumió -irregularmente- como presidente de la Corte mediante un autovoto.
- La falta de legitimación activa: el Colegio de la calle Montevideo carecía de legitimación activa para iniciar la acción de amparo y la Corte no la analizó en su sentencia.
- La falta de un caso judicial.
- El exceso de jurisdicción: el “Colegio de Abogados” nunca pidió la restitución de la vigencia de la ley anterior.
- Que se reinstaló una ley derogada por el Congreso.
- que se otorgó un plazo de 120 días de imposible cumplimiento al Consejo de la Magistratura para adecuar su composición a la ley 24.937.
- Que la causa no fue trabajada por la Secretaría contencioso administrativa Nº4 de la Corte, especialista en la materia.
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Los testigos
Para esta jornada fueron convocados tres testigos:
- Graciana Peñafort, directora General de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación.
- Jorge Gabriel Rizzo, abogado y Ex Presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal.
- Roberto Saggese, Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Solo concurrieron los dos primeros.
Peñafort, que fue la primera en declarar, por ejemplo se refirió al caso de Doñate. Y fue consultada por los diputados del oficialismo sobre si la estrategia que Robles le dio a D’Alessandro respecto a este tema en el Senado se llevó adelante. La abogada confirmó que se concretó todo lo ordenado por la mano derecha de Rosatti.
La directora de Asuntos Jurídicos del Senado explicó que desde el Senado presentaron un recurso extraordinario ante la Corte por el caso Doñate. También dijo que se pidió la excusación de sus integrantes para resolverlo pero que los recursos no avanzan. Por ejemplo, a Rosatti se lo recusó por su interés en este tema: “Por un lado, Rosatti tiene un interés propio porque se auto-eligió presidente del Consejo de la Magistratura. En segundo término son los chats entre Robles, que trabaja con Rosatti, y Marcelo D’Alessandro, entonces ministro de la Ciudad de Buenos Aires. En esos chats aparecieron cosas que nos preocuparon como la instrucción de Robles a D’Alessandro para que la bancada opositora tuviera una estrategia específica para el tratamiento del Consejo de la Magistratura”, explicó Peñafort. Concretamente, Robles instruyó a D’Alessandro en materia judicial y parlamentaria. Esa instrucción se ejecutó al pie de la letra.
Luego prestó declaración Jorge Rizzo, abogado y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, quien contó que durante el macrismo el operador judicial del PRO, Daniel Angelici, lo llamó por teléfono y le dijo que la reforma del Consejo que entonces se intentaba aprobar no iba a salir “porque no les servía ese dibujo”. Rizzo había trabajado para esa modificación con funcionarios del gobierno de Cambiemos y contó que había hablado con integrantes de la Corte y le habían dicho que no querían presidir el Consejo. Esa iniciativa de JxC era similar a la que presentó tiempo después el gobierno de Alberto Fernández y que tampoco prosperó en el Parlamento.
El expresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (que no es el de la calle Montevideo) también hizo consideraciones respecto al funcionamiento actual de la Corte. Afirmó que la Corte con 4 votos “no puede seguir. No es justo el fallo que emiten”, consideró. Y dijo que no hay seguridad jurídica por los cambios de criterios del Tribunal Supremo. Respecto al Consejo actual dijo que “da la sensación que algunos están esperando que cambie el gobierno para nombrar jueces”.
En lo que va del proceso en el Congreso, la comisión de Juicio Político ya abordó distintas causales de mal desempeño de los cortesanos: el fallo del 2x1 a favor de genocidas que se estima que la Corte resolvió en connivencia con el gobierno de Mauricio Macri; las irregularidades en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que comprometen sobre todo al supremo Juan Carlos Maqueda; la causa Coparticipación, donde se hace hincapié en la responsabilidad sobre todo de Horacio Rosatti; y este jueves se trató el caso de la toma por asalto del Consejo de la Magistratura.
La presidenta de la comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, propuso que la próxima reunión se trate la causal de “abuso de poder”, que sería la última de las causales de acusación contra los supremos. Se trata de un proyecto de la Coalición Cívica contra el juez Lorenzetti por diferentes motivos. Muy probablemente, el FdT sume a Rosenkrantz en la acusación. En esa línea, se tratarían las causas en las que participó Rosenkrantz y que involucran a exclientes de su estudio jurídico. Uno de los testigos que se propusieron desde la comisión fue el periodista de El Destape Ari Lijalad, quien reveló más de 50 casos de exclientes en los que intervino el exabogado de Clarín nombrado en la Corte por Macri.