El presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores firmaron la denuncia que ingresará a la Cámara de Diputados para remover a todos los integrantes de la Corte Suprema. En un escrito, publicado tras una nueva reunión en la Casa Rosada, se argumentó que el juicio político contra los cuatro supremos es "por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones". Fernández incluirá la denuncia en el temario de sesiones extraordinarias.
La firmaron 12 gobernadores: Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Además, el Jefe de Estado le pidió al bloque de diputados del Frente de Todos que "apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional en el Congreso de la Nación".
El mandatario lo incluirá para tratar el tema en sesiones extraordinarias, según confirmaron fuentes de la Casa Rosada a El Destape. El primer escalón será presentar el escrito de la denuncia en la mesa de entradas de Diputados. Ingresará en Secretaria Parlamentaria. Allí le corresponde a la Cámara declarar admisible la denuncia y comenzar la investigación, que quedará a cargo de la Comisión de Juicio Político (31 integrantes) que preside Carolina Gaillard (Frente de Todos) y que integran, entre otros, Leopoldo Moreau, Hugo Yasky y Rodolfo Tailhade (todos del FdT) y por la oposición Mario Negri, Sabrina Ajmechet y Graciela Ocaña.
Luego, vendrá el tiempo de la investigación en comisión. En el medio, se llamará a los acusados a la Comisión de Juicio Político y deberán asistir obligatoriamente. "Tendrán que ir los jueces de la Corte y, si hay, también los demás involucrados Si no van al Congreso, deben ser llevados por la fuerzas públicas de seguridad", adelantó a El Destape el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, en caso de que algún cortesano se profugue.
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La diputada Gaillard afirmó a El Destape que "la investigación dura 60 días y se pueden llamar, además de los acusados, a testigos para que comparezcan". En esa instancia se emitirá un dictamen de mayoría o de minoría para luego pasar a la votación al recinto. Para ambos se necesita mayoría simple (la mitad de los integrantes de la comisión más uno: 16)
¿Cuántos votos se necesitan para la acusación y elevación al Senado? Dos tercios de los votos de los diputados presentes. Si se aprueba en la cámara que preside Cecilia Moreau, el caso pasará a la cámara Alta, que preside Cristina Kirchner. En el Senado se debatirá sobre los hechos probados. Y luego se votará en el pleno. Allí se aprobará una sentencia o se rechazará la acusación. "Es hacer lugar y remover del cargo a los acusados. Pero ojo que la sentencia no es condena, es que a los integrantes de la Corte se los remueve del cargo", agregó Barcesat a este portal. En el Senado funciona igual que en Diputados para la votación: se necesitan dos tercios de los votos de los senadores presentes para remover a los cortesanos.
El pedido de juicio político lo establece la Constitución de la Nación en su artículo 53. Allí se le da la potestad a la Cámara de Diputados de acusar ante el Senado, que define la sentencia. Se puede impulsar contra el presidente, vice, jefe de gabinete, ministros y miembros de la Corte Suprema.
Como dato a saber: la última vez que el Congreso destituyó a funcionarios mediante juicio político fue en 2003 bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Fue contra los cinco jueces de la Corte Suprema. Eduardo Moliné O'Connor y Antonio Boggiano fueron destituidos por el Senado. Y los otros tres, Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez, renunciaron.
La palabra de los gobernadores
El mandatario Jorge Capitanich anunció "la firma de un pedido de juicio político" por mal desempeño de sus funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia. "Junto a gobernadores y gobernadoras hemos tenido una reunión con el señor presidente con el objetivo de propiciar la firma de un pedido de juicio político en el marco del artículo 53 de la Constitución Nacional, en virtud del mal desempeño de funciones de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia", indicó el chaqueño durante una conferencia en la Casa Rosada junto a otros representantes de las provincias.
A la salida en el Patio de las Palmeras de la Rosada hablaron Capitanich, Kicillof y Zamora. "La Corte avanzó sobre los otros poderes y las provincias nos sentimos perjudicadas", afirmó el chaqueño. Zamora dio su punto de vista sobre los presuntos chats de la mano derecha de Rosatti, a quien denunció ayer. Se trata de Silvio Robles. Asimismo, sobre la Corte y la coparticipación, expresó: "No se puede dejar pasar esto. No solo están contra los fundamentos del federalismo, sino que es un fallo que está en connivencia con el demandante". Kicillof por su parte manifestó: "Se trata de algo que no tiene antecedentes en la historia".
La denuncia
El escrito que ingresará a Diputados contiene 36 páginas. "La Corte Suprema de Justicia de la Nación, integrada por los doctores Horacio Rosatti, quien ejerce la presidencia del cuerpo, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional, lo que implica que han quebrantado con las obligaciones constitucionales que tienen a su cargo, incurriendo en la causal de mal desempeño prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional", afirma la denuncia que firman Alberto Fernández y los 12 gobernadores.
"También se desarrollará en el presente pedido el grave ataque que los mencionados magistrados han asestado al sistema federal de nuestro país, al dictar una arbitraria sentencia que pone en jaque la repartición federal de los recursos que integran el erario público nacional, afectando de manera directa a las provincias y generando un irreparable desequilibrio entre éstas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", explicaron.
Además, se hacen eco de los presuntos chats donde se muestra la relación entre la Corte y el Gobierno de CABA. "En los últimos días distintos medios de prensa han publicado comunicaciones vía chat del Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro. Específicamente, entre esos chats se encuentran los que mantuvo con Silvio Robles, Director General de la vocalía del ministro Rosatti, quien oficia en la práctica como su vocero, su mano derecha y persona de su máxima confianza desde hace años", revelaron.
Y aclaran: "Más allá de que se desconoce el origen de esas comunicaciones, si las mismas se hicieron públicas por la difusión de alguno de los participantes, de un colaborador infiel, o bien producto de un descuido de alguno de los participantes o de un delito, todo lo cual será materia de una eventual investigación judicial, donde se establecerán y castigarán las responsabilidades correspondientes, se trata aquí de merituar esa información para dar inmediato inicio a un proceso de juzgamiento político por mal desempeño. Y los graves hechos que se están conociendo públicamente no pueden ser obviados".
Por último, concluyeron en la denuncia que "la convivencia y la negociación entre ambos funcionarios ha quedado al desnudo en los chats publicados, los que demuestran que Horacio Rosatti, a través de Silvio Robles, ha desarrollado operaciones políticas específicas ejecutadas a través de arbitrarios fallos judiciales". Asimismo, resaltaron que "en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la Corte hacia el Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente". Y cerraron: "Los chats publicados ilustran que Robles, en representación de Rosatti, indicó a D’Alessandro cómo debía proceder la alianza opositora en el Congreso de la Nación, a los efectos de poder obtener de esa ilegal manera una mayoría propia en el Consejo de la Magistratura".
El PRO criticó la decisión
Desde el bloque de diputados del PRO, que conduce Cristian Ritondo, acusaron al kirchnerismo de querer "presionar y controlar a la justicia". A través de un comunicado, aseguraron que "buscan una justicia adicta que les brinde impunidad y les permita cometer atropellos institucionales sin límites, poniendo en riesgo el imperio de la ley y la convivencia democrática en el país". Asimismo, insistieron en que rechazarán el juicio político cuando llegue al Congreso.
En otro tramo del documento, acusaron al presidente Alberto Fernández de actuar "como representante de una facción y no de una nación". Sobre la denuncia firmada por Fernández y 12 gobernadores, señalaron: "Demuestra que están completamente alejados de la realidad y de las necesidades de todos los argentinos".
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