El Gobierno de Javier Milei planea "recomponer" las jubilaciones a través de decretos a la espera de "un nuevo mecanismo", según anunció el propio portavoz presidencial durante la última conferencia de prensa informativa realizada este martes, a pesar de no haber derogado oficialmente la Ley de Movilidad Jubilatoria. "Les aviso que viene más, pronto se van a enterar", había adelantado el jefe de Estado tras las movilizaciones y cacerolazos por el DNU.
"El haber echado por tierra la Ley de Movilidad Jubilatoria no es en contra de los jubilados, sino a favor de evitar que el nivel de inflación y en virtud de la conformación de la fórmula jubilatoria les termine de despedazar el ingreso. Eso no lo podíamos permitir", explicó Manuel Adorni ante la consulta de cuáles serán las medidas que atravesarán a jubilados y pensionados. Y confirmó: "Lo que se va a hacer es recomponer esos salarios a través de decretos".
En esa línea, el vocero sostuvo que si se aplicara la ley vigente -ya que no fue derogada ni suspendida por ningún acto administrativo- representaría "una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40% en un trimestre" para jubiladas y jublados . "Venían perdiendo con la inflación de manera consistente, la idea es terminar con eso a la espera de un nuevo mecanismo que no dependa de la firma de ningún funcionario", marcó.
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Si bien Adorni se refirió a un "nuevo mecanismo" para la recomposición del salario de cara al futuro, no dio ningún detalle o precisión sobre cómo se llevará adelante el cálculo para realizar aumentos. Días atrás pidió que "no se siga dañando al bolsillo de los jubilados" y que por eso deben encarar "una escala distinta" a la de la ley. De todas maneras, al tratarse de una ley tributaria, deberá sí o sí pasar por el Congreso de la Nación y ser discutida por diputados y senadores.
La nueva reforma jubilatoria apuntaría a alterar la fórmula trimestral y que en caso de que haya un aumento a los salarios, se dé a través de bonos.
¿Cómo se calculan los aumentos por movilidad según la ley actual?
La Ley de Movilidad -que hasta el momento no fue derogada oficialmente- indica que los aumentos se dan a partir de la sumatoria del 50% del aumento trimestral en la recaudación de ANSES y el 50% por la variación salarial durante el mismo período. En el segundo caso, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el Índice General de Salarios del INDEC.
La normativa, que se promulgó en 2008, fue modificada durante el último año de gobierno de Mauricio Macri (2019) en la reforma previsional aprobada por el Congreso. Luego se actualizó, en 2021, bajo el mandato de Alberto Fernández, cuando se fijaron dichas subas trimestrales.
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