La Sala 2 de la Cámara de Apelaciones decidió por mayoría ordenar la liberación de dos de los cuatro detenidos por la represión en el Congreso durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado. El tribunal exhortó a la jueza María Servini a liberar a Cristián Valiente y Daniel Sica, al tiempo que levantó directamente el procesamiento que pesaba sobre Facundo Gómez, recientemente excarcelado por un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal. No obstante, los jueces mantuvieron la prisión preventiva a Patricia Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, también encarcelados desde el 12 de junio.
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Los jueces Eduardo Farah, Roberto Boico y Martín Irurzun mantuvieron el procesamiento con prisión preventiva Arredondo y De la Cruz Gómez por "incendio y daño agravado". Aunque sin prisión preventiva, Valiente y Sica siguen procesados por "intimidación contra un funcionario público y atentado contra la autoridad", no así Gómez, al que se le dictó la falta de mérito. "Las diferentes versiones colectadas llevan a advertir una situación de incertidumbre sobre lo acontecido en momentos previos a la detención del imputado", indica la resolución respecto a este último.
La semana pasada, la sala II de la Cámara Federal porteña había decidido excarcelar a Goméz, joven de 31 años, padre de un hijo de 14 años, que se dedica a vender café en Plaza Serrano. Tal como contó este diario, la acusación en su contra se desvaneció cuando el 1 de julio pasado declararon dos testigos que presenciaron el momento en que fue apresado y se derribó el relato policial.
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Quienes deberán ser liberados en las últimas horas, Valiente y Sica, están sospechados - de acuerdo a la imputación fiscal- de haber atacado a los efectivos de seguridad y de haber derribado el vallado que se había dispuesto delante del Congreso para responder con violencia a las multitudinarias protestas contra la ley de achique del estado de Javier Milei. En el caso de Sica, por otro lado, se suman también agravantes por este mismo delito ante la supuesta agresión a una efectiva.
En su declaración, sin embargo, Sica negó haber estado allí por el debate que estaban dando los legisladores en el recinto. "Estaba yendo a buscar comida. Iba por Mitre a la Iglesia, quise pasar por el costado, estaba la valla de la policía, dije que me dejaran pasar, no me dejaron pasar, quise pasar igual y una persona de policía me agredió (…) no soy participante de la marcha… yo era un transeúnte”, remarcó en su testimonio incorporado a la causa.
El CELS se presentó recientemente ante la cámara porteña como amicus curiae para pedir que se revoquen los procesamientos y la prisión preventiva y queden todos en libertad y cuestionó "el uso desproporcionado de la fuerza" durante el gobierno de Javier Milei.
"Desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre pasado, informamos a la CIDH sobre la implementación de diferentes políticas del gobierno nacional para desalentar, obstaculizar y hostigar a quienes se quieran manifestar en el espacio público. En distintas presentaciones, señalamos el crecimiento de la violencia represiva y la criminalización de manifestantes, las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de las denominadas “armas menos letales” como balas de goma, gases irritantes y palos, incluso contra trabajadores de prensa", comenzó el comunicado del CELS.
Y siguió: "También advertimos cómo, mediante algunos discursos, el gobierno pretende deslegitimar a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, acusándolos de desestabilizadores. Estos mensajes son luego reproducidos por integrantes del poder judicial, que imputan por terrorismo e intento de golpe de Estado a las personas detenidas al voleo en las manifestaciones y sin aportar ningún tipo de prueba concreta que respalde tal acusación".
Quiénes son Cristián Valiente y Daniel Sica
Sobre Valiente pesa la acusación de haber tenido consigo una supuesta granada, que era el realidad un aerosol “de mano de tipo disuasivo químico” que estaba sin usar. Es decir, un gas lacrimógeno, el mismo que utilizó la policía durante la represión. “Tenía el aerosol para mostrarlo porque estaba vencido”, aseguró ante este medio, con el que también habló desde el teléfono del pabellón de Ezeiza. “Dicen que tenía una granada. Recibí golpes y humillaciones cuando me detuvieron. Me decían ‘zurdo de mierda’, ‘negrito de mierda’”, recordó quien también fue procesado por intimadación pública y atentado ante la autoridad.
Sica, por su parte, vive en situación de calle y no fue a manifestarse contra la Ley Bases. Se lo acusa de haber intentado pasar por un lugar donde la policía no le permitió el paso. Esto provocó un forcejeo por el que terminó detenido. Lo acusan de atentado contra la autoridad, agravado por haberle “puesto manos a la autoridad” e intimidación pública.