Julián Suárez presentó su renuncia indeclinable como Director de Control y Fiscalización Pesquera tras haber sido amenazado por un superior en el intento de perseguir un barco que pescaba de forma irregular en aguas argentinas. Además, se negó a elaborar una lista de por lo menos 50 despidos estatales a aplicar la semana que viene.
El camino de salida del gobierno de Javier Milei se inicia cuando Suárez ordenó el regreso al puerto del buque Tai An por estar pescando merluza negra, una especie protegida que es también en un producto suntuario, de lujo, valuado en varios miles de dólares. Si bien el dueño de la embarcación es de origen chino la misma es operada por una empresa argentina.
A bordo del barco que pesca y procesa lo obtenido estaban dos asistentes de Investigación Pesquera y una inspectora de la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera a cargo de Suárez. Ellos fueron los funcionarios que alertaron la irregularidad de la pesca, cuyo daño ambiental es incalculable. Llegaron a pesar 142 toneladas del preciado alimento.
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Las opacidades en el comportamiento de la embarcación sobre la zona económica exclusiva de la Argentina fueron advertidas primero por una denuncia de las empresas Argenova, Estremar y Pesantar. Y allí se intentó accionar el control. Pero “en el momento en que iba a instruir a Prefectura Naval a que el buque regrese inmediatamente al puerto” recibió un llamado amenazante de parte de Pablo Ferrara, un exfuncionario de Cancillería cercano a Diana Mondino que recayó como integrante del Consejo Federal Pesquero.
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“Se presentó como funcionario de Cancillería y del CFP. Jamás había hablado con él ni lo había visto personalmente”, explicó Suárez en diálogo con El Destape. “Cuestionó el procedimiento e indicó que el buque no debía volver”, reveló.
Describió que nunca antes en su carrera había recibido una instrucción así. “Jamás había pasado esto y menos lo esperaría de alguien ajeno a la Subsecretaría de Pesca”, contó. Suárez se desempeñaba en el área de pesca desde la gestión anterior y su continuidad ya había sido oficializada. Su desempeño en el sector desde la gestión pública acumula más de 15 años.
Sugestivo, además, fue el encuentro que en este contexto se dio entre el dueño de la embarcación de la polémica, Liu Zhijiang, y el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla, la semana pasada. Cazorla es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo en el área. Las empresas que impulsaron la investigación solicitan explicaciones y evalúan escalar la denuncia hacia las autoridades intervinientes.
Otro de los motivos que gravitó en la renuncia de Suárez fue el ajuste a trabajadores. El viernes había recibido la orden de confeccionar una lista con por lo menos 50 empleados a despedir desde la semana que viene. Representa el 13% de los 380 estatales que tenía bajo su órbita. Ese pedido se replica en distintas direcciones de Estado por estas horas.
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