El exjefe de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, repudió la visita que hizo un grupo de legisladores libertarios a la cárcel de Ezeiza para solidarizarse con genocidas condenados por delitos de lesa humanidad. El diputado recordó cómo afectó la dictadura a su familia y sumó tensión al clima interno que atraviesa al partido del presidente Javier Milei.
"Vengo de una familia donde mi padre fue sindicalista de Gas del Estado y fue perseguido, chupado por 72 horas. Mi padre no tenía nada que ver con movimientos guerrilleros, se ve que se confundieron, pasó un momento malo y tuvo que irse de mi casa", dijo Zago en declaraciones a C5N. El ahora presidente del bloque de diputados del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) -que pasó a liderar este bloque luego de sus diferencias con el presidente de la Cámara, Martín Menem- puso en relieve cómo lo afectó la dictadura y que por ese motivo "de ninguna manera hubiese compartido con estos genocidas una reunión". "Tiene que haber una investigación a través de la comisión", apuntó.
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La semana pasada, Zago ya había calificado de "aberrante" la reunión que mantuvieron el 11 de julio los diputados libertarios Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo con los genocidas condenados Antonio Pernías, Gerardo Arraez, Honorio "el Pájaro" Martínez Ruiz, Agustín Oyarzabal Navarro, Adolfo Donda y Alfredo Astiz, entre otros.
"No comparto, tengo la misma posición que el Presidente de la Nación, que dijo que no hubiese ido jamás a visitar a los genocidas", agregó ahora el exjefe del bloque libertario. En ese sentido, no sólo destacó su relación con Milei, a quien consideró su amigo personal, sino que lo distanció de esas posibles visitas: "Desde que lo conozco hemos tenido muchas conversaciones, pero jamás el Presidente me habló de estos temas". En esa línea, también despegó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por ser el supuesto nexo entre los diputados y los represores condenados: "Tendrá su postura, yo no la escuché hablar, pero sí sé que no está involucrada en esto ni mandó a ningún diputado, que actuaron por propia iniciativa".
Por la visita a los genocidas ya había provocado cruces y rechazos de otros diputados como Lilia Lemoine, que apuntó con dureza a Villarruel por haber sido su "leit motiv" de campaña su relación con represores condenados. "Yo ni en pedo iría a visitar a (Alfredo) Astiz", sostuvo sobre el genocida preso en Ezeiza. En tanto, la diputada Rocío Bonacci -una de las que formó parte de la comitiva que fue al penal- argumentó que fue engañada por uno de los legisladores que organizó el encuentro, Beltrán Benedit, quien le insistió "dos o tres veces" para ir a Ezeiza. “A mí me llama mi compañero de bloque (Benedit), me invita a hacer una visita al penal de Ezeiza no aclarando el objetivo y no diciendo que nos esperaba Astíz y un grupo de represores”, agregó.
Avanza la investigación judicial por la visita a genocidas
La investigación judicial por la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza avanza en los tribunales federales de Lomas de Zamora. El viernes, el juez Ernesto Kreplak ordenó un procedimiento en el complejo penitenciario en el que se secuestraron los libros de visita y las filmaciones de las cámaras de seguridad del 11 de julio pasado. La decisión del magistrado fue a pedido del fiscal Sergio Mola, quien tiene delegada la pesquisa. El núcleo de la investigación es si se cumplieron las normas penitenciarias cuando los diputados ingresaron a ver represores.
El 9 de agosto, a pedido de la fiscalía, el juez Kreplak ordenó a la Policía Federal que a partir de las 17 “proceda a hacerse presente en el Complejo Penitenciario Federal VII ‘Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás’ de la ciudad de Ezeiza (ex Unidad 31) del S.P.F a efectos de que las autoridades de ese establecimiento carcelario hagan entrega de los libros de novedades tanto del área de ingreso como de la sección visitas, correspondientes al 11 de julio de 2024, como así también, de los soportes de almacenamiento que contengan las filmaciones captadas por las cámaras de seguridad apostadas en los sectores por donde haya transitado la comitiva de diputados nacionales (...)".
El juez agregó que se deberá proceder “subsidiariamente al allanamiento para llevar adelante dicha medida” y facultó el “uso de la fuerza pública en caso de que sea estrictamente necesario”.