La guerra interna en la Corte Suprema, cuyo último capítulo entre Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti versa en torno a quien va a manejar los casos penales sensibles tanto por el impacto político como donde sientan jurisprudencia, dejó al descubierto un listado de casi 300 expedientes trascendentes que el máximo tribunal del país demora en resolver.
El estallido de esta nueva disputa de poder llegó cuando la tríada conformada por Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz armó una Secretaría Penal Especial donde derivó algunos de los casos que estaban en la histórica Secretaría Judicial Nº 3, que se encarga de los casos penales. Con esta separación, Rosatti pasó a la nueva dependencia "especial" los casos de "juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus" junto con los que estaban en la Secretaría de Relaciones del Consumo (caso Correo, por ejemplo). Al frente de esa secretaría nueva Rosatti ubicó a quien estaba en la Secretaría Judicial Nº 3, Fernando Arnedo, un hombre asociado a Lorenzetti. Con ese movimiento creó un vacío en la secretaría “histórica”, que llenó este martes. Allí la tríada nombró a Diego Seitún, un abogado proveniente de los estudios de la city porteña ligados al establishment como Durrieu y Beccar Varela. Esa secretaría se quedará con la mayoría de los casos penales que hay en la Corte, muchos de los cuales son de mucho peso político.
En el fondo la fractura expone una pugna por el control de los casos penales, que con esta movida Rosatti busca acaparar en medio de la postulación que hizo Milei de sus candidatos para integrar la Corte: Ariel Lijo y Manuel García Mansilla (que de lograr ingresar lo haría en lugar de Maqueda, a quien el gobierno libertario jubiló). Pero del polvo de esta trifulca sale a flote cuales son los casos que la Corte demora hace años su resolución. Se trata de una lista de casi 300 casos que circula por el 4to piso del Palacio de Tribunales y que Lorenzetti le enrostró a Rosatti el viernes pasado en su voto disidente, en el que en muy duros términos se opuso a la creación de la Secretaría Penal Especial. En esa disidencia, el expresidente cortesano le adjudicó a Rosatti diversas irregularidades desde que está al frente del Tribunal Supremo.
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Rosatti creó la nueva Secretaría Penal Especial para derivar una serie de casos con el argumento de que se produjo un cuello de botella en el máximo tribunal del país y la necesita para resolverlos; Lorenzetti dejó por escrito que era una maniobra espuria, para nombrar funcionarios y crear cargos de modo nepotista, que era resultado de la ambición de Rosatti que desde que llegó a la presidencia del tribunal creó numerosos puestos mientras bloquea la resolución de casos trascendentes y encubre a su mano derecha Silvio Robles y a Juan Carlos Maqueda en las investigaciones que los involucra por manejos en expedientes sensibles y desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial.
En su diatriba contra Rosatti, el ex presidente de la Corte Lorenzetti resaltó: “Las demoras en los fallos y su acumulación, se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros, como lo puse de manifiesto en notas dirigidas al Presidente del Tribunal, en fechas 22 de noviembre de 2023, 20 de diciembre de 2023 y de 14 de marzo de 2024. En efecto, en las mismas hacía notar que había casi trescientas causas trascendentes y casi sesenta mil expedientes sin resolver en el Tribunal, lo que es inédito”. El Destape pudo acceder a esa nómina, que circuló en el 4to piso del Palacio de Tribuanales, y que incluye casos que interesan a Macri, a CFK y a Milei, planteos contra el MegaDNU 70, demandas millonarias contra el Estado por parte de las provincias, casos emblemáticos de la década del 90 como el de la venta de armas a Ecuador y Croacia. Y también contiene causas sobre la movilidad jubilatoria, las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires, los derechos laborales, casos de libertad de expresión, casos ambientales y tributarios así como otros vinculados a la explotación del litio, por nombrar algunas temáticas.
Antes de la lista, dos aclaraciones. La primera: la Corte no tiene plazos para resolver y define qué tema abordar de forma arbitraria. La segunda: ¿Cuál es el sentido de no resolver casos? Depende. La no resolución de una causa tiene dos significados: o convalida la impunidad, como en los casos de lesa humanidad o el Correo, donde la no resolución beneficia a los acusados; o mantiene el estado procesal en una constante para mantener la presión, como en los casos del lawfare.
A continuación, los casos más destacados de los 300 trascendentes que la Corte cajonea. ¿Por qué “casos trascendentes”? Porque su resolución tiene impacto político o marca una posición de la Corte que luego se puede aplicar a casos similares.
Los casos que interesan a Macri
Macri y su banda tienen especial interés en algunos de estos expedientes cajoneados en la Corte. El más importante, Correo Argentino. Desde octubre de 2021 que la Corte tiene cajoneado el caso, producto de una maniobra de los Macri que luego de 20 años en la Justicia Nacional en lo Comercial pidieron que el caso pasara a la Justicia porteña justo cuando les declararon la quiebra.
Otros casos de Macri y su banda que llevan un buen tiempo descansando en la Corte son:
- Fondos Buitre, desde mayo de 2022 la Corte tiene que resolver si acepta a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en una causa contra funcionarios de Macri por negociaciones espúreas con los acreedores.
- Autopistas, desde junio de 2022 la Corte no resuelve si confirma o revoca la falta de mérito contra Javier Iguacel, Bernardo Saravia Frías, Guillermo Dietrich y Nicolás Dujovne por las renegociaciones leoninas de los accesos Norte y Oeste.
- Persecución al grupo Indalo, desde el 2021 la Corte demora resolver recusaciones a los jueces que intervienen.
- Paseo del Bajo, desde 2022 la Corte no resuelve si revoca l os sobreseimientos in investigar que beneficiaron a Horacio Rodríguez Larreta, Dietrich y otros que direccionaron la licitación de esa obra.
- Luis Caputo, ex y actual ministro de Economía, tiene desde 2018 un caso en su contra guardado en la Corte.
- Blanqueo, desde 2018 la Corte no resuelve un planteo de Felipe Solá por la habilitación de Macri para que sean beneficiarios de la amnistía fiscal los cónyugues, padres e hijos de los funcioanrios públicos, algo prohibido en la ley pero que Macri modificó por decreto.
La Corte tampoco resolvió los planteos contra la constitucionalidad de la reforma de la ley de Riesgos de Trabajo que impuso Macri, caso que tiene desde septiembre de 2021. Calculan que hay 200 causas en espera de esa resolución.
Otro caso sin respuesta es la causa Lago Escondido, en la que se investigó a jueces federales, funcionarios porteños, un exespía y a ejecutivos de Clarín por el delito de dádivas luego de que trascendiera que todos viajaron a la mansión de Joe Lewis en Bariloche. Los jueces y funcionarios lo hicieron en un vuelo privado. Esta causa se cerró en primera instancia con el invento de que la pesquisa tuvo por impulso información proveniente del espionaje ilegal. La Corte nunca trató los recursos que le llegaron por este tema.
MegaDNU, coparticipación CABA y aporte de grandes fortunas
En la Corte hay más de un expediente que interesa a Milei. Entre otros, se destacan los planteos que hubo contra el MegaDNU 70/2023 que aún está vigente y la Corte podría hacer caer.
Ingresaron este año por ese tema planeos de la provincia de Misiiones, otro del propio gobierno para voltear la suspensión del apartado laboral (caso CGT). También llegó al Alto Tribunal el caso de la Federación Unica de Viajantes. Y hasta hay un planteo por salto de instancia del sindicato de La Fraternidad por el rechazo a su acción de amparo que busca la inconstitucionalidad del DNU en tanto que se ordena la transformación de empresas del Estado en sociedades anónimas.
También hay diversos casos por la distribución de la Coparticipación Federal. Se encuentra desde 2020 el CABA versus el Estado Nacional. Se trata de una Acción declarativa de inconstitucionalidad iniciada por el GCBA contra el Estado Nacional por la reducción en la coparticipación que realizó el gobierno de Alberto Fernández luego de que Macri dispusiera un fuerte aumento de esos fondos en favor de la Ciudad de Buenos Aires. En su momento, durante el gobierno de Fernández, la Corte otorgó una cautelar a favor de CABA. Aún no está resuelta la cuestión de fondo.
A su vez, hay planteos de otras provincias por la coparticipación y por otras sumas millonarias que podrían afectar “la caja” del gobierno de Milei.. Por ejemplo, hay planteos de provincias contra la eliminación de ganancias y la eliminación del FONID.
Otro tema socio-económico que duerme en la Corte desde 2021 es el cuestionamiento de millonarios al “aporte de grandes fortunas” que se resolvió durante el gobierno de Fernández. En 2021 distintas personas que debían pagarlo cuestionaron la constitucionalidad de la ley que dispuso el “aporte solidario”.
Las causas del Lawfare
Un buen número de casos que la Corte lleva tiempo sin resolver están vinculados al lawfare desatado durante el gobierno de Macri cuando el propio Lorenzetti estaba al frente del Palacio de Tribunales.
Estos casos son:
- Dólar Futuro. Ya fueron sobreseídos CFK, Axel Kicillof, Pedro Biscay y otros. El fiscal del caso apeló ante la Corte, que no lo resuelve hace 3 años. La Corte podría revivir esta causa y así complicar la situación judicial de la expresidenta y el actual gobernador bonaerense, por ejemplo.
- Los Sauces y Hotesur. Entre estas dos causas la Corte tiene 12 planteos, casi todos recientes pero uno, que recusaba a los jueces Adriana Palinotti y Daniel Obligado tiene 4 años. La Cámara Federal de Casación Penal reabrió esta causa luego de que el tribunal de juicio resolviera que no había delito y los acusados debían ser sobreseídos.
- Memorándum con Irán. Desde noviembre del año pasado la Corte tiene para resolver si modifica la revocatoria de los sobreseimientos de CFK, Carlos Zannini, Juan Martín Mena y Angelina Abbona. Todos ellos recurrieron la decisión de la Cámara de Casación de reabrir el caso que un tribunal de juicio había cerrado. En la Casación la decisión la tomaron dos jueces designados por Macri, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, luego de que se desplazara del tribunal a Ana Figueroa.
- Cuadernos. La Corte tiene 20 incidentes por resolver de desprendimientos de este caso, entre ellos el procesamiento de CFK.
- Ruta del Dinero K. Hay 24 planteos sobre este caso, incluidos los de CFK contra la revocación de su sobreseimiento.
- Vialidad. La Corte nunca resolvió los planteos de CFK donde recusaba a los jueces que intervenían, entre ellos Gustavo Hornos y Mariano Borinsky que se reunían en Olivos con Macri mientras se armaba esta causa, tal como reveló El Destape.
- El D’Alessiogate. También descansan en la Corte desde diciembre de 2020 diversos recursos de la causa por extorsión del espía ilegal Marcelo D’Alessio, que actuó durante el macrismo y cuya caso fue elevado parcialmente a juicio.
- Milagro Sala. Desde septiembre de 2021, la Corte tiene una causa contra la dirigente social que impulsa el exgobernador de Jujuy Gerardo Morales en la que la Casación ordenó revisar una decisión que había rechazado el planteo de prescripción que había hecho Sala. Morales recurrió esa decisión ante la Corte.
- Magnifemicidio. La Corte hace un año que no resuelve el planteo de CFK pare recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti, que no investigó el intento de magnifemicidio en su contra.
Otros casos de impacto: de la movilidad jubilatoria a la fusión de Cablevisión con Telecom
Desde octubre de 2018 la Corte no resuelve un caso importante promovido por el abogado Miguel Ángel Fernández Pastor donde pide la inconstitucionalidad de la ley 27.426 y del decreto 1058/2017, ambos de la era Macri, que cambiaron la fórmula jubilatoria en prejuicio de millones de personas. Van 6 años y medio de cajoneo.
También se encuentra en la Corte la fusión de Cablevisión con Telecom. Se trata de un caso que está en el Alto Tribunal desde 2019 donde se discute la legitimidad de AMX Argentina (Claro) para formar parte del proceso administrativo ante la Secretaria de Comercio en la operación de fusión entre Cablevsión y Telecom.
La reelección de intendentes, las torturas en Malvinas y la Tragedia de Once
El máximo tribunal también tiene en sus manos otros casos de impacto político como la intervención del PJ Bonaerense o la definición sobre las reelecciones de intendentes en la provincia de Buenos Aires, ambos casos que llevan meses cajoneados. Así como un recurso del exministro Julio De Vido en la causa “Tragedia de Once”, que ingresó en 2021, en el que el exfuncionario recurre la decisión que confirmó su condena a 5 años y 8 meses de prisión e inhabilitación perpetua.
Otro caso trascendente que está frenado en la Corte es el de las torturas a colimbas en Malvinas, donde se debate si los crímenes perpetrados por oficiales contra los conscriptos durante la guerra son imprescriptibles o no. Por otro hecho vinculado a este mismo tema, el CECIM-La Plata acudió a tribunales internacionales y logró que la CIDH aborde el asunto. El caso que tiene la Corte ingreso en 2021.
Ley del Aborto, travesticidio y otras
A la Corte también llegaron el travesticidio de Diana Sacayan, casos de juzgamiento con perspectiva de género y cuestionamientos a la Ley del Aborto.
El caso Sacayán ingresó a la Corte el 20 de noviembre de 2020. La querella y el Ministerio Público Fiscal recurrieron ante la Corte porque el fallo de la Sala I de la Cámara de Casación Nacional excluyó el agravante de “odio a la identidad de género”. Van casi 4 años y no lo resolvieron.
En febrero de 2022 llegó un caso en el que asociación civil “Portal de Belén” plantea su legitimación procesal para solicitar la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
A estas causas se suman diversas acciones de amparo por los incendios en el Delta de Paraná.
Casos de los ‘90
En la Corte también descansan causas emblemáticas de corrupción que involucran al gobierno menemista, tan ponderado por Mieli.
En el Alto Tribunal se encuentra la “Causa Sobresueldos” que está caratulada con los apellidos de Menem y Cavallo. El expediente ingresó al Tribunal Supremo en diciembre de 2018. Se trata de un recurso contra la condena del expresidente Menem a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por considerarlo autor del delito de peculado y del exministro de Economía Domingo Cavallo a la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua por considerarlo partícipe necesario del mismo delito. Se trata de un caso en que Menem, Cavallo y el ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo fueron condenados en 2015 por el pago de sobresueldos a funcionarios entre 1989 y 1999. El expresidente falleció el 14 de febrero de 2021 pero Cavallo sigue activo. Tiene a su socio y a su hija vinculadas al gobierno de Milei.
También se encuentra en la Corte el caso por la venta del predio de la Rural. En diciembre de 2019, la Cámara Federal de Casación Penal consideró inocente Menem y a Cavallo en la causa por la venta del predio de la Rural, que se concretó en 1991. Al Tribunal Supremo llegó en agosto de 2020 un recurso del Ministerio Público Fiscal contra la decisión que sobreseyó a todos los imputados. El caso aborda la compra de la Sociedad Rural Argentina del predio ferial de Palermo; la concesión de un crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires para la compra del predio; y las distintas intervenciones de funcionarios del gobierno de la Ciudad respecto de la zonificación. El flamante titular de la Secretaría Judicial Nº 3 de la Corte nombrado por la tríada Rosatti-Rosenkrantz-Maqueda fue letrado en este caso de Rodrigo Arboleda Halaby, quien fuera directivo de la Sociedad Rural Argentina por lo que debiera excusarse de intervenir.
Otros dos hechos emblemáticos de la década del ’90 son el Contrabando de armas a Croacia y Ecuador y el Caso IBM-Banco Nación. Ambos están en la Corte. El primero ingresó al Tribunal Supremo el 26 de diciembre de 2018. Allí se encuentran recurridas las absoluciones. El segundo, donde se investigan contrataciones directas en el área informática de la DGI a IBM Argentina, donde se presume que se pagaron sobreprecios, llegó al Alto Tribunal en diciembre de 2018. Se recurre la decisión de Casación que declaró la imprescriptibilidad de esos hechos de corrupción.
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