Ley Bases y después

Después de los hechos del último miércoles en el Congreso y en sus cercanías, el país se asomó al escenario más peligroso desde la recuperación de la vigencia de la constitución en 1983. El procedimiento represivo contra los manifestantes se pareció más al “protocolo” de la última dictadura que a la vigencia de los derechos y garantías que formalmente rigen nuestra convivencia. Mientras esta nota se escribe hay centenares de personas presas, contra muchas de las cuales se han iniciado acciones judiciales sin otras evidencias que el testimonio de las propias fuerzas represivas.

El presidente sacó del arcón de los peores recuerdos la palabra terrorismo, que volvió a aparecer en el vocabulario del más alto nivel de gobierno para referirse no al ejercicio irresponsable de la violencia ejercido por la señora Bullrich, en la oportunidad, sino para justificar el ejercicio ilegal y autoritario de la represión contra pacíficos manifestantes. Al servicio de este procedimiento se utilizó como excusa el infame ataque de un grupo de provocadores organizados (¿por quién?) contra una emisora de Córdoba: una vez más se utilizó el método de la provocación por parte de pequeños grupos organizados “inadvertidos” para las huestes de la ministra, como herramienta para validar la represión violenta contra manifestantes pacíficos. ¿Quiénes fueron los provocadores violentos? Con toda seguridad nunca lo sabremos: los que fueron perseguidos y detenidos no tuvieron ninguna relación con el repudiable hecho.

Los modos provocadores y violentos utilizados por el presidente para falsear la naturaleza de los hechos son un aviso del que hay que tomar nota; el gesto no parece ocasional, es ni más ni menos que la amenaza de un operativo persecutorio contra todo aquel que quiera pronunciarse públicamente en contra de las políticas del gobierno. Sus destinatarios no son tales o cuales grupos violentos, son las fuerzas que se oponen activamente al plan político y económico de Milei. No podremos decir que no nos avisaron. Es una constante histórica: los planes de brutal redistribución de recursos a favor de los poderosos son acompañados, tarde o temprano, por el atropello a las libertades democráticas. En el caso presente esa combinación se presenta en forma clara y directa. En forma simultánea. 

Al gobierno de la ultraderecha le faltaba encontrar un disparador para empezar a instalar el “nuevo régimen”. La “provocación” será la ocasión para poner manos a la obra. Los diputados tendrán que resolver la cuestión del “nuevo plan económico” en este nuevo clima, con estos nuevos condicionantes; no es muy difícil vaticinar los resultados. El plan que viene está prologado por un nuevo orden de prioridades y la principal de éstas será el intento de fortalecer la herramienta represiva como “herramienta” principal: Bullrich se fortalece en el juego que mejor juega y que más le gusta. La dura crisis económico-social es el horizonte más cercano en nuestro país y la nueva escena represiva será su herramienta principal.

¿En qué dirección derivará la política en nuestro país? Con toda probabilidad se producirán realineamientos políticos profundos. Será difícil sostener un discurso “pacífico”, “republicano” y “neutral” en tiempos cada vez más signados por las carencias y sufrimiento de las mayorías. Esto no puede sino provocar sacudones en las fuerzas políticas: el supuesto “centro”, los radicales como su expresión política principal, tiene frente a sí un tiempo de definiciones tan terminantes como de complejo tratamiento. No será solamente un problema de posición frente al gobierno sino de un pronunciamiento sobre el régimen político. Cada cual tendrá que asumir una posición clara sobre un régimen que se insinúa como de restricciones sociales y -como lo insinúan las provocaciones presidenciales- de restricciones a la libertad política. 

En ese contexto se desarrollará también la discusión interna del peronismo. Para muchos observadores -incluidos algunos que simpatizan con este movimiento- el peronismo ha sido parte del problema, parte de la creación de este enrarecido clima político. Se trata de la demonización de la etapa presidencial de Alberto Fernández como la condición principal de la grave crisis actual. Y también se trata de la crisis actual en el interior de ese movimiento como el producto de los errores a la hora de tomar decisiones como el armado de las listas de candidatos. No puede reclamarse “ecuanimidad” en los juicios cuando de lo que se trata es de la hegemonía en el partido-movimiento que sigue siendo -aún en tiempos de crisis- una herramienta muy gravitante en términos electorales. Es natural, entonces, que hoy el tema sea el de la “traición” en su interior: un tema, hay que decirlo, que nació de modo simultáneo con el movimiento. Es entonces natural que se ponga el acento en su comportamiento ante la propuesta claramente privatista y extranjerizante que expresa la “ley bases”. No podía faltar ese ingrediente a la hora de comprender el resultado adverso de la votación en el senado. Es, claro, menos explicable, cierto tono catastrofista frente a una votación que tuvo que ser desempatada por la presidenta del Senado.

El modo en que se trata con frecuencia la “indisciplina partidaria” de algunos congresales debería cotejar los hechos y los números con otras experiencias en nuestra región, por caso la de Brasil, donde existe un proto partido al que se llama “centrao” que consiste en un conjunto de congresales cuyo voto es fruto de algo muy parecido a una subasta en la que disputan los partidos electoralmente más fuertes.  El escándalo por la conducta de un muy pequeño núcleo de senadores peronistas que contribuyeron a la aprobación de la ley el último miércoles a cambio de ciertas ventajas personales o políticas no se justifica en términos comparativos. Pero influye en el clima político después de una derrota importante como la que ha tenido lugar. De ahí a atribuir la derrota a la pelea a favor de la unidad en el interior peronista hay un abismo. Algo así como una apuesta (ciertamente utópica) a un partido de fieles cerrado a cal y canto contra cualquier “traición”, que es imposible en cualquier partido (e impensable en el peronismo). Y el asunto no es menor porque se entra en un período de definiciones en el interior de los partidos y las invectivas contra una política de identidad pueden juzgarse en cualquier término, menos como recetas aconsejables. 

Parece que el tiempo que viene es de enormes riesgos y amenazas. En muy poco tiempo pudimos tomar nota del modo en que interpreta los hechos el gobierno. Milei y su gente consideran que es un tiempo de ofensiva despojada de obstáculos que esta oposición no estaría en condiciones de tener en un tiempo de sinsabores propenso a inclinaciones a la división. Ahora bien, la oposición (que en el Senado fue el peronismo y sus aliados más sólidos o circunstanciales) cuenta con un bloque del peronismo y de sus aliados frentistas que, con todas sus dificultades internas y externas votó con un muy alto nivel de cohesión interna. El dato se valoriza claramente si se lo compara con la situación que sobrevino después del triunfo de Macri en 2016. Lo más importante del período en el que entramos será el debate político sobre las consecuencias económicas y sociales de los cambios conseguidos por el gobierno de ultraderecha. Conseguir el apoyo -o la resignación- de millones de argentinos y argentinas a un rumbo de extranjerización de la economía, reducción salvaje del estado y consecuente debilitamiento de su rol no será una cuestión de sencilla resolución. Las leyes son siempre una cuestión políticamente importante en la democracia. Pero la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y políticos nunca se retira de la escena; así lo mostró siempre nuestro pueblo aún ante más de un dictador de turno.