La CGT priorizó mantener la unidad y aprobó un plan de lucha con un paro el 9 de mayo

El canal de diálogo que abrió de urgencia la Casa Rosada no alcanzó para frenar el envión de la CGT que ayer en su reunión de consejo directivo terminó de definir un plan de lucha de tres pasos que culminará con un paro nacional el 9 de mayo, el segundo de la era Milei. El Gobierno tiene casi un mes para definir cuestiones que podrían poner en veremos la medida: homologar las paritarias pendientes, mantener abierto las vías de comunicación de manera que permitan discutir las cuestiones laborales y que el proyecto de reforma que se trate en el Congreso no toque ninguno de los derechos laborales más relevantes, como la permanencia de la ultraactividad. Si esas condiciones no se dan -que hoy se ve como el escenario más probable-, entonces el plan que contempla una movilización junto a los universitarios el 23 de abril, una gran concentración por el Día del Trabajador y la culminación con un paro de 24 horas el jueves 9 de mayo, seguirá firme,

"No se puede ajustar sobre los sectores más vulnerables", resumió el cosecretario general Héctor Daer la decisión. En un marco de despidos en el Estado y en el sector privado, de licuación de salarios y jubilaciones, de no homologación de paritarias que apuntan a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, de una recesión inducida que está provocando una caída del consumo y de la actividad casi sin antecedentes en la historia moderna, el consejo directivo resolvió la hoja de ruta de protestas. 

Los sectores más combativos de la central -cuyos referentes más visibles son Pablo Moyano, Abel Furlán, Sergio Palazzo y Paco Manrique- venían pidiendo públicamente una huelga que continuara la realizada el 24 de enero. Aquella fue reacción a la reforma laboral que Javier Milei buscó imponer por decreto días después de asumir, esta otra por el plan económico que hacer caer el peso de un ajuste brutal sobre asalariados y el sector pasivo, que encima vienen de caída tras caída. La cuenta oficial de la CGT publicó un cuadro que mostraba que los salarios formales se encuentran en un mínimo histórico, en un nivel similar a 2002.

Pese a lo publicado por algunos medios, la reunión convocada por el Gobierno el miércoles no modificó el panorama general para la central. Sólo sirvió para abrir un canal de diálogo y establecer una serie de promesas que ahora al Gobierno le tocará cumplir. En los escasos cuatro meses que lleva de gestión, Milei y sus funcionarios ya dieron acabadas muestras de no tener muy en cuenta los derechos de los trabajadores. De hecho, una de las cuestiones que se habló en ese encuentro en el Ministerio del Interior del que participaron los cosecretarios generales Daer y Carlos Acuña junto a Hugo Moyano, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, entre otros, fue de que el Ejecutivo aceleraría la homologación de las paritarias y que no se les pondría techo, como había advertido el ministro de Economía, Luis Caputo.

Sin embargo, transcurridas 24 horas, las respuesta fue bien diferente. En la secretaría de Trabajo que encabeza el ex Techint Julio Cordero propusieron a Camioneros homologar el acuerdo firmado del 45% de aumento para marzo y abril si aceptaban un incremento del 2% para mayo y otro 2% para junio, según relató Pablo Moyano. "Se imaginan cuál fue la respuesta del gremio", ironizó. El Gobierno insiste en una política económica de desregulación y liberación de precios generales a excepción de los salarios y jubilaciones que quiere pisados. Camioneros también adelantó que harán un paro sectorial si el Gobierno persiste en su negativa a la homologación.

Además de la puja salarial, el otro tema que asoma conflictivo tiene que ver con las conversaciones por la reforma laboral, que la cúpula cegetista prefiere denominar "modernización". En el encuentro con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, los jefes sindicales se mostraron dispuestos a discutir una modificación de las leyes en base a algunos ejes: incorporación optativa del "modelo Uocra" de fondo de cese por despidos, extensión del período de prueba de los trabajadores iniciales y reducción de las multas que pagan las empresas en los juicios de trabajadores en negro. Los funcionarios les avisaron que los bloques de diputados de la oposición dialoguista incorporarían los artículos de una reforma laboral a la ley Bases en los próximos días, durante el debate en comisión.

Pero la propuesta de reforma que presentó la UCR incorporó puntos que están en el DNU y que la CGT rechazó expresamente como la eliminación de las contribuciones obligatorias a los sindicatos y la derogación de leyes que podan derechos a los trabajadores, supuestamente para "reducir la industria del juicio", según argumentaron los radicales. Los jefes sindicales seguro irán a la comisión a expresar su oposición a estos puntos y habrá que esperar a ver cómo reacciona el Gobierno. En principio, los voceros de la Rosada aseguraban que la convocatoria a un paro general no modifica la nueva predisposición al diálogo con la central obrera.