Cajas jubilatorias: el Gobierno tuvo que salir a aclarar el decreto pero los gobernadores irán a la Justicia

En rol de bombero, el ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a aclarar los alcances del decreto 280 publicado el jueves en el Boletín Oficial que cortó las transferencias que la Anses realizaba a las cajas de jubilaciones de 13 provincias, en la misma línea de ajuste brutal de los envíos al interior del país por la que ya se eliminaron el Fondo de Incentivo Docente (Fonid) y el Fondo Compensador del Transporte. Luego fue la Oficina del Presidente culpó a los medios y calificó la información como "falsa", pero en las administraciones provinciales persistían las dudas y no descartaban acudir a la Justicia. Este nuevo foco de conflicto se da justo antes de la reunión convocada para el próximo jueves, cuando se supone que los gobernadores dialoguistas terminarían de definir el apoyo a la ley Bases y el pacto fiscal.

"Las partidas que eran de 2023 y se actualizaron ahora, están, van a ir por otras partidas, no se ha tocado", aseguró Francos, que salió muy temprano a hablar. Con todo, dijo que había que discutir los montos porque había provincias a las que efectivamente se les debe mientras que otras, en cambio, le debían a Nación. Recién por la tarde, como las dudas y el malhumor crecía, se distribuyó el comunicado de la OP que también subrayó que se mantendrían los pagos correspondientes "una vez culminando el proceso de auditoría que se está llevando a cabo". "Es un compromiso del actual Gobierno ordenar y equilibrar las cuentas públicas", subrayaron. Culparon a los medios de comunicación por publicar "primicias falsas" sin chequear. Sin embargo, el decreto que derogó los artículos que obligaban al Anses a enviar fondos antes del 20 de cada mes fue real y, una vez más, tomó a los gobernadores por sorpresa.

Por otro lado, en los tres meses y medio que van de gestión de Javier Milei no es nuevo que, en medio de una negociación en curso, el Ejecutivo se despache con alguna novedad que haga volar todo por los aires. Se podría decir que Francos ya es veterano en esas cuestiones, que derrumban en un segundo todo su paciente armado. El ministro viene dialogando con gobernadores y bloques de diputados de la oposición del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal con el objetivo de comenzar a definir los apoyos a la ley Bases en el Congreso, que el Presidente puso como condición indispensable para la firma del Pacto de Mayo. Faltan menos de dos meses para la fecha patria y el proyecto de ley ni siquiera ingresó formalmente al Parlamento. 

El DNU publicado este jueves vino a poner blanco sobre negro algo que los gobernadores dicen que viene sucediendo de hecho desde enero. "Por lo menos, esto nos permite ahora presentar el tema ante la Justicia sobre la base de una norma legal, no de una deuda", argumentaban desde la gobernación de Córdoba que encabeza Martín Llaryora, una de las 13 provincias afectadas. Los perjudicados pertenecen a todos los partidos: los hay de Unión por la Patria como Buenos Aires, Formosa, La Pampa y Tierra del Fuego, dialoguistas de los ex Juntos por el Cambio como Corrientes, Chaco, Entre Ríos y Santa Fe y de partidos provinciales como Misiones, Neuquén y Santa Cruz, además de Córdoba.

Son otros miles de millones de pesos que aguardaban las provincias, que se suman a los recortes que vienen sufriendo mes tras mes. Además, explicaban que la recesión ya comenzó a sentirse con una baja de la recaudación de cada distrito en tributos como Ingresos Brutos y Sellos. Medidas como el corte abrupto la obra pública también resiente las economías provinciales. 

En Córdoba adelantaban que preparaban una presentación judicial que dudaban si realizar ante la Cámara Federal o directamente en la Corte Suprema. "Creemos que es una gran injusticia para las provincias que tienen caja de jubilaciones porque el Anses se financia con impuestos coparticipables que se cobran en esas provincias y al no transferir los recursos que corresponden nos discriminan", argumentaban. También Santa Fe, gobernada por el radical Maximiliano Pullaro, evaluaba acudir a la Corte. Incluso, imaginaban que si no acudían a Tribunales podían ser ellos los denunciados por no defender los intereses de la provincia. Lo mismo Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que recordó que esto se suma a los otros recortes que vienen sufriendo desde el inicio de la gestión Milei.

“El caso del Fonid se había anticipado; en Chubut decidimos compensarlo a través de un fondo de incentivo provincial. En cuanto a la caja previsional, creo que será judicializado. Hay una ley que obliga al gobierno a hacer esas transferencias. En Chubut tuvimos que intervenirla y pudimos armonizarla. Hicimos un reclamo de deuda al Estado nacional, que se tiene que cumplir. Es otra medida inconsulta que terminará dándole la razón a las provincias”, dijo Torres, que pertenece al PRO pero que viene protagonizando varios cruces con el Ejecutivo por estos recortes. Torres, como sucedía también en otras gobernaciones afectadas, sostuvo que no necesariamente esto significaba que no acompañarían las ley Bases porque eran discusiones que sucedían en paralelo. "Pero esta medida no ayuda, sobre todo en las formas", subrayó.

En las provincias decían que este argumento de que primero querían auditar las cuentas para después recién mandar los fondos ya se había usado en la época de Mauricio Macri como excusa. "No la hacían y nunca se terminaba de determinar los valores", recordaban en la gobernación de La Pampa. Lo particular de esta controversia es que sucede en la previa del encuentro convocado para el jueves en Interior con los diez mandatarios del ex Juntos por el Cambio, que se pensaba que iba a dar su apoyo al proyecto de ley Bases. La semana pasada, Francos había convocado a los gobernadores del PRO pero como pintaba para una concurrencia muy escasa, prefirió juntar a todo el dialoguismo el jueves próximo.

Quienes finalmente pasaron fueron los jefes de los bloques legislativos que plantearon algunas diferencias menores y la posibilidad de incluir en la propuesta la reforma laboral que se puso en el mega DNU y que la Justicia declaró inconstitucional. En Córdoba, cuya posición será clave, aseguraban que "esto de las cajas jubilatorias no nos parece que cambie nuestra posición, la ley Bases es votable en general. Hay que ver si se incluye el tema del Fondo de Garantía de la Anses que sí tiene que ver con este tema". La percepción era que el nuevo decreto había venido a generar otro cortocircuito en la relación del Ejecutivo con los gobernadores en momentos que se busca acercar posiciones. El jueves habrá una medida respecto a las posibilidades reales de que la ley salga tan rápido como imagina el Gobierno, si antes no hay una real solución para las cuentas provinciales.