El Gobierno ya trabaja en un proyecto para que cada provincia se haga cargo de las universidades. El mismo ya está en manos del equipo jurídico del Gobierno y lo está impulsando Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, según confirmaron fuentes de la mesa chica del Presidente a El Destape.
La idea en la Casa Rosada es girar fondos mínimos de Nación y que el resto quede en manos de cada distrito. Es el proyecto que está arriba de la mesa del despacho de Caputo y que analiza junto a la Secretaría de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, persona de extrema confianza del asesor presidencial.
El Presidente va a vetar la ley de financiamiento después de la marcha de universitarios que será el 2 de octubre para reclamar por el presupuesto. Milei tiene tiempo hasta el jueves 3 de octubre para realizar el veto, que será total.
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Igualmente, en Casa Rosada reconocieron que hay negociaciones y diálogos de último momento para llegar a algún tipo de acuerdo pero no ven posible llegar a un acuerdo. "Queremos, por lo menos, arreglar el tema paritario", contó una alta fuente gubernamental en Balcarce 50. En un comunicado que emitió el Ministerio de Capital Humano en el que resaltan los incrementos para los gastos de funcionamiento de las universidades, apuntaron que "como el primer día" continúa el diálogo "tanto con rectores como gremios universitarios" y advirtieron: "Creemos en ello y señalamos que las medidas de fuerza y movilizaciones no alimentan ese intercambio".
En el Gobierno reconocen que los principales perjudicados con pasar las universidades a las provincias serán Axel Kicillof y Jorge Macri. Y si bien no será parte de la norma porque quieren que les corresponda a cada provincia, en la Casa Rosada proponen que las universidades comiencen a cobrar un arancel.
Un integrante clave del Gobierno argumentó a El Destape: "En las universidades eligen sus autoridades como quieren, arman plan de estudio y tiran la factura a Nación", se quejó.
El proyecto en el que trabaja el Gobierno establece que Nación gire "ciertos fondos" a las provincias. En Casa Rosada están evaluando si ese tipo de transferencias necesitan de la aceptación de los distritos. "Estamos viendo si les tiramos los fondos por la cabeza y que se hagan cargo", explicitó un entornista de Milei.
En Balcarce 50 explicaron que igualmente la idea este proyecto no es armar un FONID de universidades (Fondo de Incentivo Docente), que está suspendido por este Gobierno desde comienzos de año.
De hecho, esta semana un gobernador dio un paso sobre este tema. En medio de una disputa con sindicatos docentes, Rogelio Frigerio (Entre Ríos) anunció que pagará el FONID con dinero de la provincia.
Por su parte, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, se refirió hoy al conflicto universitario y sostuvo que es necesario "pasar" de instituciones "dependientes de la política partidaria a independientes, con autarquía". El funcionario se pronunció de esta manera al disertar en un almuerzo del Rotary Club de Buenos Aires, en un hotel del centro porteño.
En línea con la Casa Rosada, Torrendel amplió: "Las universidades tienen que ser autónomas en materia económica, que no dependan de que todos los años un conjunto de actores estén negociando con el Poder Ejecutivo y el Congreso".
Marcha de las universidades en todo el país
Los rectores de las universidades públicas que están nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con los organismos que representan a los docentes y no docentes (el Frente Sindical de Universidades Nacionales) y los estudiantes (la Federación Universitaria Argentina) realizarán una nueva marcha federal universitaria para el próximo 2 de octubre a las 17 hs.
La medida fue confirmada en una conferencia de prensa conjunta. La misma tendrá su epicentro en la Plaza del Congreso y el presidente del CIN anticipó que será “bien federal”.
Milei intenta vetar la a Ley de Financiamiento Universitario que se aprobó en el Senado el 12 de septiembre, con 57 votos a favor, 10 rechazos y una abstención.
El proyecto establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
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