El Gobierno debió ceder para intentar que la ley Bases hoy consiga dictamen

Luego de acaloradas discusiones en el Congreso, el oficialismo terminó aceptando incluir en la ley Bases una reforma laboral "light", con muchos menos artículos que lo que ambicionaban, para facilitar su aprobación. Este jueves se tratará en el plenario de comisiones y esperan darle media sanción el martes en el recinto. La negativa del bloque de Pichetto resultó clave.

25 de abril, 2024 | 00.05

Luego de una larga discusión entre el oficialismo y la oposición dialoguista, finalmente la ley Bases contendrá una reforma laboral "light", sin los artículos que generaban más ruido. Uno de los que se mantuvo en el rechazo fue el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que anticipó que no votarían el dictamen de la ley con esos artículos. También desde la CGT, con la que se suponía que el Ejecutivo había iniciado días atrás un canal de diálogo, mandó mensajes expresando su contrariedad porque volvieran a la carga con algo que ni siquiera la oposición dialoguista bancaba. La Casa Rosada hizo su evaluación y finalmente resolvió que el capítulo de "modernización laboral" quede integrado por sólo 17 artículos en vez de los casi 60 del proyecto que buscó impulsar a último momento. Con los cambios, esperaban poder emitir dictamen para tratarla en el recinto el próximo lunes y martes. Anoche, Javier Milei abrió el paraguas sobre un posible rechazo: "Tiren la ley Bases, hagan lo que quieran. Vamos a lograr todo esto a pesar de la política", desafió.

Incluir la reforma laboral en la ley Bases fue algo que surgió a partir de los diálogos que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, mantuvieron con los representantes de los bloques del PRO, la UCR y Hacemos. Sin embargo, cada uno tenía su propia idea de cómo debía ser la reforma, denominada "modernización" para hacerla más potable. Los más entusiastas fueron los radicales, que desde las épocas de Raúl Alfonsín mantienen el objetivo de limitar el poder a los sindicatos, por lo general de tradición peronista. Días atrás, se apresuraron en acercarle a Posse su proyecto de reforma que, en buena medida, copiaba la que el Gobierno -o el asesor Federico Sturzenegger junto a estudios jurídicos vinculados a grandes grupos económicos- incluyó en el DNU 70/2023 y luego la justicia laboral declaró nula.

Siempre hubo consensos en base a tres ejes que incluso la CGT acepta debatir: la extensión del período de prueba, el llamado "modelo Uocra" de fondo de cese para los gremios que les convenga y algún tipo de reducción a las multas que pagan los empleadores por los trabajadores que contratan en negro. Pero el proyecto radical iba más allá e incoporaba el fin de la ultraactividad y eliminar las cuotas solidarias con las que se financian los gremios. "Es terrible el proyecto de reforma del radicalismo, es peor que el DNU. Es un ataque directo al movimiento sindical", replicó el secretario general de UPCN, Andrés Rodríguez, que dentro de la CGT integra el grupo de los más dialoguistas. Pero ni para él era digerible.

Sin embargo, ni siquiera cuando quieren trabajar como asistentes del oficialismo tienen éxito los radicales, porque el domingo a la noche el Ejecutivo cambió sobre la marcha y presentó una reforma laboral propia, incluso más extensa: contaba con 58 artículos contra los 44 de la reforma radical. Desde el lunes, en el despacho del presidente de la Cámara, Martín Menem, mantuvieron reuniones con los bloques dialoguistas por este tema el secretario de Trabajo, Julio Cordero, el vicejefe de Gabinete, José Rolandi, y la secretaria de Planeamiento, María Irazabal Murphy. Volvieron a la discusión la penalización de las asambleas de los trabajadores, la causal de despido de los bloqueos sindicales y la habilitación para que los trabajadores renuncien a sus derechos adquiridos, entre otros muchos puntos.

Pichetto adelantó su rechazo. "Eso no lo voy a votar porque no estuvo nunca en el diálogo. Es un ataque sorpresivo", criticó el jefe del bloque de Hacemos, quien recordó que el secretario Cordero "responde a una gran corporación argentina beneficiada por este Gobierno", en referencia al grupo Techint. Alertada, también desde la CGT enviaron mensajes a Posse, Francos y al asesor Santiago Caputo para que se mantuviera el clima de diálogo abierto durante el encuentro de días atrás en la Casa Rosada. Dado el amplio rechazo, y la necesidad de apurar el debate de la ley Bases en el recinto dado que se viene encima la fecha del Pacto de Mayo, desde el Gobierno llegó la orden de volver para atrás. Sin embargo, el bloque de la UCR alertó entonces que no votarían la propuesta si no se incluía la reforma. Finalmente, se terminó acordando una versión "light". 

En definitiva, lo que se tratará hoy en el plenario de comisiones en Diputados será una ley Bases que incluirá un capítulo de "Modernización Laboral" que tendrá sólo 17 artículos, desde el 84 al 100 del proyecto, divididos en capítulos como "promoción del empleo registrado", "modificaciones a la ley de contrato de trabajo", "de los trabajadores independientes con colaboradores"; "bloqueos a empresas", "trabajo agrario" y "derogaciones". Volaron todos los más controvertidos como las cuotas solidarias y el fin de la ultraactividad, que establece la renovación automática de los convenios colectivos luego de su vencimiento. 

Con todo, la ley Bases contiene muchos aspectos cuestionables que comenzarán a debatirse públicamente este jueves en el plenario de comisiones. Una polémica que se avivó en los últimos días tiene que ver con el impuesto al tabaco, cuya reincoporación al proyecto también reclaman un sector de la oposición dialoguista y el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. Las privatizaciones, la reforma del Estado, el destino de los fondos fiduciarios que se eliminarán y la actualización del piso del impuesto a las Ganancias son otras cuestiones que generan opiniones encontradas que deberán pulirse en la propuesta que llegará al recinto si el oficialismo no quiere exponerse a otro fracaso.