La mayor parte del ajuste de enero y febrero estuvo relacionado con una brusca baja en términos reales de las jubilaciones que, de mantenerse la actual fórmula, no se sostendría en el tiempo. A partir de junio, la inflación del primer trimestre impactaría en la fórmula con una suba de los beneficios de más del 50 por ciento. Otros recortes que sostuvieron el equilibrio son ilegales, como suspender el Fondo de Incentivo Docente. Otros son insostenibles, como la deuda con Cammesa que amenaza dejarnos sin luz. Por eso el fondo le exigió al ministro de Economía Luis Caputo un ajuste “real y legal”. Con esa presión el gobierno le propuso a los gobernadores un cambio de fórmula jubilatoria que actualice jubilaciones con la inflación a partir de abril y por el primer trimestre reconocer apenas el 10%. Como la inflación de enero fue del 20%, la de febrero fue de aproximadamente un 15% y en marzo se espera se repita ese guarismo, el total de la inflación trimestral será de alrededor de un 58%. Así, de aprobarse el proyecto del fondo, los jubilados perderán más del 30% de sus ingresos.
También por pedido del fondo, el Gobierno quiere volver a imponer el impuesto a las ganancias a los trabajadores que ganan más de 1,5 millón por mes. Este gravamen existe en la mayoría de los países de occidente y es progresivo. El tema es la implementación y el momento en que se quiere re imponer. En general se trata de un impuesto que va elevando la tasa de acuerdo al nivel de ingresos: quien más gana paga un mayor porcentaje. Acá se habla de pagar un 35% desde un nivel muy bajo. Respecto al momento de implementación, se está dando al mismo tiempo que los precios subieron mucho más que los salarios, lo que derivará en una fuerte caída del poder adquisitivo de los trabajadores contribuyentes.
La poda a las jubilaciones sumada a secar el bolsillo de los pocos que consumían mientras sigue pisada la obra pública, caen los ingresos reales de los trabajadores y se multiplican los despidos hundirá la economía en una depresión: una sostenida caída de producción y consumo que genera una fuerte suba del desempleo y quiebra generalizada de empresas. Además del inmenso dolor que trae una depresión económica también genera una brutal caída de la recaudación impositiva que puede hacer inútil el esfuerzo.
Milei cometió un error de principiante: desreguló el mercado antes de ajustar. Así picaron en punta con aumentos que vaciaron los bolsillos de los argentinos las alimenticias, petroleras, prepagas, laboratorios medicinales y otras corporaciones. Ahora el Estado quiere subir las tarifas, bajar jubilaciones y salarios vía impuesto a las ganancias a una sociedad que no tiene más plata.
La diferencia entre la reunión con los gobernadores del viernes y otras tertulias fue la presencia del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, un hombre de la mesa chica del presidente que es uno de los principales ejecutores del ajuste. Mientras el presidente hace sus morisquetas manda a negociar en serio a uno de sus principales colaboradores. Con este gesto, a su manera, está diciendo que cumplirá lo que se pacte.
El gobierno hace alarde de la baja del precio de los dólares financieros y del paralelo. Pero la baja está relacionada a que empresas y trabajadores venden por necesidad y porque entran capitales a timbear con una tasa de interés real en dólares del 8% mensual asegurada. No baja por inversión real ni por confianza. Por otro lado, esa caída del tipo de cambio lo pondrá en problemas con el sector agropecuario que se encuentra con una cosecha menor a la esperada y precios internacionales en caída libre. En la Bolsa de Cereales de Rosario ya se habla de pedir una baja de retenciones. Rebaja que haría otro aporte a la caída de la recaudación.
El gobierno tiene dos armas de negociación con los gobernadores: el apriete fiscal y la popularidad presidencial. En este último caso pega más en las provincias en las que Milei sacó una gran diferencia. El presidente empatizó con una parte importante de la sociedad que ya se había corrido a la derecha hace rato, pero que se vio defraudada por el macrismo. La cuestión es qué pasa cuando también Milei los defraude; cuando en junio o julio la depresión económica pegue como un mazaso sobre una sociedad que viene cayendo hace ocho años casi sin respiro. No hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que crecerá el delito y la violencia.
Los gobernadores y parlamentarios tendrán que sopesar urgencias y conveniencias y decidir si apoyan esta propuesta de una ley que bien podría tildarse de “Crueldad de Estado” o aguantan la presión y proponen cambios que aunque él no lo sabe, le van a ser funcionales también a Milei. Ningún presidente quiere vivir una depresión económica.
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