El Ministerio de Capital Humano apeló la resolución de la Justicia Federal que obligó al Gobierno a repartir los cinco millones de kilos de comida retenida en sus galpones. Para la gestión del presidente Javier Milei, la orden judicial es un "accionar innecesario", adelantaron que irán a la Corte Suprema y argumentaron que la distribución de alimentos es "una cuestión política" que no es "justiciable".
La cartera que dirige Sandra Pettovello pidió que "se revoque" la resolución de la Cámara Federal de elaborar un plan para repartir las cinco toneladas de comida porque "obliga" al Ejecutivo a "implementar un accionar innecesario contrario a las políticas que viene desarrollando". En su apelación, el Ministerio desacreditó la orden del juez Sebastián Casanello al afirmar que se trata de "obligar al Ministerio de Capital Humano a implementar un accionar innecesario contrario a las políticas que viene desarrollando, en el sentido en que el Poder Ejecutivo ha definido para las cuestiones alimentarias, bajo el argumento simplista de que existen alimentos acopiados".
En el escrito, Capital Humano cargó contra la decisión de la Justicia por tratarse de "una intromisión del Poder Judicial dentro del ámbito de competencia exclusivo de la Administración Público Nacional" y señaló que la distribución de la comida es una "cuestión política que no es justiciable". "La resolución recurrida adolece de vicios iudicando, por aplicar erróneamente al caso normas que implica inmiscuirse en cuestiones políticas no justiciables, y cuya ejecución se encuentra en cabeza del Poder administrador, toda vez que la resolución recurrida pretende vulnerar a través de la exigencia de pasos innecesarios e ilegítimos", remarca el texto firmado por el subprocurador del Tesoro de la Nación, Marcos Sebastián Serrano.
El juez Casanello le había dado a Capital Humano un nuevo plazo de 72 horas para que cumpliera con la entrega de un plan de reparto. Sin embargo, la cartera volvió a desacatar esa orden y en su lugar informó que convocó a todos los ministerios de Desarrollo Social provinciales a participar de su distribución. "La decisión del juez de grado -confirmada por la Cámara de Apelaciones- resulta arbitraria toda vez que se aparta del derecho vigente y evidencia argumentos aparentes que en modo alguno justifican la intromisión del Poder Judicial en la esfera de competencia propia de la Administración Pública", señala la cartera. En ese sentido, para el Ministerio "existen fundamentos para que la Cámara Nacional de Casación Penal anule la decisión adoptada, toda vez que la misma implica, en los hechos, una intromisión del Poder Judicial dentro del ámbito de competencia exclusivo de la Administración Pública Nacional".
Además, Capital Humano considera que si la Cámara "no hace lugar" a su petición, hará "expresa reserva de recurrir oportunamente a la Corte Suprema de Justicia". "Se tenga presente lo manifestado en el punto anterior y el manteamiento del caso federal realizada a los fines de recurrir, eventualmente, por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señala el documento.
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