El sorpresivo anuncio del Gobierno nacional de desclasificar información de la SIDE sobre la dictadura para ponerla “al servicio de la memoria” se contradice con las decisiones que tomó la gestión de Javier Milei en torno al trabajo en otros archivos relacionados. El desmantelamiento del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de las Fuerzas Armadas (ERyA), los despidos en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el cierre de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos son tres ejemplos de las políticas libertarias en esta materia.
En plena conmemoración del 49 aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció en un mensaje grabado el “traspaso” de todos los archivos en manos de la SIDE a la órbita del Archivo General de la Nación, con el objetivo de que estén "al servicio de la memoria y no de la manipulación política". La decisión la había tomado ya la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en 2010; mientras que cinco años más tarde, dispuso que las víctimas sobrevivientes, familiares de desaparecidos y organismos de Derechos Humanos también puedan acceder a información de la SIDE. Más allá del "olvido" del vocero sobre la desclasificación, dos especialistas vinculadas a estos ámbitos evidenciaron la contradicción entre esa iniciativa -tan reclamada por los organismos de derechos humanos- y las decisiones que tomó la administración nacional durante este año y cuatro meses de gestión.
“El anuncio de hacer pública documentación histórica de la SIDE y darle entidad a ese archivo por contener justamente información sobre el periodo de la dictadura es contradictorio con el desmantelamiento de políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia”, dijo a El Destape Verónica Torras, la directora de Memoria Abierta, una alianza de organizaciones que promueven la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos del pasado reciente.
Torras mencionó tres casos en los que se observa esta discordancia entre lo dicho y lo hecho por el gobierno de Milei. Entre ellos, los despidos en el Archivo Nacional de la Memoria (ANM), dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, del Ministerio de Justicia, encargado de preservar documentación de origen público y privado -en su mayoría vinculados con la dictadura- que sirven como prueba en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Según un relevamiento de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), desde marzo de 2024 el Gobierno ejecutó 300 desvinculaciones en áreas vinculadas a Derechos Humanos, siendo el ANM uno de los sectores castigados. “Es un acervo íntegramente vinculado al período de la dictadura”, agrega Torras sobre un área que tiene a cargo incluso el resguardo del archivo de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).
Por otro lado, también resaltó que el Gobierno decidió disolver la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos, creada por la Resolución 467/2021. “Tenía la participación del Observatorio de Derechos Humanos (ODH), el ANM y la Auditoría General de la Nación para trabajar justamente sobre la preservación y acceso al acervo de la SIDE vinculado al periodo de la dictadura”, cuestionó Torras.
Además, la directora de Memoria Abierta hizo referencia a la disolución en abril del 2024 de los equipos que trabajaban en permitir el acceso a civiles a determinada documentación de las Fuerzas Armadas, guardada en el archivo del Ministerio de Defensa.
"Nos llama al atención de que en este contexto haya una decisión de apertura de archivos. Puede estar ligado a terminar alimentando este tipo de campañas por la 'memoria completa'”, señaló Torras.
El caso del Equipo de Relevamiento y Análisis de las FFAA
En diálogo con El Destape, la última coordinadora de estos equipos, Vanina Agostini, aseguró que el Gobierno “destrozó” esta política y que “hasta ahora no demostraron nada serio hacia ninguna iniciativa de trabajo en línea con los derechos humanos”. “Se limitó el acceso de civiles, que éramos los equipos conformados por la Dirección Nacional de Derechos Humanos y se volvió a dejar sólo en manos de la Fuerza la posibilidad de acceder a esta documentación”, remarcó.
Agostini describió el trabajo que hacía este organismo como “paradigmático a nivel internacional” porque permitió hacer un cruce de datos para corroborar información muchas veces incompleta y así colaborar en causas de lesa humanidad, una manera de poner al servicio público cierta información restringida.
"Por ejemplo, si el nombre de un militar que participó en un centro clandestino tiene un error de un número de documento, de un apellido, las fuerzas van a responder que no tienen datos. Los equipos hacíamos un cruce y una puesta en contexto para poder identificarlo. Eso se dejó de hacer”, se quejó sobre la ausencia de un área que, desde su creación en 2010, produjo 160 informes en ese sentido.
Si bien puntualizó que el archivo de las Fuerzas Armadas “va a seguir existiendo” porque tienen un fin “bucrocrático y administrativo”, subrayó que ya no tienen “ninguna mediación civil”. “Lo que quedó es la posibilidad de que los requerimientos lleguen a la fuerza, pero la posibilidad de respuesta afirmativa de ese requerimiento bajó drásticamente”, apuntó.
Desde el Ministerio de Defensa argumentaron que decidieron ejecutar estos despidos porque realizaban “un trabajo parajudicial” que consistía en “perseguir gente” con cierta información. “Los archivos no se cerraron, van a seguir estando”, destacaron desde la cartera que dirige Luis Petri, quien compartió en sus redes sociales el comunicado de Casa Rosada con el anuncio de la desclasificación de los documentos de la SIDE.
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