"Sí, quedó por un planteo nuestro porque no estábamos dispuestos a excluir la extensión de la vigencia del impuesto PAIS", explicó ayer el diputado Nicolás Massot, uno de los negociadores de la ley Omnibus por parte del bloque Hacemos Coalición Federal, la sorpresiva aparición de un artículo que se creía caído en el dictamen aprobado el viernes. Las idas y vueltas en torno a este impuesto, que viene creciendo en importancia en la recaudación nacional y que los gobernadores quieren hacer coparticipable, fue uno de los motivos de la postergación del tratamiento en particular para el martes. De nuevo, se habla de una posible reunión antes del inicio de la sesión para terminar de resolver la cuestión, pero desde el entorno de Javier Milei acusan a los mandatarios provinciales de "correr el arco" todos los días. "No hay nada en agenda", respondían en Gobierno.
El antecedente es malo porque todo esto ya ocurrió. Hubo una reunión del ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores dialoguistas y algunos diputados en el que, entre otras cosas, hablaron de coparticipar el impuesto y luego la posibilidad quedó descartada de mala manera por un tuit de la oficina presidencial. "Se discutirá más adelante", avisaron a través de la red social. Ni siquiera un llamado telefónico. De nuevo desautorizado, Francos aclaró entonces que un nuevo acuerdo fiscal quedaría para después del tratamiento de la ley. Pero cuando vieron que la aprobación se caía, las negociaciones se reactivaron y en el dictamen final resucitó el artículo 180 por el que el impuesto PAIS quedó prorrogado hasta el 22 de diciembre de 2024. Ahora la discusión será por cómo se reparte.
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"El Presidente no quiere coparticipar ese impuesto de ninguna manera, con una lógica: cuando un impuesto se coparticipa eso no cambia más", advirtió ayer Francos en una entrevista. Quería decir que, como se supone que el impuesto PAIS dejará de existir durante 2024 dado que proyectan levantar el cepo a la compra de divisas, luego tendrían que encontrarle otra manera de compensarle esos recursos a las provincias, creando un nuevo impuesto o coparticipando otro de los que ya existen. "No se puede no ser duro cuando se trata de los recursos públicos en una situación de tira y afloje", justificó Francos los modos despectivos del Presidente con la oposición dialoguista.
Lo que Francos denomina "tira y afloje" tiene que ver con que los gobernadores le reclaman al Ejecutivo una compensación por la eliminación del impuesto a las Ganancias a los trabajadores, pero que no sea necesariamente la reposición de Ganancias. No quieren pagar el costo político de una poda de los salarios. Mucho más atractivo les resulta recibir parte del impuesto PAIS. Milei subió la alicuota de ese tributo que se cobra a la compra de dólares y la recaudación explotó: según el último informe de la AFIP, sólo en enero el Estado recibió casi 470 mil millones de pesos por el PAIS, lo que representa un incremento del 1.252,6% con respecto a enero del año pasado.
Actualmente, esa suma se reparte 70% para el Anses y el PAMI, un 21% a obras de infraestructura y un 9% a un fondo para urbanizar barrios populares. En su propuesta para acordar, los gobernadores quieren que ese 30% se coparticipe y lo reciban ellos directamente. Según estimaciones que circularon entre los mandatarios, podrían llegar a recibir este año una cifra cercana a 2 billones de pesos por este concepto. Así, a Buenos Aires le corresponderían 360 mil millones y a Córdoba otros 142 mil millones, lo que justifica el interés. Pero es sólo una proyección porque, obviamente, no está resuelto cómo se distribuiría.
Hay otras posibilidades para mejorar las arcas provinciales, que también quieren incluir en la ley. Por ejemplo, que antes de su liquidación el FGS de la Anses cubra las deudas que el Ejecutivo mantiene con las cajas previsionales de 13 provincias. Incluso, que el capítulo fiscal que eliminó del proyecto el ministro de Economía, Luis Caputo, también resucite, siempre y cuando acceda a coparticipar el producto del blanqueo y la moratoria. "El Gobierno tiene que negociar, pero no porque estemos imponiendo una ley sino porque tienen tanta intransigencia que hacen muy compleja la discusión y se le caen artículos", sostuvo el diputado cordobés Oscar Agost Carreño, una mirada compartida por el gobernador Martín Llaryora, uno de los más activos en las negociaciones.
Ni Milei ni Caputo quieren ceder. En parte porque ya se comprometieron con el FMI a eliminar el impuesto, en parte porque le reclaman a las provincias que ajusten sus gastos. "Bajamos un 98% las transferencias a las provincias" se jacta Milei, según su entorno. Y critica a los gobernadores porque todo el tiempo renuevan exigencias -"corren el arco"- cuando ya eliminó la mitad de los artículos de la ley, aceptó limitar sus facultades delegadas y bajó empresas de la lista de privatizaciones. Además, los obligaron a dejar afuera del proyecto la suba de retenciones y la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria, con la que pensaban reducir el déficit de Nación.
Los mandatarios dialoguistas aseguran tener los votos para hacer coparticipable el impuesto, por lo que reclaman una negociación de verdad. Que no sólo esté Francos sino también Caputo y el esquivo jefe de Gabinete, Nicolás Posse. Quieren resolver el agujero en sus cuentas ahora, porque si reciben este trato de parte del Presidente en minoría y sin facultades delegadas, no quieren saber luego con superpoderes. De nuevo aparecen versiones de una reunión, como la que anunció el jefe del bloque de Hacemos, Miguel Angel Pichetto, el jueves pasado y nunca se produjo. Los dos tratan de estirar la cuerda todo lo posible, pero tienen una deadline fijada para el martes a las 14, cuando empezará a definirse qué queda en pie de la ley.
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