El ex secretario general de Administración de la Corte Suprema, Héctor Marchi, solicitó ser tenido como testigo por la Justicia en una de las causas en que se investigan los desmanejos en la Obra Social del Poder Judicial (OSPJN) para aportar prueba y “hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros”. La presentación la realizó este miércoles ante la fiscalía a cargo de Ramiro González, luego de denunciar ante la comisión de Juicio Político que sufrió amenazas y seguimientos de parte de Silvio Robles, la mano derecha del presidente supremo, Horacio Rosatti. En el Congreso, Marchi, que fue desplazado del cargo en la Corte el pasado jueves, también afirmó que por malos manejos financieros la OSPJN perdió 3 mil millones de pesos en apenas 7 meses y complicó al supremo Juan Carlos Maqueda al ratificar que fue quien supervisó la prestadora médica por más de una década.
“Habiendo tomado conocimiento debido al estado público que tomó la misma y debido a mi presentación en el día de ayer en la Comisión de Juicio Político del Congreso de la Nación, vengo a presentarme y solicitar se me incorpore como testigo a fin de poder ofrecer prueba respecto a distintas situaciones que conciernen a la investigación y asimismo hacer saber sobre presiones y posibles persecuciones sufridas hacia mí como también a terceros”, escribió Marchi en una nota firmada este miércoles. “Por otra parte, también estoy dispuesto a efectuar la declaración que estime corresponder en los presentes actuados poniéndome a total disposición del Señor Fiscal como así del Señor Juez de la causa”, agregó al día siguiente de su explosiva declaración en el Parlamento.
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La presentación la realizó en la causa Nº 4462/2022, un desprendimiento de la causa central de la Obra Social, que se abrió tras una serie de votos en disidencia de Ricardo Lorenzetti, quien se opuso al cambio de estatuto, del organigrama y de cargos directivos en la OSPJN que votaron sus tres colegas, Rosatti, Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Este nuevo expediente, paralelo a la causa “central” de la OSPJN que hace foco en Aldo Tonón, está en manos del fiscal González y el juez Ariel Lijo. Allí se investiga en principio el último tramo de la administración de la prestación médica.
Marchi declaró este último martes ante la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard y además de graficar los desmanejos en la Obra Social, que había volcado en 4 informes que elevó a la presidencia de la Corte, dijo que Robles lo amenazó con un desplazamiento y hasta una cesantía y que es víctima de seguimientos por el trabajo que hizo sobre la OSPJN. Afirmó que quienes trabajaron con él en el informe también están bajo amenaza. Respecto a su situación indicó que el desplazamiento se concretó: el jueves pasado los jueces Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz lo corrieron de la secretaría general de Administración y lo trasladaron a la Cámara Federal de la Seguridad Social bajo la excusa de una reorganización administrativa. Marchi dijo que fue una sanción por su trabajo sobre la Obra Social, lo mismo que había señalado el supremo Ricardo Lorenzetti cuando votó en disidencia a su traslado. “El traslado lo considero una sanciona encubierta”, dijo Marchi este martes.
Los principales pasajes de la declaración de Marchi, que estuvo a cargo de la supervisión de la Obra Social en 2021 y 20122, fueron los siguientes:
- Describió pérdidas millonarias entre 2021 y 2022 –es decir, con Rosatti ya al frente de la Corte- por no tener una estrategia financiera: “La obra social en materia de gestión financiera para mi es un desastre. Hay remanentes de 10 mil millones en cuentas corrientes porque se olvidaron de hacer los plazos fijos. Eso remunerado en el término de 6,7 u 8 meses implicó perder 3 mil millones de pesos para la obra social, que son dos meses de prestaciones a 100 mil afiliados. Si eso lo llevamos a los otros meses nos vamos a encontrar con cifras siderales de pérdida por intereses”.
- El exsecretario general de Administración de la Corte también ratificó que Maqueda fue quien supervisó la Obra Social desde la Corte por más de una década y estaba al tanto de cada movimiento: “El doctor Maqueda no solamente supervisaba sino que estaba al tanto de todos los actos que se realizaban porque semanalmente los empleados veían cómo el doctor Tonón le llevaba todas las cuestiones para que las autorice”. “Nada se hacía sin la autorización del doctor Maqueda”, agregó. Y destacó: “Cualquier movimiento en la obra social debía ser autorizado por el doctor Maqueda. Así era porque era el encargado de la obra social. No se necesitaba ningún tipo de designación”.
- También asoció su traslado al informe que elevó a Rosatti. Y describió el rol que tuvo Silvio Robles en la recepción de ese trabajo: “El traslado que hacen de mi luego de mostrarles cómo era la administración obedece al informe número 4. Creo que en ese informe está la punta del ovillo porque involucra al doctor (Mariano) Althabe que fue propuesto por Rosatti (en la dirección de la OSPJN). Y Robles escondió ese informe. Por más amenazas que tengo, yo lo voy a decir”, dijo.
Tras hacer esa referencia a Robles, la diputada del FdT, Mara Brawer le preguntó a Marchi: “¿Fue Robles el que lo amenaza a usted y al resto de los auditores?”. “Sí”, respondió el contador e hizo referencia a “las operaciones de prensa” que sufrió y a que Robles “ha amenazado a funcionarios que van a terminar en Siberia si hablan conmigo”. “Hay seguimientos, sabe dónde yo me junto con alguien. Yo no tolero las amenazas y las presiones. Entonces yo no sé si el doctor Rosatti lo sabe pero debiera tomar una decisión. Esto es una vergüenza”, agregó.
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La nota que apunta a Marchi
Al enviar los 4 informes que realizó Marchi a la Comisión de Juicio Político, los supremos Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz adjuntaron una nota en la que cargan la responsabilidad de lo que pasó en la Obra Social en Lorenzetti y Marchi. En un escrito de 9 páginas, al que accedió El Destape, la triada cortesana sostuvo que la OSPJN estaba bajo la supervisión de la secretaría que comandaba Marchi y tiene autonomía. La Corte “no tiene responsabilidades de gestión” sobre la misma, remarcaron los tres cortesanos. Y luego defendieron a Maqueda: “La Corte nunca designó a uno de sus miembros como supervisor de la Obra Social”. “En este caso no hubo acto alguno que designase a uno de los ministros del Tribunal a cargo de la supervisión de la Obra Social”, resaltaron.
Esto no solo se contrapone con lo que dijo Marchi. También con un correo electrónico que está en poder de la Comisión de Juicio Político donde Maqueda reconoció que supervisaba a la OSPJN. El mail de Maqueda dirigido a Rosatti, Lorenzetti, Rosenkrantz y la entonces cortesana Elena Highton de Nolasco, es del 30 de agosto de 2021. Dice: “Desde el día de mañana, 31 de agosto de 2021, dejo de actuar en la Supervisión de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación; tal como se los adelantara a Uds. por zoom en reiteradas oportunidades. No presentó una renuncia sujeta a aceptación porque no conozco ninguna Resolución o Acto Administrativo que me hubiera designado formalmente”.
Ahora Marchi decidió presentarse en tribunales.
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La causa
Marchi se presentó en una causa sobre la Obra Social que se deriva de la causa “central”, que tiene a Tonón como protagonista. La “nueva causa” surge de una extracción de testimonios y contó con el impulso penal del fiscal Ramiro González. El disparador fue el voto en disidencia de Lorenzetti en una serie de resoluciones y acordadas de la Corte. El objeto en principio, es la administración del último tramo de la OSPJN.
En la causa “central” de los desmanejos de la Obra Social, que tramita ante el juzgado federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo, se investigan dos hipótesis delictivas:
- Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Empresa Emergencia Médica Integral S.A. (EMI) por la suma de $100.000.000 anuales desde 2008 y por 10 años, sin haber cumplido sus obligaciones a cargo de la emergencia médica en todo el país. Según la denuncia “distintas provincias no habrían sido alcanzadas por dicha prestación”.
- Las irregularidades en la contratación por parte de la OSPJN de la prestadora “Fandamant S.A.”, domiciliada en Córdoba, cuya prestación consistía en el control de recetas de distintas farmacias del país y no contaba con la infraestructura necesaria. De acuerdo la denuncia sería una empresa “fantasma” en tanto “que aquella tarea de contralor de recetas sería llevada adelante por los propios empleados de la Obra Social”.
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El fiscal del caso "central", Guillermo Marijuan, sostuvo que “de las expresiones plasmadas por el Señor Ministro Ricardo Luis Lorenzetti, en sus votos en disidencia en la Acordada Nro. 28/2022, en la Resolución Nro. 2.664/2022 y en la Resolución Nro. 2665/2022, se desprendían conductas que podrían resultar plausibles de investigación y/o aportar elementos de prueba al sumario en trámite”. Lo que derivó en la apertura de la mentada nueva causa que fue a sorteo y recayó en el juzgado federal Nº 12 que, casualmente, subroga Lijo, magistrado de buena relación con Lorenzetti.
Los votos en disidencia de Lorenzetti que derivaron en este nuevo expediente fueron los siguientes:
- El 2 de noviembre del año pasado, en la Acordada 28/2022, la mayoría compuesta por Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda votó el cambio del estatuto de la obra social del Poder Judicial así como el organigrama y cargos de dirección. Lorenzetti votó en disidencia. Se opuso al cambio de estatuto porque afectaba normas del derecho sustantivo. También señaló que el Directorio había incumplido normas reguladoras de su gestión; que el estado contable de 2020, presentado por el Directorio, había sido firmado por un contador del que se desconocía cómo fue designado; y que el Directorio no había cumplido con el informe requerido por la Corte, con la licitación del software de gestión ni con el balance del 2021.
- El mismo 2 de noviembre, en la Resolución 2664/2022, se aprobó una serie de contrataciones de personal y Lorenzetti no acompañó a la mayoría. Señaló que se avaló la designación de personas propuestas por quienes han incumplido diversas normas jurídicas según se desprende de la auditoría de la OSPJN. “Se habilita a un grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones anteriores a su designación, sin que se haya cumplido con la elaboración de un sistema de controles contables y administrativos, como lo señala la auditoría", había cuestionado Lorenzetti.
- En la misma fecha se firmó la Resolución 2665/2022 por la que se renovó el contrato de Mariano Althabe y Cora Borensztejn para continuar en el directorio de la OSPJN. En su disidencia, Lorenzetti expuso que Althabe “ha incurrido en incumplimientos serios desde el punto de vista legal” porque firmó una resolución en la transfirió montos millonarios a la Secretaría de Administración de la Corte sin contar con la facultad para hacerlo en nombre de la OSPJN porque su contrato estaba vencido.
Con estas disidencias, Lorenzetti expuso a sus colegas que pueden quedar comprometidos en sede judicial. En esa causa, ahora Marchi solicitó ser tenido como testigo.
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