El Gobierno Nacional de Javier Milei y el mercado de las telecomunicaciones se despertaron el lunes 24 de febrero pasado con una perturbadora noticia, tanto por el tratamiento altamente reservado en que se llevó a cabo, como por la forma y por los detalles en que se concretó la operación. La negociación, realizada en España, contó con unos pocos oferentes para la adquisición de la totalidad del paquete accionario que TLH HOLDCO tenía en Telefónica Móviles Argentina S.A.
Lo llamativo fue que el ganador de esta puja, y no precisamente por ser la oferta más alta, fue TELECOM ARGENTINA S.A., que la compró por la suma de US.$1.244.864.267,46 y la pagó en ese mismo momento, sin esperar la necesaria y legal aprobación de los organismos competentes (CNDC y ENACOM) por tratarse de una operación de alta concentración económica que implica un grosero poder significativo de mercado en el rubro de los Servicios de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC).
Es evidente que la sorpresiva noticia golpeó duramente en el gobierno nacional viéndose reflejada en las declaraciones del propio titular del Poder Ejecutivo quien, a través de redes sociales publicó: "Quieren quedarse con el 70% de las telecomunicaciones argentinas. Eso implica que tu celular, tu internet, tu teléfono, todo lo controlaría el mismo grupo económico, que por su posición dominante podría cobrarte cualquier precio porque no habría competencia. No vamos a dejar que eso suceda. No vamos a dejar que sigan robándole a los argentinos. Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país".
Ante este sombrío panorama la empresa Telecentro S.A. presentó por ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia contra TELECOM ARGENTINA S.A. por flagrante violación a la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC). Esta compraventa importa una concreta concentración económica por cuanto, en algunos Servicios de TIC, Telecom ostentará el monopolio del negocio, hecho que es ilegal por cuanto afectará indudablemente el interés económico general que es el objetivo que pretende salvaguardar la ley específica, la Constitución Nacional y la Ley Argentina Digital 27.078.
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La denuncia presentada ahonda en detalle en la afectación de la competencia en los distintos Servicios de TIC a nivel nacional y le hace saber a la CNDC que esta concentración económica se encuentra expresamente prohibida por los artículos 1 y 9 de la normativa Nº 27.442; razón por la cual, en el cumplimiento de sus funciones específicas, debe investigar profundamente todos los detalles de la mentada operación de compraventa, tanto en los aspectos económicos, los financieros y los técnicos, evaluando objetivamente si la empresa Telecom concentra un poder de mercado con potencialidad para afectar negativamente la competencia y generar un perjuicio para el interés económico general.
La Ley de Defensa de la Competencia dispone, en su artículo 1, que “…están prohibidos […], las concentraciones económicas […] que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”. Luego, en el artículo 8 de la misma norma, se dispone la prohibición de las “concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar un perjuicio para el interés económico general”.
Como la Ley de Defensa de la Competencia contiene una norma prohibitiva de este tipo de concentraciones económicas cuando su objeto o efecto fuera limitar la competencia en la República Argentina, razón por la cual la concentración denunciada no resulta ser un acto sujeto a la aprobación de la CNDC sino que es en sí mismo un acto prohibido por la propia ley citada, atento a sus efectos.
Asimismo la denuncia explica que, sumadas las cuotas de mercado que Telecom y Telefónica tienen en cada una de las cuatro verticales de los negocios de los Servicios de TIC, Telecom y sus subsidiarias concentrarían nada menos que el 79% del mercado de telefonía fija, el 61% del mercado de telefonía móvil, el 48% del mercado de internet por banda ancha y el 42% del mercado de televisión por suscripción por vínculo físico (televisión por cable), en todos los casos medidos por cantidad de clientes.
Estos porcentajes de participación del mercado acumulan las siguientes cantidades de accesos:
- 36,6 millones de líneas de telefonía celular, que representa un total del 60,6% (Telecom: 21 millones de líneas móvil = al 33,6% del mercado; más Telefónica: 16,6 millones de líneas de telefonía móvil = al 27% del mercado);
- 5,2 millones de accesos a internet domiciliario, representando al 48% del mercado (Telecom: 3,9 millones de clientes de internet al hogar = al 36% del mercado, más Telefónica: 1,3 millones de clientes de banda ancha fija al hogar = al 12% del mercado).
- 5,5 millones de líneas de telefonía fija, es decir el 80% del mercado (Telecom: 2,9 millones de líneas de telefonía fija = al 42% del mercado, más Telefónica: 2,6 millones de clientes en telefonía fija = al 38% del mercado).
Además a estos porcentajes y números debe sumarse la acumulación en el Servicio de Radiodifusión por Suscripción que explotan tanto Telecom como Telefónica y los clientes de telefonía celular de la segunda marca de Movistar, que opera bajo el nombre TUENTI.
La denuncia, a su vez, recuerda que por la Resolución 171/2017 del ex Ministerio de Comunicaciones estableció un límite máximo de acumulación de espectro radioeléctrico para los Servicios de Comunicaciones Móviles en 140 MHz por cada prestador y el grupo económico que ellos integren, para cada área de explotación: en la actualidad, Telecom pasa a sumar el espectro asignado a MOVISTAR y por ende acumula una cantidad de espectro que prácticamente duplica el máximo permitido y una participación en el mercado de la telefonía móvil del 61%.
Otro de los motivos por los cuales, de aprobarse esta concentración, las implicancias y los efectos sobre la competencia en el mercado de los Servicios de TIC en la República Argentina serían catastróficos.
Es evidente que la decisión tomada por el Grupo Clarín de llevar a cabo una compra de tamaña envergadura sin la previa autorización de la autoridad regulatoria se basa en la confianza de hacer valer su extraordinario poder para doblegar las voluntades políticas y jurídicas. Pero este asunto recién comienza y el resultado del conflicto dirá si una vez más el Grupo Clarín somete al gobierno de turno e impone su poder mediático o si esta vez alguien le obliga a cumplir la ley como cualquier hijo de vecino.
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