El gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, repudió la detención del ultraderechista Luis Fernando Camacho, el gobernador boliviano de Santa Cruz de la Sierra y uno de los líderes del golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en 2019. Para el radical, el apresamiento "puede significar el comienzo de un nuevo periodo de profunda inestabilidad política que va a dañar al pueblo boliviano".
Camacho, fue detenido este miércoles por la Policía y ya se encuentra en La Paz, en el marco de la causa conocida como "Golpe de Estado 1" que investiga a los responsables directos de la destitución de Morales en noviembre de 2019.
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En un hilo de Twitter, el gobernador de Jujuy escribió: "Causa grave preocupación la situación que está viviendo el Gobernador de Santa Cruz en Bolivia, quien fue detenido en circunstancias dudosas y poco claras, que están dando lugar a serios y diversos cuestionamientos a nivel local e internacional".
Luego agregó que como presidente de la UCR observa necesario pedir la intervención de Organismos Internacionales de Derechos Humanos para que "activen de inmediato los mecanismos que el derecho internacional contempla frente a estos actos de persecución política que violentan los pilares de la democracia y del Estado de Derecho en toda la región".
Según el diario Los Tiempos, Camacho fue trasladado hasta las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz. A más de dos horas de conocerse la noticia, la Fiscalía General del Estado comunicó: "La decisión no se trata de un secuestro o persecución política, por el contrario, fue emitida en el mes de octubre por de la presente gestión", argumentó la Fiscalía en el comunicado. Además agregó que Camacho estaba al tanto del proceso en su contra que está vigente desde noviembre del 2020".
Por último, la Fiscalía agregó: "Las actuaciones cumplidas por la Policía Boliviana y el Ministerio Público se ajustan a lo previsto por el Art. 226. de la Ley N° 1970, respetando en todo momento los derechos y garantías constitucionales de los sujetos procesados, así como las normas procesales aplicables al caso". La Constitución Política de Estado de Bolivia, que se aprobó en 2009, establece en su artículo 180 que "no hay fueros" para ningún boliviano o boliviana.
En paralelo, la Justicia investiga otro proceso con relación al golpe de Estado que inauguró un año de Gobierno de facto en Bolivia. Se lo conoce como Golpe 2 y, en él, ya se condenó a 10 años de cárcel a la quien fue la presidenta de facto durante todo ese período, Jeanine Añez.
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