Los tironeos alrededor de la convocatoria a marchar frente al Palacio de Tribunales el primero de febrero vuelven a mostrar a la CGT partida por la misma bisectriz que desde hace muchos años, como cuando, durante el gobierno de Juntos por el Cambio, algunos sindicatos cegetistas organizaban manifestaciones opositoras mientras la cúpula pactaba con Mauricio Macri. Los protagonistas son los mismos.
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El ingreso de Pablo Moyano, un combativo, al triunvirato, puso en un lugar incómodo a Héctor Daer y Carlos Acuña, que ahora deberán tomar una decisión: o se pliegan a la convocatoria (sin mucho entusiasmo) o siguen haciéndose los distraídos, algo que esta vez puede tener un costo político. Era el propio movimiento obrero organizado el blanco del grupo de tareas judicial que montó María Eugenia Vidal.
Así las cosas, Moyano intentará llevar el asunto a la mesa chica de la central, para obligar a sus cotriunviros a tomar partido. Tendrá el respaldo de Mario Manrique, de SMATA, y de varios gremios del Frente Sindical y de la Corriente Federal, aunque es difícil que logren imponer su iniciativa si Daer, Acuña y los “gordos” deciden bloquearla. Y existen varios motivos por los que podrían hacerlo.
En primer lugar, para preservar las riendas de la CGT ante la llegada de Moyano. En segundo lugar, por la extensa red de relaciones que unen a esos dirigentes sindicales con jueces y fiscales que están directamente o indirectamente involucrados con la estrategia de persecución a opositores. En tercer lugar porque varios de ellos tienen causas abiertas en manos de esos mismos jueces y fiscales. Caramba.
A sabiendas de los límites que puede encontrar dentro de esa organización, Moyano comenzó a explorar otras alianzas que permitan sostener en el tiempo una ofensiva contra los estamentos más poderosos del Poder Judicial. Sabe que la marcha no tendrá efectos inmediatos; nadie espera que el 2 de febrero Carlos Rozenkrantz presente su renuncia. Sí cree que una demostración cabal de fuerzas puede ser un buen comienzo.
El dirigente camionero tiene motivos de sobra para encabezar esta ofensiva. Él mismo fue víctima de estos mecanismos de persecución. En abril de 2019, el juez Luis Carzoglio declaró ante la bicameral de Inteligencia en el Congreso que dos agentes de la AFI le dijeron que el presidente Macri estaba interesado en que metiera preso a los Moyano. Uno de ellos es Juan De Stéfano, que también aparece en el video del Banco Provincia.
Esta semana participó de dos reuniones que anticipan los próximos pasos de este plan para poner el foco sobre el funcionamiento del servicio de justicia. A la primera asistió junto a Manrique, del otro lado de la mesa, Hugo Yasky y Roberto Baradel, de la CTA. La idea es que ese sea el germen de una multisectorial en la que también participen organismos de derechos humanos, universidades y otros espacios políticos.
El mismo martes dio el segundo paso con su visita a Hebe de Bonafini, que se sumará a la organización de la marcha y, junto a las Madres de Plaza de Mayo, también a la futura multisectorial. En los próximos días buscará seguir reclutando a otros referentes y sectores para darle magnitud a la movilización. Por la peculiaridad de que se realice a comienzos de febrero, cualquier pronóstico sobre el caudal de asistencia es aventurado.
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