Desde que el Frente de Todos anunció el 4 de enero pasado que comenzaría con un proceso de enjuiciamiento contra Julio Conte Grand por la “Gestapo” antisindical que impulsó el macrismo, las negociaciones con fuerzas opositoras no cesaron.
Es que el proceso administrativo de la ley 4.434 de “Juicio Político” indica que la Cámara de Diputados tiene la facultad de realizar una acusación contra un funcionario público. Una vez efectuada la misma, como lo hizo el oficialismo, se realizará una sesión en donde, con la mayoría simple - es decir 47 legisladores y legisladoras -, se pondrá en tratamiento el expediente y creará la comisión investigadora. Actualmente el Frente de Todos posee un bloque de 43 diputados y diputadas por lo que necesitaría 4 votos más. Los mismos los conseguiría con la Izquierda (2) y el monobloque de Guillermo Britos, restando así un voto más para avanzar.
La fuerza de Avanza Libertad conformada por Guillermo Castello, Nahuel Sotelo Larcher y Constanza Moragues Santos, emitió un comunicado días atrás en el que ratificó que “el reciente pedido de juicio político contra el Procurador General de la Suprema Corte constituye un claro embate a la institucionalidad y la seguridad jurídica, es por este motivo que desde este bloque no nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quórum para su tratamiento”. Y cerró: “La acusación contra el Procurador General parece más un panfleto político que una petición jurídica y carece de la más mínima prueba de cargo, lo que confirma que obedece a motivaciones partidistas espurias y no a genuinas preocupaciones institucionales”.
De esta forma, el oficialismo apunta a cerrar negociaciones con el bloque Cambio Federal, espacio político que responde al intendente de San Isidro, Gustavo Posse. En los diputados Walter Carusso y Martín Domínguez Yelpo podría estar la llave para que el Frente de Todos avance contra Conte Grand.
Sin embargo, no todos los cañones apuntan sólo a dicha fuerza. Si bien desde Juntos comunicaron que “apoyaban a Conte Grand”, el comunicado no fue acompañado públicamente por los 41 diputados y diputadas. Dentro de la oposición la Unión Cívica Radical aún no fijó postura sobre el tema.
En las últimas horas, la presidenta del bloque de senadores y senadoras del Frente de Todos, Teresa García volvió a presionar a los radicales: “¿Están todos los partidos de Juntos de acuerdo en que exista un mecanismo de espionaje para meter presos dirigentes con connivencia de la Justicia?”, cuestionó en declaraciones radiales en pos de convocar al “llamado a conciencia” para habilitar el debate legislativo. “Yo creo que no, y si la respuesta es esa, entonces tienen que facilitar el tratamiento. Quizás la comisión detecte otras cosas que lo resuelven de otra manera, pero no pueden negarse a tratarlo, es una locura, es una afectación a la construcción democrática que los partidos hagan esto”, sentenció García.
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De aprobarse la acusación contra el Procurador General se conformará una comisión de 5 legisladores y legisladoras que tendrá un plazo de hasta 6 meses para investigar a Conte Grand. En esa instancia, y entre los distintos procesos que llevarán adelante, el oficialismo ya adelantó que pedirá oficios a la AFI y citará a declarar a dirigentes políticos, gremiales, funcionarios y ex funcionarios.
Entre los futuros citados se encuentran Gabriel Vitale (juez de Lomas de Zamora), Enrique Ferrari (fiscal de Lomas de Zamora), Pablo y Hugo Moyano, Natalia Roussillon (directora de la Alcaidía N°3 de La Plata), Cristina Caamaño (interventora de la AFI), Roberto Cipriano García (Comisión por la Memoria), Gustavo Ferrari (ex ministro de Justicia durante el período de Vidal), Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo durante el período de Vida)l, Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia durante el período de Vidal), Julio Garro (intendente de La Plata), Juan Sebastián De Stéfano (Ex titular de asuntos jurídicos de la AFI) y el actual senador, Juan Pablo Allan.
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