Antes que nada, corresponde reconocer que el presidente Alberto Fernández le asignó al “escándalo del off” la enorme gravedad que el asunto tiene. De inmediato le exigió la renuncia a Matías Kulfas, hasta entonces titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, junto al de Hacienda y la Cancillería, de los más importantes en su gabinete.
Este no es un tema de índole periodística, tampoco es un chat filtrado entre amigos desleales, ni un capítulo agresivo más del legítimo debate –a veces agobiante, otras oxigenante- al interior de la coalición oficialista.
Es un episodio delicado en extremo porque, a la vez que excita el primitivismo de una oposición sedienta de malas noticias, podría derivar en las próximas horas hacia un expediente penal que tramite en el fuero de Comodoro Py, y todo cuando falta un año y monedas para la elección del 2023.
Hay que enfocarse nuevamente en el contenido del chat que precipitó la eyección de Kulfas. Allí se da a entender que funcionarios que reportan a CFK, la vicepresidenta del país, habrían digitado la licitación de un gasoducto en beneficio de Techint, la empresa del sociólogo italiano –alguna vez de izquierdas- Paolo Rocca.
La acusación es absurda. La propia CFK pidió en público que no se le faciliten los escasos dólares del BCRA a Techint para maniobras de autopréstamo y le reclamó al grupo empresario que traiga una planta de laminados que hoy tiene en Brasil.
Techint, al igual que Clarin y Arcor, son fundadores de la AEA, la central empresaria que no disimula la inquina contra CFK, el kirchnerismo o cualquier cosa que se le parezca, y financista de todo proyecto que busque derrotar dicha expresión política.
Pero en una Argentina donde las causas penales originadas en falsas denuncias, que además tramitan durante años en cuevas de un Poder Judicial corporativo, son el arma predilecta contra la política insumisa, estos datos son suficientes para desparramar sospecha y parálisis sobre una operación clave en materia de soberanía energética.
La insólita fuente, además, jerarquiza el despropósito de la operación: hablamos de un ex ministro que gozaba del aprecio del presidente. No es “fuego amigo”, esto es “guerra jurídica”. Una sucursal de lawfare en el propio gobierno. Un problema autogenerado que nadie necesitaba, y mucho menos una administración donde los problemas sobran.
No era, entonces, el capítulo de un libro lo que CFK le venía reprochando a Kulfas. En general, las mujeres son subestimadas o tratadas de locas. Más aún, cuando ejercen poder o dicen la verdad.
Si el lawfare es una herramienta vil para controlar la democracia y vaciarla de representación popular, convendría detenerse en los efectos prácticos del alboroto “del off”, cuando hay una feroz campaña de la derecha tratando de instalar que el Estado manejado por los peronistas es caro e ineficiente.
Mientras pese amenaza real de prisión o descrédito sobre los encargados de poner en marcha la ejecución de la obra, el gasoducto que debería servir para sustituir el gas que hoy nuestro país adquiere en el exterior gastando dólares que no tiene, está congelado y puede seguir así, sin límite en el tiempo.
Macri llegó a la presidencia en 2015 y mandó a parar la construcción de las represas hidroeléctricas comprometidas con el gobierno chino, a la vez que no usó un solo dólar de los 57 mil millones que le otorgó el FMI en 2018 para comenzar o terminar obras de infraestructura indispensables, como el gasoducto Kirchner. Está claro que no quería el desarrollo económico, sino financiar la fuga de divisas de sus amigos, cosa que logró.
Este es un gobierno con demasiados enemigos como para, encima, autolesionarse con tanta ruindad. No lo quieren los jueces macristas ni la Corte macrista, ni los diarios hegemónicos, ni los opositores salvajes, ni las grandes corporaciones que le suben los precios para desestabilizar el bolsillo de la gente, único sostén de una administración democrática.
A la vuelta de la esquina, además, asoma una ultraderecha que quiere recortar los derechos de la mitad pobre de la sociedad porque no son financiables y que le propone que venda sus órganos si pretende sobrevivir en un mundo cada vez más desigual y hostil.
Hay que parar esta locura. La pregunta primera es si queda tiempo. El interrogante que sigue, revisando el “escándalo del off”, es si hay algo de voluntad para encarar la epopeya que eso significa.
O si, por el contrario, la única energía que va quedando, en realidad, la malgastan algunos en acusar a sus socios de divisionistas, mientras se los arroja al lawfare desde un chat que nunca, nunca tendría que haber existido.
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