Terminó el primer año del gobierno del Frente de Todos y el balance resulta agridulce. Algunas continuidades en el comportamiento del núcleo duro del poder económico, una de cuyas expresiones es la alianza mafiosa judicial-mediática (“mafiosa” en tanto uno de sus principales instrumentos de acción es el “apriete”), junto al paupérrimo comportamiento de la economía derivado de la doble pandemia macrismo-Covid deslucieron cualquier resultado, incluso los más destacables como la rápida reacción frente a la pandemia y la renegociación de la deuda con privados. Si bien el gobierno todavía conserva una imagen positiva superior a su performance electoral de 2019, ello coexiste con la sensación de gusto a poco y con una aceptación basada en el espanto, en la conciencia de que fuera del Frente sólo hay abismo.
Se sabe que la heterogeneidad ideológica es inherente a un frente peronista. Desde el comienzo se sabía también que sobre esta heterogeneidad operaría el adversario, que desde el día cero se iniciaría el previsible trabajo de “gota que horada la piedra” sobre la relación entre “les Frenández”. Apenas un año después la mafia judicial-mediática puede jactarse del resultado, el vínculo entre el Presidente y su Vice no pasa por su mejor momento. Sin embargo, más allá del trabajo de la mafia, las diferencias de base surgieron también de las propias limitaciones de la gestión, principalmente las judiciales y las económicas, ya que incluso dentro de su heterogeneidad, el Frente de Todos fue mayoritariamente votado para terminar con dos desgracias sistémicas, el lawfare y el régimen neoliberal que la Alianza PRO-UCR intentó restaurar.
El balance a diciembre de 2020 muestra que los principales actores de la guerra judicial continúan “intocados” y que las pandemias abortaron el plan económico original. No se trata de compartimentos estancos, pues las tácticas de lawfare, y ya no sólo los golpes de Estado, son el nuevo instrumento de las clases dominantes y la embajada estadounidense para frenar los proyectos económicos de los gobiernos populares ¿O alguien intelectualmente honesto puede afirmar sin sonrojarse que Amado Boudou y Milagro Sala siguen presos por “corruptos” y no por venganza y efecto demostración?
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La guerra judicial no sólo demoniza a los dirigentes populares, sino que le muestra a toda la clase política cuál puede ser su destino si se mete con determinados intereses. La retaliación va desde el escrache o la invisibilidad mediática al liso y llano encarcelamiento. Al mismo tiempo, la casta judicial se especializa en establecer barreras infranqueables sobre cualquier medida que afecte los intereses de los grupos económicos concentrados, sea la ley de medios, el rescate de Vicentin y, posiblemente, hasta el impuesto a las grandes fortunas.
En materia económica las bases del neoliberalismo tampoco pudieron removerse. Primero porque la segunda pandemia, la del Covid-19, abortó el plan económico original, que existió, pero que en la vorágine ya nadie recuerda. Hubo una batería de medidas iniciales que pueden resumirse en la tarjeta Alimentar, el refuerzo de la AUH, el impuesto PAIS para la compra del “dólar ahorro”, la suba de retenciones y bienes personales, el fin de la fórmula de actualización previsional de 2017, que desde su implementación provocó la caída de 18 por ciento en los ingresos, y su reemplazo por aumentos por decreto que permitieron ganarle por pocos puntos a la inflación. También se iniciaron conversaciones con la UIA y la CGT para ordenar la puja distributiva a través de los acuerdos de precios y salarios. El objetivo era que los salarios, que en 2016-19 habían perdido más de 20 puntos, le ganen levemente a la inflación. En pocas palabras el “plan inicial” era sostener la demanda evitando que jubilaciones y salarios pierdan contra los precios, renegociar la deuda externa para reducir las presiones cambiarias y recomponer reservas a partir del superávit comercial producto de la caída de la actividad.
La aparición de la segunda pandemia cambió los planes. El gobierno tuvo reflejos y montó rápidamente un esquema de asistencia a través del IFE y la ATP. También identificó al “crédito a las Pymes” y las bajas tasas de interés como elementos que contribuirían a la reactivación y no a la compra de dólares y al deterioro cambiario, lo que fue el origen de las primeras contradicciones al interior del equipo económico.
Visto en perspectiva no se lograron resolver dos problemas básicos, el cambiario y la pérdida de reservas, que en el primer año cayeron alrededor de 6.000 millones de dólar. Entre los aciertos el más importante, junto a la rápida reacción de asistencia frente a la pandemia, fue la renegociación de la deuda con los acreedores privados, lo que logró despejar el cronograma de pagos para lo que resta del actual período de gobierno.
No obstante, esta suma de acciones no significaron liberarse de las potentes condicionalidades heredadas. El verdadero éxito del macrismo fue volver a introducir en la economía local condicionalidades de largo plazo. El mecanismo fue primero el endeudamiento con los privados, que mientras sucedió financió el gigantesco déficit de la cuenta corriente en general y la salida de divisas en particular y, una vez agotada esta fuente, se perfeccionó el proceso con el regreso al FMI. Tener un plan con el Fondo significará seguir, mientras dure, con la lógica neoliberal.
Debe destacarse, no obstante, que es sencillo criticar desde afuera sobre la simple base de la descripción de unos pocos hechos, pero un gobierno que recibe la herencia de exiguas reservas netas y un endeudamiento impagable en tiempo y forma, tanto con privados como con el FMI, tiene reducidos al máximo los grados de libertad de su política económica. Esto es así porque cualquier ruido en las negociaciones o error en el manejo de la política cambiaria --como efectivamente ocurrió-- repercute sobre el nivel del tipo de cambio y la estabilidad macroeconómica. Luego, es esta misma situación de carencia de dólares la que permite predecir que el crecimiento de 2021 será sólo contra los muy malos números de 2020, pero manteniendo a la economía por debajo del piso de 2019, cuando se acumulaban ya dos años de la recesión macrista-radical.
Acercando la lupa, la falta de divisas es siempre la verdadera causa de los escasos grados de libertad de la política económica, lo que compele al gobierno a negociar con los acreedores en una situación de asimetría de poder. El Ministerio de Economía tiene un margen muy limitado para negociar con el Fondo. Solo para sentarse a la mesa debió comenzar a enviar “señales” de contracción fiscal que repercutirán en la recuperación de la actividad pero que, al mismo tiempo, son compatibles con la falta de dólares para crecer. No obstante, cuando el acuerdo con el FMI finalmente se cierre, y más allá de la extensión de plazos y la reducción de intereses que se consigan, las condicionalidades serán aún mayores que las del presente.-
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