Un informe de la Oficina Anticorrupción (OA) complicó la situación judicial del exministro de Finanzas durante el macrismo, Luis Caputo, y de quien fuera su segundo, Santiago Bausili. Y expuso a la titular de la OA, Laura Alonso. El documento se elaboró a pedido de la Justicia y analiza la actuación de los exfuncionarios en la negociación de la deuda y el pago a los “holdouts” a la luz de ley de Ética Pública y sus inversiones financieras posteriores. También evidencia el intento de “lavar” el evidente conflicto de interés por parte de Laura Alonso.
El estudio se presentó en una causa que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py e investiga posibles “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública” de Caputo, Bausili y Mario Quintana. Tras analizar el informe de la OA, el fiscal Federico Delgado renovó el pedido de indagatoria de los tres exfuncionarios que ya había hecho en diciembre 2018 pero que el juez Sebastián Casanello no había concretado porque contaba con menos información que en la actualidad. El magistrado, por ahora, ordenó profundizar las investigaciones.
En un dictamen del 17 de junio pasado, Delgado sostuvo que “los datos objetivos de la causa revelan la presencia de un conflicto de intereses o negociaciones incompatibles en las que incurrieron Santiago Bausili y Luis Andrés Caputo, porque como funcionarios públicos dividieron su lealtad entre los intereses públicos y privados”. “Los hechos reconstruidos en este expediente revelan que los antecedentes de los nombrados incidieron en las decisiones que adoptaron como funcionarios públicos y que debieron estar guiadas por el interés de la sociedad, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores”, añadió.
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Previamente, Delgado había destacado “la relevancia del informe ahora remitido por la OA donde se analizaron y revelaron conflictos de intereses por parte de Santiago Bausili. Si bien es cierto que esa circunstancia no puede asimilarse a los delitos ni implican necesariamente su comisión, su existencia en el caso resulta reveladora y nutre de elementos objetivos al pedido de indagatoria solicitado por la fiscalía”, indicó.
El minucioso trabajo de la OA expuso el evidente conflicto de interés que tuvo Bausili, secretario de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri. “La fiscalía había dejado expectante la situación de Bausili con respecto a las conexiones previas con los bancos ‘J.P. Morgan’ y ‘Deutsche Bank’, los cuales fueron elegidos de forma directa para intervenir en los pagos acordados con los ‘holdsouts’ y en el denominado ‘Megacanje II’”, explicó Delgado. Eso se debió a que el funcionario “había presentado una excusación expresa en los expedientes administrativos donde tramitaron las cuestiones relacionadas al arreglo de la deuda externa del país. Sin embargo, el análisis ahora acercado por la OA demuestra no sólo que el nombrado incurrió en un conflicto de intereses, sino también que esa decisión de carácter administrativo también puede tener alcance penal”.
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El conflicto de Bausili
De acuerdo a la Ley de Ética Pública, los funcionarios deben abstenerse de intervenir respecto a cuestiones relacionadas “con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años” y con “las empresas en las que tienen participación societaria”.
Según se desprende del trabajo de la OA, que conduce el fiscal Félix Crous, Bausili ingresó a la función pública el 26 de enero de 2016 pero se desvinculó del Deutsche Bank cinco días más tarde. Es decir, asumió siendo parte del banco. La relación de Bausili con esa entidad bancaria “antes, durante y después de la colocación de los bonos de la deuda pública, tiene su correlato en diversas denuncias e investigaciones obrantes en la Oficina Anticorrupción”, se remarcó en el informa de la OA. “Sin embargo, su situación recién fue resuelta a escasos dos meses de abandonar su cargo, y luego de un trámite zigzagueante respecto al grado de incumplimiento de la ley de ética pública”, se añadió y describió cómo Laura Alonso hizo la vista gorda sobre este asunto durante su gestión. Las pruebas, son elocuentes.
Tal como se indicó en el dictamen fiscal:
-Formalizado como funcionario, Bausili se reunió con representantes del Deutsche Bank. De acuerdo al informe de la OA, el funcionario “debió abstenerse de mantener esas reuniones”. “Se entiende que esas reuniones estuvieron dirigidas a tratar los temas del arreglo de la deuda externa de nuestro país y sobre todo la intervención del ‘Deutsche Bank’ como banco colocador de la misma. Además, a través del expediente en el que se declaró que no debió intervenir, se decidió la designación de ese banco en ese proceso de reestructuración de la deuda. A partir de esa intervención, esa institución bancaria recibió importantes ganancias”, remarcó Delgado.
-Bausili también “intercambió correos electrónicos con representantes de esa institución bancaria (Deustche Bank) relacionados con los bonistas que habían alcanzado un acuerdo”.
-Participó como funcionario público de la contratación de Deutsche Bank como agente colocador de la deuda y a la vez “continuó cobrando dividendos por sus trabajos en ese banco de manera simultánea”. “Se trataron de acciones y sumas de dinero que según lo manifiesta el propio Bausili quedaban pendientes de pago por sus labores en Deutsche Bank; pero que no fueron formalizados en su acuerdo de Seclo, ni tampoco en (el) acta notarial que acredita haberlo desvinculado al 31 de enero de 2016”, destacó la OA.
- “Y finalmente adquirió bonos de la deuda soberana en el año 2016, a pesar de formar parte de los funcionarios que tomaban esas decisiones políticas”. Es decir, estaba a cargo de las decisiones políticas que podían influir en el valor de los títulos públicos. Podía contar con información privilegiada.
- “Los datos de interés surgen de sus antecedentes particulares confrontados con su actuación como funcionario público. Por ello la fiscalía sostiene que su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementó su patrimonio”, señaló Delgado.
La base de esas afirmaciones nace del informe de la OA: “Santiago Bausili infringió la ley de ética pública, pero además mantuvo una relación económica con la entidad bancaria, lo cual desde la perspectiva de nuestro análisis robustece la hipótesis de la fiscalía”, se puede leer en el trabajo de la entidad que conduce Crous.
En el mismo trabajo, se expone cómo Laura Alonso dejó que todo esto pasara: el entonces secretario de Finanzas “gestionó asuntos sumamente sensibles para los intereses de la Nación, enormemente onerosos para las arcas públicas y significativamente importantes para la confianza en las Instituciones (que deriva de una gestión íntegra y transparente), sin que se resolviera de manera oportuna sobre la legalidad en la intervención del funcionario y su consecuente impacto en la validez de los actos. Cuando, finalmente, se resolvió determinando la violación a la ley de ética pública, Bausili estaba en sus últimos días de gestión pública”.
Es más, el informe que armó la OA al mando de Alonso nunca se giró a la Justicia, que lo requería.
El caso de Luis Caputo
“Por un andarivel similar transita el caso de Luis Andrés Caputo”, sostuvo el fiscal Delgado en su dictamen. “Como funcionario público participó en las negociaciones y pagos –y su coordinación- efectuados a los ‘holds outs’” y “en la designación de los bancos que iban a intervenir en esa operación”. “Una vez más, en este caso también estos datos se tornan significativos al confrontarlos con sus antecedentes laborales”.
Por ejemplo, sostuvo Delgado, Caputo compartió la conducción de la empresa “Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión” con Carlos Hernán Planas, por lo menos hasta el 4 de diciembre de 2015. Planas y Caputo “compartieron funciones laborales en el ‘Deutsche Bank’, ergo se conocían por su paso laboral y compartieron un fondo de inversión hasta pocos días antes de que asumiera en un cargo como representante del Estado Argentino”, señaló el fiscal.
Para Delgado están dadas las circunstancias objetivas para recibirle indagatoria a Caputo “en tanto se habían revelado conexiones previas con los bancos ‘J.P. Morgan’ y ‘Deutsche Bank’, los cuales fueron elegidos de forma directa para intervenir en los pagos acordados con los ‘holds outs’ y en el denominado ‘Megacanje II’”. “En este caso, a criterio de la fiscalía surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida, en tanto Caputo tenía compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación”, añadió el fiscal.
No obstante estos señalamientos y de haber estado anoticiada de la existencia de una causa penal en curso, respecto a Caputo en la OA “no hay actuaciones donde se analice específicamente un posible conflicto de interés en la operación de reestructuración y canje de bonos. Existen sí otros expedientes administrativos con diverso grado de progresión, sobre cuestiones relacionadas a casos de conflictos de interés”, aclaró la gestión actual de la OA. Una vez más, Alonso quedó expuesta. “Se hace saber que existen una serie puntos de vital importancia pendientes de acreditar para analizar el cumplimiento de la ley de ética pública por parte de este ex funcionario”, se indicó en el informe que se acercó a la Justicia. En el mismo trabajo se mencionaron algunas las excusaciones que debió haber hecho el exministro. Por ejemplo, respecto a temas que hayan involucrado a Axis.
Por tal motivo, en el mismo dictamen, Delgado además de pedir las indagatorias solicitó a la OA que “se profundice la investigación” en torno a Caputo y se reúnan elementos para determinar “si existió uso de información privilegiada por parte de Santiago Bausili al momento de adquirir deuda pública durante el tiempo que fue funcionario”.
En base a estos requerimientos, que el juez Casanello canalizó, se le pidió a la OA que amplíe la investigación que llevó adelante.
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