El gobierno se hizo eco de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que complica a Mauricio Macri y sus exfuncionarios y presentó un escrito en la causa en que se investiga el acuerdo con el organismo internacional. El trabajo de la AGN corrobora varios de los delitos denunciados en ese expediente, que está a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Entre otras cosas, se señala que en el acuerdo Stand By se produjeron violaciones a diversas normas legales y reglamentarias.
El Poder Ejecutivo, a través de la Procuración del Tesoro, que es querellante en la causa, se presentó ante Capuchetti la semana pasada y pidió que se tengan presente diversos pasajes del informe, que ya está en poder de la magistrada. El organismo que encabeza Carlos Zannini señala que ese trabajo de la AGN es nueva prueba que comprueba lo denunciado.
El 23 de febrero pasado, la AGN, que es un organismo de control que actúa en el ámbito del Congreso, aprobó una veintena de documentos que conforman la auditoría de la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018. Es decir, el año en que el gobierno de Mauricio Macri firmó el acuerdo con el FMI. Dos de esos documentos se focalizaron en el acuerdo Stand By de 2018 con el organismo internacional. Las conclusiones a las que llegaron los auditores (voto de mayoría) respecto a ese tema fueron contundentes: el acuerdo de endeudamiento estuvo viciado por múltiples irregularidades ya que se produjeron violaciones a diversas normas legales y reglamentarias. Es decir, ese pasaje del informe compromete a los imputados en el expediente, entre los que se destacan Mauricio Macri, el ex Ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y el ex Presidente del BCRA, Nicolás Caputo, entre otros. Todos ellos fueron denunciados por los delitos de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad; malversación de caudales públicos; y defraudación a la Administración Pública Nacional.
Los informes de la AGN en cuestión fueron votados por los auditores Juan Forlón, Javier Fernández, Gabriel Mihura Estrada y María Graciela De La Rosa. En disidencia se manifestaron Miguel Ángel Pichetto, Jesús Rodríguez y Alejandro Nieva.
En los documentos referidos al acuerdo con el FMI, aprobados a fines de febrero pasado, se destacó que:
1. No se cumplieron los procedimientos internos previstos para la aprobación de préstamos de organismos multilaterales establecidos por el entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “Si bien el auditado cuenta con un procedimiento específico para la aprobación de préstamos multilaterales previsto en la Res. Ex MEyFP 108/09, este procedimiento no fue verificado en la aprobación del Acuerdo con el FMI”, se sostuvo en el estudio.
2. Los expedientes administrativos destinados a respaldar el acuerdo con el FMI fueron generados a posteriori de la firma del préstamo y estaban incompletos. “Se observó que la documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema GDE a posteriori de la firma del Acuerdo y resultaron incompletos y desordenados”, indicaron los auditores que nuclearon el voto mayoritario. También hallaron “la falta de la firma digital que valida los actos administrativos en algunos de los documentos que lo requerían”.
3. El Banco Central (BCRA) no emitió la opinión pertinente sobre el impacto del acuerdo sobre la balanza de pagos futuros, por lo que violó la Ley de Administración Financiera (LAF) y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional. La ausencia no parece casual. La AGN señaló que la operación de Stand By tuvo un alto impacto negativo sobre el perfil de vencimientos futuros, ya que afectó la solvencia y sostenibilidad de la deuda pública.
4. El acuerdo fue firmado por los entonces Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y los Presidentes del BCRA (primero Federico Sturzenegger, que renunció casi de inmediato, y luego Luis “Toto” Caputo), quienes no tenían competencia para hacerlo. “El Acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda cuya cartera no contaba entre sus Misiones y Funciones la gestión del Crédito Público”, afirmaron los auditores.
5. El acuerdo no fue aprobado por el Congreso ni por un Decreto presidencial sino por funcionarios que carecían de competencia para hacerlo, es decir, excedieron sus atribuciones. Resaltaron los auditores: “Los préstamos multilaterales son formalizados a través de un Decreto que aprueba el endeudamiento con el Organismo Internacional de Crédito, como excepción del cumplimiento del art. 60 de la LAF” y “no se encontró instrumento a través del cual se formaliza la deuda, ni decreto ni tampoco si se formalizó por Ley específica o Ley de presupuesto”.
6. El acuerdo con el FMI fue improvisado, no se inscribió en una estrategia de gestión de la deuda pública. En esta línea, los auditores señalaron: “La Secretaria de Finanzas nada responde acerca de si las decisiones que se tomaron durante 2018 respecto a la deuda pública y su estructura fueron realizadas en base a una estrategia de gestión de deuda pública, tampoco adjuntaron un plan de gestión de mediano plazo”.
7. Una parte de los desembolsos del préstamo no fueron incorporados al Presupuesto, lo que impidió un adecuado control de la gestión presupuestaria del ejercicio 2018. ¿La omisión fue parte de una maniobra para ocultar el desvío en la aplicación de una parte relevante de los desembolsos que realizó el FMI, tal como marcó la SIGEN?
8. Al analizar la sostenibilidad de la deuda pública al cierre del ejercicio 2018, la AGN concluyó: “La deuda no resultaba sostenible”. “En un contexto de déficit de cuenta corriente y libre entrada y salida de capitales, los datos (…) reflejan una situación de alto riesgo de incumplimiento de pagos de servicios de la deuda pública y vulnerabilidad económica, lo que permite afirmar que la deuda pública Argentina al 31/12/18 era insostenible”. Por ejemplo, solo en dos años había que devolver alrededor de 39 mil millones de dólares.
Los auditores del voto mayoritario sostuvieron que “el auditado no cumplió con la normativa vigente relativa al endeudamiento público”. Y resaltaron que “esto cobra especial relevancia cuando se considera que el endeudamiento neto en este ejercicio se elevó a $ 2.115.019.907.640,06 (USD 55.940.624.350,74)”. “La magnitud del endeudamiento en el periodo auditado y la preponderancia que dentro del mismo representó el préstamo Stand by con el FMI resultan de suma importancia y sus consecuencias exceden el ejercicio bajo control proyectándose a futuro”, añadieron.
El préstamo de más de 50 mil millones de dólares fue el más grande en la historia del FMI e implicó más del 1.277% de la cuota de la Argentina en ese organismo internacional, lo que claramente excede el límite usual contemplado para ese tipo de operaciones.
Así las cosas, la auditoría de la AGN viene a respaldar, sobre todo, la imputación de violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad que pesa sobre los ex funcionarios denunciados.
Estos análisis de la AGN se complementan con otros informes que constan en la causa sobre el acuerdo con el FMI como uno que hizo la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que también remarca múltiples anomalías en los suscripto por la gestión macrista.
Por ejemplo, la SIGEN ya había detectado que una parte de los dólares desembolsados por el FMI entre junio y agosto de 2018 no fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda y el BCRA como se había pactado con el organismo internacional. Se habían vendido en el mercado de divisas cuando debían ser empleados como apoyo presupuestario y solo de forma excepcional podían usarse para su venta en situaciones de emergencia.
El propio Mauricio Macri reconoció que el destino de los fondos no fue como apoyo presupuestario. “La plata del Fondo que es la plata de los demás países la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque tenían miedo de que vuelva el kirchnerismo”, aseguró el expresidente en una entrevista concedida a la CNN en noviembre de 2021.
En una línea similar se manifestó Carlos Melconián en noviembre del año pasado cuando reveló en una ponencia en Uruguay que Macri le dijo que el FMI le estaba dando el dinero para para imponerse en las elecciones. “Me están dando la plata para ganar la elección”, contó el economista que fueron las palabras del entonces jefe de Estado luego de que Melconián le asegurase que con el acuerdo que había firmado perdía los comicios.
Esto está en línea con otro hallazgo de la SIGEN: que el gobierno macrista no habían cumplido con la obligación de realizar informes periódicos que aseguraran la trazabilidad de los fondos prestados.
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