El Parlamento del Mercosur (Parlasur) decidió devolver a comisión el dictamen sobre la expulsión del abogado Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, pieza clave de la "mesa judicial M", para que se incorporen nuevos datos en la causa en la que se lo investiga por supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo y a la espera de un nuevo fallo judicial.
La decisión se tomó en el marco de la sesión ordinaria LXXXI en la ciudad de Montevideo (Uruguay). En ese ámbito, el parlamentario argentino del bloque Frente de Todos (FdT) Jorge Cejas promovió que el dictamen sobre la situación de Rodríguez Simón -exasesor del expresidente Mauricio Macri- vuelva a comisión para incorporar nuevos datos. El abogado, que se fugó a Uruguay, está acusado de haber contribuido a la persecución a políticos, empresarios y dirigentes nacionales entre 2016 y 2019.
"El regreso a la Comisión permitirá incorporar al pedido de separación de Rodríguez Simón la sentencia de la jueza en primera instancia Adriana Chamsarian y lo dicho por el vocero de la Corte, Raúl Oxandarabat", dijo en declaraciones a Télam el vicepresidente del Parlasur, el argentino Oscar Laborde.
Asimismo, Laborde señaló que la vuelta a comisión del dictamen permitirá contar con la resolución de la Cámara de Apelaciones que "seguramente también rechazará el pedido de refugio, es decir, ratificará la condición de prófugo de Rodríguez Simón", opinó.
El cuerpo legislativo trató puntualmente dos informes, uno de mayoría por la exclusión y otro en minoría en contra de la pérdida del mandato del legislador que se encuentra prófugo de la justicia argentina. Ambos serán devueltos nuevamente a comisión
Fuentes del Frente de Todos habían advertido a Télam antes de la sesión que había "una situación muy especial con este tema" y que había "una sorprendente mengua de participación de legisladores de varios países, en especial de argentinos y brasileños". Se necesitaban 77 miembros para iniciar el debate, mientras que para tener quórum y debatir otros temas se requería la presencia de 37 integrantes.
La causa judicial contra Pepín Rodríguez Simón
A comienzos del mes pasado, la jueza uruguaya Chamsarián, del fuero Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, rechazó la solicitud de refugio presentada por el abogado de Rodríguez Simón y el caso ahora se encuentra en manos del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1º Turno, que deberá decidir en los próximos días si confirma o revoca la decisión de la jueza de primera instancia.
Si el rechazo a su pedido queda confirmado, podría avanzarse con el desafuero del exasesor de Macri y su posterior extradición para que sea indagado por la jueza argentina María Servini en Buenos Aires.
Rodríguez Simón se fue a Uruguay en medio del escándalo de la causa por las presiones a Indalo y pese a tener una orden de captura internacional. El exasesor de Macri permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020 y la jueza María Romilda Servini lo declaró en rebeldía el 19 de mayo del 2021, luego de que el propio Rodríguez Simón anunciara a través de los medios que se encontraba en ese país y que no pensaba presentarse a la indagatoria a la que había sido convocado, algo que luego ratificó su defensa por escrito.
Cuando lo declaró en rebeldía, la jueza Servini remarcó que el exfuncionario "dio sobradas muestras públicas de su intención de sustraerse de la Justicia, lo cual fue ratificado por su letrado defensor el día 18 de mayo de 2021" y definió la estrategia de pedir refugio político en Uruguay como una maniobra dilatoria.
Servini planteó también que el dirigente macrista tuvo pleno conocimiento de la existencia del expediente desde mediados de 2019 y se pudo defender en ese terreno con todas las garantías de la ley, por lo que resulta de imposible comprensión el planteo referido a su supuesto temor de ser detenido en forma indebida.
"Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)", remarcó la magistrada en aquella oportunidad.
En este expediente se investiga "la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge de la imputación que obra en la causa.
Con información de Télam
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