El Gobierno bonaerense derriba la operación mediática sobre la "masiva liberación de presos"

El presidente Alberto Fernández denunció el miércoles una “campaña mediática” en contra del Gobierno a la par que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, salió a desmentir que exista una intención de liberar presos de forma masiva, tal como se acusó desde los medios hegemónicos. “Es descabellado desde todo punto de vista”, explicó el subresecretario de política criminal del Ministerio de Justicia y DD.HH. provincial, Lisandro Pellegrini, en diálogo con El Destape. “Las decisiones sobre la detención, modo de detención y libertad de las personas investigadas o condenadas por delitos es una decisión exclusiva del Poder Judicial”, señaló. Y explicó en detalle cuál fue la participación de la cartera bonaerense en un habeas corpus colectivo que resolvió el juez del Tribunal de Casación bonaerense, Víctor Violini, sobre el que se montó parte de la operación mediática. El gobierno provincial dejó por escrito que estaba en contra de la excarcelación de personas que estuviesen detenidas por cometer delitos graves. Los detalles que exponen la manipulación de la información por parte de grupos comunicacionales en plena pandemia. 

- ¿Cuál fue el rol del Ministerio de Justicia bonaerense en el marco del habeas corpus colectivo que resolvió el juez de la Casación, Víctor Violini, y que quedó envuelto en una polémica mediática?

- El habeas corpus se inició con una presentación de todos los defensores y defensoras de la Provincia de Buenos Aires (son 19 departamentales). Los defensores se presentaron en la Justicia a pedir la detención domiciliaria de las personas encarceladas con riesgo ante el covid-19 en función de una instrucción general del Procurador General de la Suprema Corte, que es Julio Conte Grand, designado por (la exgobernadora) María Eugenia Vidal. Es el procurador con el que trabajamos nosotros en nuestra gestión, no se ha cambiado de procurador ni ningún integrante de la Suprema Corte. Conte Grand  sacó una instrucción el 16 de marzo donde instruyó a todos los defensores oficiales de la Provincia de Buenos Aires a evaluar la pertinencia de pedir detenciones domiciliarias en el caso de las personas que ellos defendían y estaban en grupos de riesgo. En el marco de esa instrucción general es que se presentan los defensores. 

- ¿La presentación es general, para todos los integrantes del grupo de riesgo? ¿No hay una cantidad específica de casos?

- Claro. Porque ellos a priori no tienen esa cifra. Cada uno de ellos conoce una parte del universo y esa es información que está en salud penitenciaria del Ministerio de Justicia. Para poder hacerse de esa información el Tribunal de Casación le pide al Ministerio de Justicia y DD.HH. de la PBA el listado con las personas que conforman el grupo de riesgo para poder resolver. El ministerio de Justicia se presenta a través mío en ese caso y aporta una lista parcial, porque el juez había pedido que tuviera mucha información que a nosotros nos obligaba a conformar listas específicas. Además del estado de salud nos pedía muchos datos procesales y criminales de cada caso, de manera que nos llevó tiempo. Llegamos a presentar una lista parcial, con 645 casos. En el momento que presentamos la lista le hacemos saber al Tribunal de Casación que si bien nosotros somos ajenos a la discusión que se daba en ese proceso y que la decisión era eminentemente jurisdiccional, pedíamos que si iba a tomar alguna decisión descongestiva del ámbito carcelario que esa decisión no alcanzara a ninguna de las personas que estaban detenidas por hechos graves. Y definimos como hechos graves todos aquellos atentados contra la vida, atentados contra la integridad sexual y personas que hayan cometido robos violentos. Hicimos consideraciones muy claras al respecto. El Tribunal de Casación se expidió en una línea parecida a lo que había sugerido el ministerio de Justicia. De los listados que aporta el ministerio, toma 417 casos y ordena detención domiciliaria en esos casos. La implementación de esa decisión la delega en los jueces y juezas a cargo de esos casos.

- ¿En ese grupo hay violadores u homicidas?

- En ese grupo, no. Es un grupo de personas que padecen enfermedades que aumentan el riesgo con el COVID-19 y que habían cometido o estaban siendo investigados por delitos leves. Respecto al resto de las personas de la lista que estaban por delitos que no eran leves, ordena a los jueces y juezas a cargo de cada uno de los casos evaluar si el pedido de los defensores  era viable o no. Es decir, no ordenó la detención domiciliaria de forma directa en ese segundo grupo.

- ¿Cuántas personas detenidas hoy integran la población de riesgo respecto al covid-19 en las cárceles bonaerenses?

- Son aproximadamente 3.000 personas.

- ¿Cómo sigue el proceso ahora?

- El fallo de Casación fue recurrido por el fiscal de la Casación. Eso generó en el ámbito judicial alguna incertidumbre respecto de la ejecutoriedad de esa decisión entonces la Casación a través de otro de sus integrantes, el juez Ricardo Borinsky, hizo saber que esos arrestos domiciliarios se debían cumplir de manera inmediata más allá del recurso interpuesto. La Casación después rechazó el recurso y ahora el fiscal puede presentar una queja. Lo cierto es que de las 417 domiciliarias que se resolvieron a través de ese fallo se hicieron efectivas 130 hasta ahora.

- ¿Cómo está la situación en las cárceles bonaerenses hoy?

- Las cárceles bonaerenses están en la situación más crítica de su historia, atravesando además del problema de la pandemia, un problema de superpoblación que la Casación provincial en octubre del año pasado calificó de crisis humanitaria, documento que después avaló la Suprema Corte. Uno de los números que demuestra esta situación: la tasa de encarcelamiento de la provincia es un 70% más alta que la del resto del país. Si uno toma la provincia de Buenos Aires, su tasa da un poco arriba de 300 y si uno toma el país sin la provincia de Buenos Aires da 171 la tasa de prisionización. Buenos Aires tiene el 36,5% de la población de todo el país y el 52% de los presos y presas. Tienen lugar para 24.000 personas y aloja 45.000. Estas son referencias. Lo importante en esto es que nosotros estamos llevando adelante una gestión que trata de solucionar el problema de la superpoblación pero de ninguna manera entre nuestros alternativas hay un plan de liberación, todo lo contrario. Nosotros tenemos contacto permanente con víctimas y hacemos que la gestión considere todos los intereses que se ponen en juego de manera que nuestra política criminal está orientada a normalizar la situación de prisionización en provincia de Buenos Aires sin tomar ninguna medida de shock.

- En todo el país hay 9.600 camas de terapia intensiva –y la mitad, ocupadas-. Si avanzara el coronavirus en las cárceles y aumentaran los casos, ¿el servicio penitenciario bonaerense tiene un sistema sanitario para poder contener la situación?

-En el espíritu de muchas de las decisiones judiciales que se están tomando en la provincia de Buenos Aires y en todo el país lo que se está tratando de preservar es el sistema de salud. Si uno asume que en las cárceles bonaerenses principalmente no se pueden asegurar condiciones de distanciamiento social, de prevención, las indicaciones sanitarias para eso, un contagio en las cárceles podría repercutir en cuestiones de salud pública de toda la comunidad. De manera que muchas de las decisiones que se están tomando están inspiradas en preservar todo el sistema de salud. El punto nuestro es que decisiones de esas características no se aparten de la necesidad de preservar la integridad de las víctimas y que esas decisiones no impacten sobre personas detenidas por delitos graves.

- ¿Hay registro de que haya personas privadas de la libertad con coronavirus en las unidades penales de la Provincia?

-Hay registro de una persona que estaba detenida en Florencio Varela y se contagió yendo a hacerse diálisis a un hospital de Avellaneda. Está internada allí. Es el único caso que tenemos registrado como positivo en el ámbito del servicio penitenciario, en el caso de personas privadas de la libertad. Hay tres personas del servicio penitenciario que también dieron positiva. Todas las personas tienen por ahora una recuperación favorable.

- El presidente de la Nación denunció una campaña mediática contra el Gobierno, al que se acusó de promover, sobre todo en la Provincia, “liberaciones masivas”... 

- Ni la Provincia de Buenos Aires ni en general ningún estado provincial está en condiciones de que un Poder Ejecutivo tome una decisión de esas características, de ninguna manera. El sistema de frenos y contrapesos en nuestro andamiaje institucional, que es lo que le da forma a la división de poderes, impide que un Poder Ejecutivo lleve adelante un plan de esas características. Eso es descabellado desde todo punto de vista. Esa ida hay que desterrarla. Las decisiones sobre la detención, modo de detención y libertad de las personas investigadas o condenadas por delitos es una decisión exclusiva del Poder Judicial.

- ¿Cuál es la atención que hay con respecto a las víctimas en todo este marco?

- Tengo contactos asiduos con las víctimas. Los colectivos de víctimas con los que hablamos conocen nuestras posiciones. Antes de formalizar la posición en el habeas corpus hablamos con las víctimas y les contamos cuál iba a ser nuestra posición: rechazar cualquier domiciliaria para homicidas, violadores, personas que hubiesen cometido robos agravados. Hay un montón de víctimas y es difícil hablar con todos, pero con todos los colectivos que hablamos les hicimos saber eso porque para nosotros es fundamental no descuidar ningún interés, sobretodo, uno tan legítimo como es el de las víctimas en la toma de decisiones de nuestras posturas.