La comisión de juicio político escuchó este martes a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, al exministro de Justicia del macrismo, German Garavano, y a cinco periodistas en el marco del proceso que se les sigue a los cuatro ministros supremos. Los testigos fueron consultados por el fallo que firmaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco el 3 de mayo de 2017, por el que se le rebajaba el cómputo de la pena a los genocidas. Es el escandaloso "2x1 a favor de represores". La comisión investiga si ese fallo fue negociado entre el gobierno de Mauricio Macri y la Corte. En el marco de la audiencia y tras la pregunta de una diputada del FdT, Garavano y la oposición, envueltos en una confusión respecto al origen de una información sobre los contactos del exministro con Fabián Pepín Rodríguez Simón que se difundieron en una nota de El Destape, hablaron de denunciar penalmente a este medio. El oficialismo bloqueó esa solicitud.
Estela Carlotto fue la primera en declarar este martes ante la comisión que preside la diputada Carolina Gaillard. Abrió la sesión pasadas las 13. La presidenta de Abuelas leyó un documento en el que sintetizó el recorrido de la institución que preside y los juicios de lesa humanidad y vinculó al macrismo con el fallo del 2x1, resolución judicial que comparó con las leyes de impunidad por el efecto que causó en las víctimas y sus familiares.
“Las cosas comenzaron a cambiar a fines de 2015”, dijo Estela y puso como punto de inflexión la designación por decreto de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz que hizo Mauricio Macri. El entonces presidente tuvo que dar marcha atrás por la reacción política que provocó su decisión. Finalmente, Rosenkrantz y Rosatti fueron nombrados con el aval del Senado. No obstante, la titular de Abuelas remarcó que “ese vicio de origen de desprecio institucional, pese a la subsanación posterior, parece haber sido una marca indeleble que se fue reproduciendo en decisiones de la Corte buscando horadar el consagrado proceso de Memoria, Verdad y Justicia”.
Estela recordó que como paso previo al fallo Muiña (el 2x1), la Corte firmó el fallo Fontevecchia por el que se “determinó que no estaba obligada convencionalmente a acatar las sentencias contenciosas de la Corte Interamericana de DD.HH., contraviniendo obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino”. Lo definió como “un aviso de lo que iba a suceder después” ya que relativizaba las sentencias de la Corte Interamericana de DDHH.
Respecto al 2x1, Estela afirmó que fue un “intento de golpe a la lucha de las víctimas, familiares y organismos de Derechos Humanos”. Dijo que con esa decisión, la Corte le abrió “la puerta de la libertad a los genocidas”. También aseguró que “desnudó un profundo cinismo por parte de los magistrados, ya que el resultado que propugnaron lo adscribieron al retraso de la tramitación de las causas”. Al respecto, sentenció: “Fallaron favoreciendo indiscriminadamente y de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia”. En diálogo con El Destape Radio, Estela agregó: "Creo que Macri tuvo incidencia en el fallo del 2x1 a genocidas".
En el Congreso, Estela también se refirió a la lentitud en el avance de las causas de lesa humanidad que tienen sentencia pero no tienen confirmación de la Corte lo que les da firmeza. Puso como ejemplo la muerte de Carlos Blaquier a la que definió “como una expresión de la impunidad biológica amparada por la Corte y su pereza voluntaria”. Y destacó la inactividad de la a Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como Comisión Interpoderes. Convocar este espacio es responsabilidad de la presidencia de la Corte y desde el macrismo prácticamente no tuvo movimiento.
Al finalizar, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo dejó una reflexión para todos los diputados presentes: “No hay enemistad, hay diferencia. Las diferencias nos diferencian, no nos hacen enemigos”.
Tras leer el documento, Estela explicó que tiene 92 años y que no se sentía bien por lo que no iba a responder preguntas y que en todo caso, el abogado de la institución, Emanuel Lovelli, podría responder las inquietudes de los diputados. Finalmente, no hubo preguntas.
Luego fue el turno de Garavano. El exministro de Justicia de Macri dijo que le “produce profundo pesar y preocupación el desarrollo de este juicio político”. Garavano fue citado porque una de las líneas investigativas de la comisión sostiene que Highton de Nolasco votó a favor del 2x1 a cambio de que el Gobierno de Cambiemos, a través de los abogados del Estado, no apele el amparo que le permitía seguir en la Corte a pesar de superar el límite de los 75 años que establece la Constitución. Como la gestión macrista no se opuso, la cortesana pudo seguir en el cargo durante el macrismo. Garavano fue consultado por ese hecho. El exministro negó cualquier negociación con la suprema.
"Nunca hablé con Highton del caso Muiña ni casi de ningún caso", dijo Garavano. Y aseguró que tenía con un ella "trabajo en común vinculado a la reforma del sistema de justicia". También señaló que no mantenía con la entonces jueza suprema "una cotidianeidad de reuniones". Acto seguido, en defensa de la exministra de la Corte, dijo que observa "con preocupación el vapuleo de la doctora Highton que es una jueza de las mejores que ha tenido la Corte".
El martes 21 de marzo había declaradp en la comisión Horacio Pedro Diez, subprocurador del Tesoro de la Nación y ex director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Justicia de la Nación al momento del 2x1. Durante su exposición ratificó que desistió de apelar el amparo que benefició a Highton para seguir en la Corte por orden del secretario de Justicia Santiago Otamendi, el 2 de Garavano, quien le ordenó desistir el recurso por nota. En esa nota se justificaba la solicitud “en aras de evitar un dispendio judicial”. Diez explicó que el criterio que está previsto en el ministerio que “los abogados del Estado tenemos la obligación de recurrir todo fallo adverso al Estado nacional”. Pero mencionó la existencia de un decreto que autoriza a las autoridades políticas a solicitar excepciones.
Ante ese testimonio, el diputado del FdT Rodolfo Tailhade le preguntó a Garavano si se reunió con Diez u Otamendi para coordinar la respuesta al planteo que entonces había realizado Highton. El exministro dijo no recordar ninguna reunión. Pero dijo que “sí yo tomo la decisión estando de licencia que se la comunico al doctor Otamendi y a Diez cuando se decide no recurrir el fallo que había obtenido la doctora Highton básicamente en el antecedente Petracchi”. No obstante, Garavano depositó la responsabilidad en Diez como quien contestó el informe a la Justicia. “No hay mejores manos en el Estado argentino para responder esas cosas”, dijo.
Otamendi, que actualmente es juez de la Corte porteña, también fue citado por la comisión pero no pudo concurrir y pidió se reprograme su convocatoria.
En lo que hace a Garavano, reconoció haber visto a "Pepín" Rodríguez Simón en la Casa Rosada y haber discutido con él sobre el proceso de designación de los jueces de la Corte. Macri reconoció públicamente que el exasesor presidencial ahora prófugo fue quien le recomendó designar a Rosenkrantz (de quien es amigo) y Rosatti por decreto.
Garvano dijo que con Pepín tuvo varios diálogos: “A veces con bastante disenso en muchos temas. Tengo una buena relación con él que al día de hoy conservo”, añadió.
Al exministro, que se quejó por el tono en que muchas veces le formularon las preguntas desde el oficialismo, también se le preguntó por su rol en la Mesa Judicial PRO. Garvano rechazó ese término y dijo que no mantenían reuniones cada dos semanas como se estaba sosteniendo.
Tambien se le preguntó por el espionaje en las cárceles ya que el Servicio Penitenciario Federal si bien tiene autonomía funcional dependía orgánicamente del Ministerio de Justicia. Dijo que no estaba al tanto de esa situación. El diputado Leopoldo Moreau, le preguntó: “¿No fue informado por el doctor Juan Mahiques del 'cableado' en el penal de Ezeiza?”. “Ninguno conocimiento”, le respondió Garavano. Tampoco recordó una reunión en la Casa Rosada con el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, procesado en la causa Gestapo, donde Macri se puso a disposición para avanzar sobre el gremialista platense Juan Pablo “Pata” Medina.
Por otro lado, justificó el traspaso de la oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte porque querían avanzar con la implementación del sistema acusatorio “y en esa lógica las escuchas es algo que deciden los jueces”.
La denuncia contra El Destape
La diputada del FdT Mara Brawer le preguntó a Garavano por sus más de 150 comunicaciones con Pepín Rodríguez Simón. Entones, Garavano reaccionó: “Perdón señora presidenta -interpeló a Gaillard-. Quiero saber cómo saben la cantidad de comunicaciones que yo he tenido con alguien. Quiero hacer una denuncia penal para investigar por qué se saben la cantidad de comunicaciones que yo he tenido con una persona. De dónde lo sacaron. Eso es espionaje”, denunció. Brawer explicó que esa información estaba en una nota de El Destape. Lejos de amainar, la tensión escaló. Garavano pidió la versión taquigráfica “para evaluar hacer las denuncias penales que correspondan”.
La oposición se montó en esa tónica y el diputado de JxC Alejandro Finocchiaro le pidió formalmente a Gaillard que la comisión haga la denuncia penal pertinente “por el tema de las comunicaciones del exministro Garavano”. “No procedería una denuncia penal porque la diputada Brawer hizo una pregunta a partir de una nota periodística y el periodista no revelaría su fuente", le respondió la presidenta de la comisión. "Si quiere llamamos al periodista que habla de esa cantidad de llamados para interrogarlo en calidad de testigo”, propuso Gaillard.
El punto es que la nota en cuestión es una elaborada por quien firma este artículo y Ari Lijalad. Y tal como lo dejó en claro Lijalad en un contundente hilo de Twitter y también lo mencionó Tailhade en la comisión, la fuente de la nota fue un informe de la DAJUDECO que está incorporado en la causa judicial en que se investiga la extorsión del gobierno macrista al Grupo Indalo, el expediente que provocó la fuga de Pepín Rodríguez Simón.
La información que contiene la nota en cuestión no es producto de espionaje como dijo la oposición. Como se afirma en el mentado
artículo, la información surge del entrecruzamiento de llamadas que ordenó la jueza María Romilda Servini en el mentado expediente sobre las presiones a los dueños del Grupo Indalo y realizó la DAJUDECO, la oficina que depende de la Corte.
MÁS INFO
En esta línea se expresó Tailhade en la comisión de Juicio Político cuando pidió la palabra: “Las 162 comunicaciones entre Fabián Rodríguez Simón y German Carlos Garavano es un informe de la DAJUDECO que está en el expediente de Indalo contra Macri que tiene la doctora Servini. Es una información que está en ese expediente y que nosotros conocimos a través de una nota periodística del desptaweb firmada por Franco Mizrahi y Ari Lijalad”. Tailhade se hizo eco del hilo de tuits de Lijalad en el que se muestra el informe de la DAJUDECO y dijo , respecto al interrogante que planteó Brawer, que “la pregunta tiene razón en un expediente judicial y no en una tarea de espionaje”. Acto seguido le preguntó a Garavano: “¿Quiere que denunciemos a todos los periodistas del país que dan cuenta de informes judiciales?”.
Llama la atención que el macrismo vuelva a apuntar contra El Destape con denuncias penales. Legisladores de JxC ya denunciaron a este cronista, a Ari Lijalad y Roberto Navarro por la publicación de un artículo periodístico en el que se informó sobre el armado del espionaje ilegal en la era Macri. La denuncia se desestimó por inexistencia de delito. No obstante, Navarro volvió a ser denunciado por advertir sobre los peligros de los discursos de odio. Esa causa sigue abierta.
MÁS INFO
Tras Garavano prestaron declaración los 5 periodistas que cubrieron la noticia y el detrás de escena del fallo del 2x1, quienes ratificaron la información vertida en sus respectivas notas. Quienes concurrieron al Congreso fueron:
- Irina Hauser (por una nota que escribió para Página12).
- Luciana Bertoia (por un artículo que escribió para El Cohete a la Luna).
- Martín Granovsky (por una nota que escribió para Página12).
- Silvina Boschic (por la nota que escribió para El Cronista).
- Ignacio Miri (por lo que escribió en Clarín).
Al cerrar la sesión, la comisión resolvió volverse a reunir el próximo martes para abordar los desmanejos de la Obra Social del Poder Judicial que comprometen a los ministros cortesanos.
Cerrar sesión