Familiares de los tripulantes que murieron en el hundimiento del submarino ARA San Juan en 2017 pidieron a la Cámara Federal de Casación Penal que anule el reciente fallo que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri y a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani en la investigación por supuesto espionaje contra los deudos de las víctimas.
La presentación, en la que se reclama la ratificación de los procesamientos, fue realizada este miercoles por la abogada Valeria Carreras, quien sostuvo que "si esta inmundicia de fallo" emitido por la Cámara Federal porteña "queda firme, estaremos todos bajo sospecha, y nuestra intimidad y derechos fundamentales conculcados". En ese sentido, afirmó que de confirmarse la decisión judicial, señaló que las familias a las que representan "quedarán estigmatizadas como las peligrosas, las terroristas, las enemigas públicas número 1".
Carreras aseveró que el fallo al que recurre esta querella "no resiste el planteo fáctico a falta de prueba y fundamento de la sentencia recurrida, respecto de constituir ese grupo de mujeres, dolientes, destrozadas, sin mayor preocupación que saber que había pasado con sus seres amados, y que busquen su tumba de acero, el submarino". Según la letrada, la decisión judicial coloca a las familias "a en el lugar que se reserva para una 'célula terrorista', una facción golpista, un grupo de personas que representen juntas o separadas una amenaza para la seguridad interior o seguridad del presidente de entonces, Macri".
En otro tramo del escrito Carreras se preguntó: "¿Les quitaran a los que vengan detrás con el precedente de este fallo, del mínimo derecho a juntarse en una esquina? Al parecer sí, porque si se considera un 'peligro' marchar con una bandera pidiendo saber la verdad sobre sus hijos, solo les queda a ellas y a nosotros, el destierro a un lugar sin derechos sin garantías".
Y advirtió que "si este fallo se convalida, no solo quedaremos expuestos todos a tareas de inteligencia superficiales o violaciones de la intimidad suavecitas, sino que retrocederemos jurídicamente décadas, y sin poder judicial confiable ante la sociedad, sino también perdernos la confianza en el sistema legal no auguro un buen panorama en lo inmediato ni para generaciones futuras". Por lo cual insisto, en el pedido de "declarar la nulidad del fallo del 15 de julio de 2022 y se confirmen los procesamientos".
"Mis representadas no solo son víctimas de las tareas de inteligencia ilegal tal como lo ha entendido el Juez Federal Subrogante en Dolores, Martin Bava, sino también el Fiscal Juan Pablo Curi , y también así lo ha concluido la Comisión Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia del Congreso de la Nación", aseveró.
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Carreras afirmó que "con este recurso de casación queremos que quede claro ante la sociedad que en modo alguno ninguna de las familias ha sido violenta en ningún momento con ninguna autoridad. No son las familias de los tripulantes una amenaza para la seguridad interior, algo que este fallo sostiene vilmente re victimizándolas". Con esta presentación, sostuvo la magistrada, buscan "evitar que un precedente de este calibre venga a legalizar las tareas de espionaje so pretexto del 'por las dudas' tan parecido al 'algo habrán hecho', porque nos deja a todos bajo estado de sospecha".
La letrada explicó que "desde lo legal atacamos el fallo por error en las leyes y decretos aplicados y también expusimos que en el fallo se manipuló la prueba al extremo de cambiar la realidad, mentir lisa y llanamente. Queremos pedir que la sociedad entienda cuantas veces fueron maltratadas las familias del ARA San Juan, y esta vez necesitamos que todos las defiendan de esta infamia que las equipara a terroristas".
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El fallo que benefició a Macri
En Comodoro Py, la Cámara Federal resolvió revocar el procesamiento y sobreseer a Macri por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan. Los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia (los tres nombrados en sus cargos por el ex mandatario) sostuvieron que las diligencias guardaban relación con la seguridad del presidente y descartaron la hipótesis de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública. El fallo implicó también el sobreseimiento para Arribas y Majdalani, y un grupo de ocho funcionarios y agentes de la base AFI de Mar del Plata.
El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas "avanzadas presidenciales" que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes. Según el fallo, se "entendió que no se había cometido delito alguno en las avanzadas que cuidan el entorno completo de la seguridad presidencial. Tanto del propio Presidente como de sus movimientos y de quien quiera acercarse a él".
Además surge del fallo que "la información respecto de la seguridad de infraestructura crítica del Estado -como lo es, entre otras cosas, el Presidente de la República- es una tarea obligada de las fuerzas de seguridad y de los Agentes de Inteligencia que trabajan en la AFI".
El ARA San Juan era un submarino que el 15 de noviembre de 2017 desapareció en el mar argentino con 44 tripulantes a bordo cuando se dirigía desde Ushuaia hacia Mar del Plata, a la altura del golfo San Jorge. La nave fue hallada un año después, el 17 de noviembre de 2018, cerca de donde se había hundido, a poco más de 900 metros de profundidad.
Con información de Télam
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