Los sótanos de la democracia empiezan a estar cada vez más iluminados. Este viernes se conoció la lista de espiados por el gobierno de Mauricio Macri que surge de la causa que avanza en la justicia federal de Lomas de Zamora y se inició por una confesión narco. La actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri; y los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi, figuran como víctimas de una banda integrada por agentes de inteligencia y de fuerzas de seguridad.
En el Juzgado Federal Nº 1 de Lomas de Zamora se investiga a una organización criminal con “inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local”. La banda está integrada por agentes de las Fuerzas de Seguridad y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) quienes “habrían llevado a cabo distintas maniobras ilícitas de carácter indeterminado y realizado tareas de inteligencia y espionaje” ilegal “en distintos períodos y abarcando diversas jurisdicciones”, según se desprende de la pesquisa.
En distintos allanamientos que se realizaron en los domicilios de exespías y dependencias del Servicio Penitenciario Federal se secuestró prueba muy valiosa para la investigación que aún no se terminó de analizar. Hasta el momento “resultarían víctimas de las maniobras diferentes personas pertenecientes al ámbito político, sindical, social, periodístico, eclesiástico, judicial, a pueblos originarios y particulares”.
A continuación, la lista de víctimas que hasta el momento surge de la investigación:
- Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación.
- El Monseñor Jorge Rubén Lugones, obispo Diocesano de Lomas de Zamora.
- Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.
- Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño.
- Emilio Monzó, expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación.
- María Eugenia Vidal, exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires.
- Hugo Moyano, secretario General de la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros.
- Nicolás María Massot, exdiputado de la Nación.
- Maurice Fabián Closs, senador de la Nación Argentina.
- Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, en la Provincia de Buenos Aires.
- Pablo Bruera, exintendente de La Plata.
- Jorge Ferraresi, intendente del Partido de Avellaneda, en la Provincia de Buenos Aires.
- Waldo Wolff, diputado de la Nación.
- Salvatore Pica, cuñado de Mauricio Macri.
- Integrantes de la Comunidad del Pueblo Mapuche en Argentina.
- Graciela Camaño, diputada de la Nación e integrante del Consejo de la Magistratura
- Hugo Alconada Mon y Marcelo Veneranda, periodistas del diario La Nación.
- Martín Irúrzun, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
- José Luis Barrionuevo, Secretario General del gremio de los gastronómicos.
- El Padre José María Di Paola, Sacerdote del Clero Diocesano de la Arquidiócesis de Buenos Aires.
En los próximos días, las víctimas serán citadas y tendrán la posibilidad de constituirse formalmente como parte querellante en el caso. Se les mostrarán las pruebas que evidencian que fueron "blanco" de actividades ilegales de inteligencia.
El caso
La red de espionaje ilegal que se investiga en la justicia federal de Lomas de Zamora tiene como disparador una confesión narco, la de Sergio “Verdura” Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa a cargo del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un “policial más”, tal como aseguraron los investigadores del caso. El giro lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño. Se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa y denunció hostigamientos en su contra. El caso de la bomba también fue judicializado por él. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE. Se desvinculó en 2015. “Un integrante de la banda (narco) dijo que había sido contratado por un agente de la AFI para poner la bomba en un domicilio que había sido mi casa”, declaró Vila en diálogo con El Cohete a la Luna el pasado domingo. El Destape pudo reconstruir que efectivamente eso es lo que sucedió. La persona a la que hacía referencia Rodríguez era Facundo Melo, agente que cumplió funciones en la exSIDE entre 2016 y 2019. Con ese dato comenzó a producirse un giro de 180° en el caso.
Esta declaración derivó en una serie de operativos por orden de Villena que incluyó allanamientos en domicilios vinculados a Melo. Y se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. La pesquisa dejó de ser un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala. La red que se analiza podría involucrar a una decena de espías relacionados a la AFI.
En esta línea, por ejemplo, se enmarcan los procedimientos del 20 y 21 de mayo pasado, cuando la Gendarmería bajo las órdenes del juez Villena avanzó con operativos en los domicilios de los exagentes de la AFI, H.S y L.A. Ambos habían pasado a cumplir tareas en la Policía de la Ciudad. El primero, además, tiene pasado en el SPF y un hermano que trabaja allí. Según informaron a este medio, H.S fue quien había recomendado a Melo para ingresar a la exSIDE.
Seis días después de los mentados procedimientos, el 27 de mayo, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.
Este viernes se conocen los nombres de muchas de las víctimas. No debería sorprender si aparecen más nombres con el avance de la pesquisa.
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