Quién es el protagonista de la nueva red de espionaje ilegal que se investiga en la Justicia

Con el cambio de Gobierno y la decisión presidencial de arrojar luz sobre los sótanos de la democracia, muchas operaciones de inteligencia ilegales que se ejecutaron durante el macrismo comienzan a quedar al descubierto. Uno de los nombres que se repite en algunas de las causas penales en las que se investiga este espionaje clandestino es el del exespía Facundo Melo, un hombre clave en el caso que se sustancia en la justicia federal de Lomas de Zamora y explotó este fin de semana en los medios. 

La nueva red de espionaje ilegal que despunta en una investigación que avanza en los tribunales de Lomas de Zamora tiene como disparador una confesión narco: la de Sergio “Verdura” Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa a cargo del juez Federico Villena y la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un “policial más”, tal como aseguraron los investigadores del caso. El giro lo dio el testimonio de Rodríguez quien fue apresado en febrero de este año. En su declaración judicial, este narco aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño. El relato coincide con el de José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa de Macri y denunció hostigamientos en su contra y la colocación de una bomba en la puerta del que fue su domicilio. El caso del artefacto explosivo también fue judicializado por Vila, un hombre vinculado al radicalismo y que también revistó como agente de la exSIDE, de donde se desvinculó en 2015. El caso de Vila -y el rol de Melo- comenzó a investigarse en la comisión bicameral de Seguimiento y Control de los organismos de Inteligencia del Congreso el miércoles pasado.

“Un integrante de la banda (narco) dijo que había sido contratado por un agente de la AFI para poner la bomba en un domicilio que había sido mi casa”, declaró Vila en diálogo con El Cohete a la Luna este domingo. El Destape pudo reconstruir que efectivamente eso es lo que se desprende del expediente 141377/2018. La Justicia de Lomas de Zamora entendió que la persona a la que hacía referencia Rodríguez era Melo. Entonces, comenzó a producirse un giro de 180° en el caso.

La declaración de "Verdura" Rodríguez derivó en una serie de operativos que ordenó Villena y que incluyó allanamientos en domicilios vinculados a Melo, que además de exespía es abogado. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. La pesquisa dejó de ser un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró hacia la pista de un espionaje ilegal a gran escala. La red que se analiza podría involucrar a una decena de agentes relacionados a la AFI. De los chats del celular de Melo surgen distintos blancos de lo que se cree que es una banda que actuaba “enquistada desde el Estado”. Hay nombres de dirigentes políticos tanto del oficialismo de entonces como de la oposición, que hoy es Gobierno.

En esta línea, por ejemplo, se enmarcan los procedimientos del 20 y 21 de mayo pasado, cuando la Gendarmería bajo las órdenes del juez Villena avanzó con una serie de operativos en los domicilios de H.S y L.A. Se trata de dos ex agentes de la AFI que pasaron a cumplir tareas en la Policía de la Ciudad. H.S, además, tiene relación con el Servicio Penitenciario Federal (SPF) y es quien habría recomendado a Melo para ingresar a la exSIDE. 

Seis días después de los mentados procedimientos, el 27 de mayo, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La solicitud está en trámite. Esta decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas de Zamora retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF. 

Si bien hasta el momento la causa está en secreto de sumario y el hermetismo es muy fuerte, los nombres de dirigentes políticos espiados ya circulan sotto voce. 

El caso Moyano

Melo estuvo entre septiembre de 2016 y junio de 2019 en “La Casa” – como se conoce a la exSIDE-. A la par, era abogado de Damián Lagaronne, involucrado en la causa de la barra brava de Independiente, donde se apuntó contra Pablo y Hugo Moyano. Esa coincidencia y la forma en que el macrismo utilizó ese expediente para presionar a los Moyano dejó a Melo en el centro de la escena. 

Una vez fuera de la AFI, Melo decidió contar su versión de los hechos, sobre todo en el caso Moyano, ante las cámaras de televisión. Concurrió al programa ADN, que conduce Tomás Méndez, en C5N. ¿Qué dijo este exespía en TV? El 15 de abril (luego se retomaron sus palabras en la emisión del 7 de mayo) comentó que tuvo vinculación con el caso de la barra de Independiente. Aseguró que fue contratado por la administración de Mauricio Macri y que como representante legal de Lagaronne, la AFI le exigió que direccionara el testimonio de su defendido contra los dirigentes sindicales de Camioneros, que son autoridades del club de Avellaneda. También aseguró que quien le dio esas instrucciones fue Alan Ruiz, director de Operaciones Especiales de la AFI en aquel tiempo y allegado a Patricia Bullrich. Al final de su estadía en el organismo de inteligencia, Melo cumplió tareas bajo sus órdenes. 

El exagente aseguró que terminó dando un paso al costado de la exSIDE cuando le exigieron que el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, retocara la declaración de Lagaronne contra los Moyano. El juez que estaba al frente de ese caso, Luis Carzoglio, en su momento denunció públicamente aprietes de dos agentes jerárquicos de la AFI macrista, Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale, para detener a los Moyano. 

Según Melo, Ruiz fue quien impulsó el inicio de aquel expediente contra los gremialistas de Camioneros. Dijo que lo hizo cuando aquel agente cumplía funciones en el ministerio de Seguridad.

El antecedente y la indagatoria

En septiembre de 2019, luego de dejar la agencia, Melo había realizado una presentación en el juzgado de Ariel Lijo donde esgrimió un argumento similar al que reprodujo en la televisión. En ese despacho tramitaba una denuncia de Hugo Moyano en la que el dirigente sindical señalaba la existencia de un entramado político-judicial para perseguirlo. 

En el escrito que presentó Melo, y publicó Página 12 en septiembre del año pasado sin revelar el nombre del espía, quedó al desnudo el armado de causas judiciales que impulsaba la AFI macrista. Allí, el exagente aseguraba que llevaba adelante “diversas tareas de inteligencia y contrainteligencia a efectos de recabar información que resultara relevante para las diversas causas”. En el caso de Independiente y los Moyano “debía asistir legalmente al procesado y mantener informada a las autoridades de la Agencia respecto de la evolución de las actuaciones”.

De acuerdo al relato de Melo en aquella presentación, al que tuvo acceso El Destape, el fiscal Scalera citó a su cliente Lagaronne al despacho y en una reunión donde también participó él como abogado le dijeron a su defendido que “debería aportar pruebas que incriminen a Moyano”. Melo siempre apuntó a Ruiz como el ideólogo de esta operación. 

Luego del testimonio de Melo ante las cámaras, el fiscal federal Federico Delgado pidió el 11 de mayo pasado que se cite al agente a prestar declaración indagatoria por violar el secreto que debe guardar todo espía que pasó por la AFI. El exespía fue denunciado directamente por la interventora de la agencia, Cristina Caamaño. El juez federal Daniel Rafecas solicitó información a la exSIDE antes de resolver si lo convoca a declarar.

De acuerdo a Ley de Inteligencia Nacional, los agentes deben guardar secreto. Algo que, según le achacan, no hizo Melo al hablar ante las cámaras. Los pasos que debió haber seguido el exagente son pedir el relevamiento del secreto y luego hacer la denuncia correspondiente, no aparecer en los medios.

El juez Rafecas analiza las medidas a tomar y si resulta pertinente citar a Melo en este expediente, que se inició antes de que se conociera su protagonismo en el caso del espionaje ilegal que se sustancia en la justicia federal de Lomas de Zamora. 
 

Detención y presentación de cargos

El juez Villena ordenó el 20 de junio de 2020 la detención de Melo. Junto con él, se detuvo, también, a Susana Martinengo  —exsecretaria de Documentación Presidencial en la era Macri— y al  exjefe de Contraingeligencia de la AFI, Diego Dalmau. Ellos se suman a la lista, junto con  otros 22 imputados, que están siendo investigados por espionaje ilegal a funcionarios, políticos y empresarios durante el gobierno de Cambiemos.

A Facundo Melo, se le incautó su teléfono móvil. En él encontraron cientos de imágenes, videos, archivos, audios y conversaciones, que dan cuenta de maniobras de espionaje a dirigentes, organizaciones y personalidades de casi todos los ámbitos.

El juez Villena, en su acusación, detalló que los imputados son parte de una "organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local". Esta se dedicaba al "uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales. Una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia", informaron a la agencia oficial de noticias, Télam, fuentes judiciales.

"Esta organización se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales", sumaba detalles la acusación del juez.

Habría expuesto de igual forma a las víctimas "en situaciones de vulnerabilidad, como ser el desprestigio personal, la violencia moral y la coacción psicológica, entre otras".

"Todo ello, tuvo por finalidad influir en la situación institucional, política, social, judicial y económica del país, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones y agrupaciones legales de cualquier tipo", detalló el juez Villena en su descargo.