La jueza María Servini volvió a rechazar hoy un planteo del ex presidente Mauricio Macri contra la decisión de entrecruzar sus comunicaciones con otros ex funcionarios, en el marco de una causa que investiga supuestas presiones sobre el Grupo Indalo para torcer su línea ideológica y eventualmente apoderarse de la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Además, la magistrada dio intervención al Colegio Público de Abogado de la Capital Federal para que evalúe la conducta del representante de Macri, Pablo Lanusse, quien en los escritos presentados la acusó de inclinar la cancha en favor de Carlos Beraldi y de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y advirtió que su decisión le provocaba "tristeza y náuseas". Servini afirmó que los dichos del abogado "exceden el trato y decoro que todo letrado debe guardar durante el ejercicio de su profesión".
Servini había ordenado inicialmente un entrecruzamiento telefónico y estudio de comunicaciones desde el 1 de enero del 2016 y al 31 de agosto del 2019, sobre los teléfonos de Macri, José Torello, Nicolás Caputo, Fabián Rodríguez Simón, Mario Quintana, Javier Iguacel, Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como de un grupo de empresarios.
Las defensas apelaron y la Cámara Federal consideró que la jueza no había especificado un rango de fechas y ordenó que antes de llevar a cabo a pericia debía precisar el objetivo, sumado a que debía resguardar la información privada.
Luego, la magistrada decidió continuar con la prueba por considerar que la decisión de la Cámara no estaba firme, y por ello la defensa de Macri la acusó de "desobediencia" a sus superiores.
"El Tribunal de Alzada en ningún momento ordenó la destrucción del material probatorio, por el contrario, sugirió que una vez que arribaran los primeros resultados del informe, estos no sean directamente accesibles a las partes y auxiliares de la justicia sin un previo filtro para establecer cuáles datos son ajenos al legajo –a fin de eliminarlos– y cuáles sí podían destinarse como material probatorio", agregó Servini.