El senador Oscar Parrilli le solicitó a la Justicia que reabra la causa de las escuchas ilegales que le practicaron a él y a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a la luz de las novedades que se sucedieron en los últimos día en materia de espionaje clandestino desde la AFI macrista. En ese marco, requirió que se remita “el contenido de todos los mails que se le hayan intervenido a Luis Majul, a fin de poder evaluar si de ellos surge dato alguno que pueda acreditar cómo fue el circuito de sustracción y distribución de las escuchas” que se difundieron por el programa 4D que conducía el periodista. “Sus mails pueden ser de vital importancia para el avance de esta causa”, asegura el denunciante. En el mismo pedido se resalta que se garantizará “la confidencialidad de sus intercambios de correos privados”, algo que, se destaca, Majul no hizo cuando decidió difundir las interceptaciones telefónicas privadas por televisión.
“El tribunal dispuso otrora archivar las presentes actuaciones hasta tanto se acopien nuevos elementos probatorios que permitan el progreso de la pesquisa. Esos elementos aparecen nuevamente en escena”, comienza el escrito que el abogado de Parrilli, Aníbal Ibarra, presentó en el juzgado del juez Rodolfo Canicoba Corral. La referencia es la denuncia que hizo la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, el 26 de mayo pasado, por la pinchadura de mails desde la exSIDE. Entre las más de 80 víctimas figura Majul. El periodista fue un actor protagónico en la trama del caso de las escuchas a CFK que en lugar de ser destruidas como había ordenado la Justicia se pasaron en el horario prime time de la TV.
La denuncia de Caamaño recayó en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi. Por eso, Parrilli reclama que se remita al "caso de las escuchas" la información que surja de aquel expediente.
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“Solicito que se reabra la investigación de esta causa y se requiera mediante oficio al juzgado donde tramita la causa ‘Arribas Gustavo Héctor s/ violación de correspondencia’” que “se remitan a su tiempo el contenido de todos los mails que se le hayan intervenido a Luis Majul, a fin de poder evaluar si de ellos surge dato alguno que pueda acreditar cómo fue el circuito de sustracción y distribución de las escuchas que tuvieron al suscripto como una de las víctimas”. “Desde ya –se aclara en el escrito- que la parte los compulsará para ejercer su actividad acusadora privada, pero sin que ello implique divulgación alguna de las cuestiones privadas que no tienen ninguna relación con el hecho investigado”.
La salvedad no es menor. El periodista se mostró muy preocupado en torno a una filtración de su correspondencia. Lo que es lógico. El punto en cuestión es que en la nueva presentación se busca determinar si allí no hay constancias de algún delito.
En el programa 4D que conducía Majul, tal como se recuerda en el escrito firmado por Ibarra, “se han reproducido numerosas escuchas telefónicas obtenidas ilegalmente y que oportunamente ameritaron la incoación de esta pesquisa”. “Ahora él mismo (Luis Majul) resulta espiado por quienes, o por interpósita persona, le suministraron el material merced al cual obscenamente difundió durante los últimos tres años, hasta el hartazgo periodístico. Hoy, al haberse enterado que él mismo (Majul) fue interceptado en sus correos electrónicos por parte de la AFI paralela reclama, enfáticamente y sin pudor alguno, que se garantice su derecho a la privacidad, algo que durante estos últimos años violó sistemáticamente para otros, entre los cuales se encuentra el aquí presentante”. A pesar de este duro apartado, en el pedido de reapertura del caso se resalta que el periodista “tiene derecho, obviamente, a que se resguarde su intimidad -cosa que él no hizo con la intimidad de otras personas-”.
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Para Parrilli y su representante legal, los mails del operador mediático “pueden ser de vital importancia para el avance de esta causa, pues fue Majul quien se proveyó de los insumos ilegales sustraídos de quién sabe dónde (la Corte también deberá dar en lo inmediato explicaciones institucionales) para pasarlo día tras día en su programa televisivo”.
Entre otras cosas, se destaca que Majul “nunca pudo hacerse de las” escuchas “si no fuera por un delito previo cometido por las autoridades de la AFI, o del tribunal donde se hallaban los CD, o de la fiscalía que enfáticamente requería la detención” de Parrilli “por un delito que luego fue desistido”, se añade en el escrito.
Tal como publicó este medio en junio de 2018, un hombre vinculado al actual Fiscal General porteño, Juan Bautista Mahiques, el mismo al que se señaló como quien presionó a una camarista penal e integraba la Mesa Judicial PRO, tuvo un rol clave en este caso. Se trata de Juan Ramella, subdirector de la oficina de Escucha Directa, dependencia que está bajo la órbita de la DAJuDeCO. Un documento al que tuvo acceso El Destape junto a más de una docena de fuentes revelaron el rol central que desempeñó este funcionario en las interceptaciones telefónicas destinadas a la cacería periodística contra CFK.
Según pudo saber El Destape, el juez Canicoba Corral le daría curso al pedido de Parrilli.