Operación Puf: cómo la AFI macrista le pasó las escuchas ilegales a Carrió para provocar una investigación en Comodoro Py

El 6 de febrero de 2019 se produjo un hecho que provocó un punto de quiebre en el devenir del Lawfare en la Argentina. Por eso en el gobierno de Mauricio Macri se activaron todas las alarmas. Y se multiplicaron las operaciones ilegales, de las que cada vez se conocen más detalles. 

Aquel día, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla allanó el domicilio del espía ilegal Marcelo D’Alessio, en el country Saint Thomas. El procedimiento se extendió hasta el día siguiente. Apenas unas horas después de que finalizara el operativo, el 7 de febrero del año pasado, la cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, subió un tuit en el que sostuvo que estaba en marcha “una operación para ensuciar a Stornelli”. La “Operación Puf” empezaba a mover sus engranajes. Para ese entonces, la dirigente de la Coalición Cívica ya había recibido el material que la AFI macrista había recopilado de forma ilegal en la cárcel de Ezeiza. Eran las transcripciones de las escuchas ilegales que Carrió llevó al día siguiente a Comodoro Py –vía Mariana Zuvic y Paula Oliveto- para darle impulso a la causa que creó la exSIDE para derribar el caso D’Alessio.

Una serie de datos revelan la desesperación del macrismo cuando se destapó el D’Alessiogate: las transcripciones que utilizaron para esa presentación de Carrió incluían conversaciones del 5 de febrero. La AFI retiró de la Dajudeco el cd 539 con la grabación ilegal de esos diálogos el 6 de febrero a las 15.33. Es decir, en 24 horas el organismo de inteligencia se encargó de desgrabar el material y hacérselo llegar a la cofundadora de Cambiemos para activar un plan que obstaculizara el trabajo de Ramos Padilla. La AFI tuvo esa escucha en su poder apenas un día. Y nunca pasó por un juzgado. Era una escucha ilegal. Evidentemente, en la Casa Rosada y en la central de espías tenían pleno conocimiento de que estaba por abrirse una caja de pandora en los sótanos de la democracia. 

Por eso, “Operación Puf” se transformó en un expediente paradigmático de persecución judicial en el que articularon su accionar los servicios de inteligencia, medios de comunicación hegemónicos y jueces y fiscales del Lawfare, que pronto mostraría todos sus hilos.

En la causa de los “Super Mario Bros” que tramita actualmente en Lomas de Zamora se comprobó que las escuchas que se utilizaron en Puf fueron ilegales, las tenía la AFI y luego llegaron las transcripciones a manos de Stornelli y Carrió. Reconstruyeron el circuito de las grabaciones y el rol que jugó una dirección puntual de la exSIDE: la de Jurídicos, a cargo de Juan Sebastián De Stéfano, un hombre cercano a Daniel “Tano” Angelici.

El circuito de la ilegalidad

La columna vertebral de la Operación Puf fueron las escuchas ilegales que la AFI macrista en complicidad con el Servicio Penitenciario Federal realizó en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. La excusa para grabar las conversaciones fue un expediente  que se abrió en los tribunales de Lomas de Zamora contra el narco Mario Segovia, en el que se intervinieron los teléfonos de los pabellones donde se encontraban detenidos los dirigentes políticos kirchneristas. La desgrabación de esas escuchas, por decisión de la justicia de Lomas de Zamora estaba a cargo del área de Contrainteligencia de la AFI. Pero nunca se envió ninguna transcripción a la causa Segovia. Tal como surge del expediente, desde la AFI siempre informaron que no surgía ninguna comunicación de interés para el caso. Pero está comprobado que hubo transcripciones. Ilegales, claro. Que realizó el área de Jurídicos y tuvieron otro destino cuando se produjo el allanamiento  en el domicilio de D’Alessio. 

Esas escuchas se utilizaron para presentar dos denuncias en Comodoro Py: una la presentó Stornelli pero como recayó en un juzgado que no era el deseado (el de Luis Rodríguez), Carrió se apuró en presentar vía Zuvic y Oliveto el mismo material, para probar mejor suerte (este mecanismo de selección de juez se llama fórum shopping). Esa denuncia le tocó, azares de los tribunales de Retiro, a Bonadío. En esa acusación de Carrió se dice claramente de dónde provenían las grabaciones: “En el material acompañado en el sobre enviado a la Dra. Carrió aparecen transcripciones de presuntas escuchas telefónicas ordenadas en la causa 41475/2016 por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nro. 2 de Lomas de Zamora”. Ese número corresponde al caso Segovia.

El abogado Alejandro Rúa, representante legal de Roberto Baratta, uno de los detenidos en Ezeiza, realizó este lunes una presentación ante la Cámara Federal porteña, que debe definir el futuro del caso: “Desde la AFI presentaron primero información distorsionada a la autoridad judicial para lograr la intervención de los teléfonos públicos de los pabellones penitenciarios que aquí interesan y así desplegaron acciones de inteligencia prohibidas sobre las personas allí detenidas, entre las que estaba mi asistido, y sus abogados defensores, entre los que me encuentro, en el marco de una maniobra de espionaje ilegal y persecución mucho más amplia”.  “En el despliegue de esa tarea concretaron la escucha ilegal de sus conversaciones, su injustificado análisis y su indebida transcripción, no sólo sin orden judicial sino también con fines ilegales, pues nada de ese trabajo paralelo de la AFI fue llevado al caso judicial que se usó como cobertura, sino que fue utilizado sólo para otros fines ilegítimos, y entre ellos su derivación a les denunciantes de nuestros casos”, añadió.

Para completar la operación ilegal, luego de que Carrió y Stornelli presentaran sus denuncias para derribar el D’Alessiogate en Comodoro Py, “ese mismo 8 de febrero de 2019, al mediodía, y sin que en aquella causa ‘Segovia’ de la jurisdicción federal de Lomas de Zamora surja ningún registro de que alguien se los pidiera, desde la Agencia Federal de Inteligencia se interesaron en remitir al juzgado de inmediato la totalidad de los registros de las grabaciones que tenían de las comunicaciones intervenidas en el marco de esa causa, que se habían ido acumulando allí desde hace varios años, en un total de 554 discos compactos”, señaló Rúa. Es decir, la AFI se sacó todas las escuchas de encima. 

Si bien todos esos cds se mandaron a destruir porque no eran útiles para la pesquisa de Segovia (a los fines prácticos, la AFI ya había escuchado y transcripto lo que consideraba necesario), Bonadío consiguió de la Dajudeco que le entregara copia de 40 discos que se grabaron entre el 1° de enero y el 10 de febrero de 2019. “Y así las escuchas se filtraron también, no solo las transcripciones”, indicó Rúa.

El blanqueo

Dada su ilegalidad, existían ciertos reparos sobre la utilización de esas escuchas en la causa judicial de Operación Puf. En ese contexto, las interceptaciones se reprodujeron por televisión, en los programas de Luis Majul y Jorge Lanata, el 26 de mayo de 2019, con el objetivo de “blanquearlos”. 

Tal como publicó este medio el domingo, al día siguiente de la difusión de los audios, Stornelli –vía su primer abogado, Roberto Ribas- se presentó en Operación Puf para ampliar la querella y acercó en un cd las escuchas que se filtraron por los medios amigos del macrismo. Dijo que tenía razón en no concurrir al juzgado de Dolores (en aquel momento se resistía a ir al juzgado a cargo de Alejo Ramos Padilla) y que notaba “una suerte de indudable tinte persecutorio”. “Nuestro pensamiento ha sido confirmado por una reciente información periodística en los programas de los Sres Jorge Lanata y Luis Majul”, señaló. 

Según Ribas -es decir, según Stornelli-, las conversaciones hacían referencia a “la supuesta complacencia del Juez federal de Dolores (en) el armado de una estrategia para perjudicar la figura de mi asistido” y “menoscabar la causa denominada ‘de los Cuadernos’”. Ese supuesto “armado” es el caso D’Alessio, que está a cargo del juez Alejo Ramos Padilla y en el que Stornelli fue procesado por sus vinculaciones con una banda paraestatal dedicada al espionaje clandestino. 

“La verdad siempre triunfa. La aparición de las escuchas legales (sic) demuestran la operación que se pretendió llevar a cabo y en realidad tuvo algún éxito, pero finalmente se acabó el ‘puf puf’”, cerró el representante letrado del fiscal, para luego pedir una serie de indagatorias.

Tras la filtración en los programas de Lanata y Majul, el 4 de junio de 2019, la fiscal Alejandra Mangano emitió un dictamen en el que le solicitó al juez medidas de “resguardo de información”. Entre otras cosas, hizo referencia a una “evidente litigiosidad” que las escuchas podrían tener ante “su incorporación a la causa” y le pidió al juez “la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre abogados y sus clientes”. También le requirió "la expresa exclusión de cualquier transcripción y/o audio en el que se den conversaciones entre personas privadas de su libertad y familiares o allegados, en cuanto los temas sean de índole personal, no susceptibles de investigación penal”. A la par, sostuvo que corresponde “realizar la debida denuncia penal” para “que se investigue la posible violación de secretos e incumplimiento de los deberes de funcionarios publico que podrían haber dado origen a dicha divulgación periodística”.

Tiempo después, Mangano se excusó de seguir interviniendo en el caso por su relación con el director de la Dajudeco, Juan Rodríguez Ponte.

Apelaciones y recusaciones

Si bien la Operación Puf fue cerrada por “inexistencia de delito” en primera instancia, fue apelada a fines de septiembre pasado por Stornelli, quien pretende que se reabra la pesquisa. Hizo lo propio el juez y abogado Juan Ramos Padilla, uno de los investigados en la causa, quien exige un sobreseimiento y no un archivo del caso además de que se investigue a todos los involucrados en la maniobra que buscó perjudicarlo. La Cámara Federal porteña debe resolver los planteos. 

El fiscal ante la instancia revisora, José Luis Agüero Iturbe, acompañó de manera peligrosa lo que pide Stornelli. Aún no está definido quiénes integrarán el tribunal que resolverá el futuro de esta causa paradigmática de persecución. Junto al camarista Mariano Llorens podrían tomar cartas en el asunto los recientemente repuestos Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes fueron puestos a dedo por Macri en esa cámara estratégica y tras un fallo de la Corte Suprema ejercen el cargo de manera provisoria. Este martes Bruglia y Bertuzzi fueron recusados por Juan María Ramos Padilla, quien hizo lo mismo con Llorens. Como el camarista Martín Irurzun está excusado de intervenir, la pretensión del juez y abogado es que no participen de este proceso ninguno de los integrantes de la cámara porteña.

Por su parte, en el escrito que presentó ante el tribunal revisor de Comodoro Py, Rúa reclamó que se deje archivado el caso y resaltó todas las irregularidades que se cometieron para darle vida y luego para evitar que se desvaneciera la Operación Puf. Incluso, al día de hoy, tiene posibilidades de resurgir.