Marchas y contramarchas en la megacausa de espionaje ilegal que preocupa a Macri

La megacausa de espionaje ilegal en la que se investiga el accionar de la AFI macrista y la banda de los Super Mario Bros intenta recobrar impulso, entre marchas y contramarchas. La investigación había sido herida de muerte luego de su paso de los tribunales federales de Lomas de Zamora a los de Comodoro Py, cuando la Cámara Federal porteña benefició a la mayoría de los imputados con la tesis del “cuentapropismo”. Pero una serie de medidas ordenada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi reactivaron la pesquisa. Este lunes estaba convocado a prestar declaración testimonial Mariano Macri, hermano del ex presidente, pero presentó un escrito en el que informó que se encontraba en mal estado de salud y pidió postergación. Para este martes había sido citada la interventora de la agencia de inteligencia Cristina Caamaño pero como optó declarar por escrito se extendieron los plazos para su respuesta. El próximo lunes, en el cronograma de citaciones figura el juez del "caso Moyano", Luis Carzoglio. El magistrado confirmó a El Destape que prestará testimonio por Zoom.

Recalculando testimoniales

Mariano Macri estaba citado para prestar declaración testimonial este lunes. El hermano de Mauricio no concurrió a Comodoro Py y según informaron desde su entorno presentó un escrito en el que manifestó que se encontraba mal de salud –tendría una bronquitis- y pidió postergación. Había expectativa sobre lo que podía decir Mariano, quien se refirió al espionaje de la AFI en sus conversaciones con el periodista Santiago O’Donnell que se volcaron en el libro Hermano. La hermana menor de los Macri, Florencia, es una de las decenas de víctimas que tiene esta causa, entre las que se cuentan CFK y Horacio Rodríguez Larreta. Entre finales de esta semana y el comienzo de la próxima se le fijará una nueva fecha de convocatoria.

Este martes, el juez tampoco contará con las respuestas de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. La funcionaria optó declarar por escrito al igual que el diputado nacional Diego Santilli, otra de las víctimas que tiene este caso. Santilli, cuando era vicejefe de gobierno porteño, fue espiado por agentes de la AFI nucleados en un grupo de Whatsapp llamado “Super Mario Bros”. Según indicaron fuentes judiciales, se estima que este miércoles se confeccionará el pliegos de preguntas para ambos.

Es de esperar que a la interventora de la exSIDE se la consulte por las escuchas ilegales que realizó la agencia durante el gobierno de Mauricio Macri. El 16 de febrero pasado, Caamaño se acercó al juzgado a cargo de Martínez de Giorgi para informar –en verdad, recordar- el hallazgo en la exSIDE de 105.000 registros (audios y transcripciones) de escuchas irregulares. Entre ellas, se encuentran las escuchas ilegales realizadas durante el macrismo en la cárcel de Ezeiza. Esas interceptaciones telefónicas se tomaron de forma irregular y debieron ser destruidas pero lejos de eso se usaron para armar una causa como la de Operación Puf que creó la AFI macrista para intentar contrarrestar el D’Alessiogate, a inicios de 2019. Las escuchas ilegales de dirigentes y empresarios detenidos es uno de los capítulos que tiene esta megacausa. Al concurrir a Comodoro Py, Caamaño informó sobre “un sistema informático denominado ‘SIDEA’ que recibía a través de un enlace digital punto a punto interceptaciones telefónicas realizadas por la DAJUDECO (dependiente de la Corte Suprema)”.

El lunes 28 de marzo se espera un testimonio que puede volver a complicar al exdirector de Asuntos Jurídicos de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano, quien ya estuvo procesado en este expediente por el armado de causas desde la AFI y las escuchas en Ezeiza. Es que para esa fecha, Martínez de Giorgi citó al juez de Avellaneda Luis Carzoglio, quien ya en pleno macrismo denunció que dos directivos de la AFI macrista, De Stéfano y Fernando Di Pasquale, fueron a presionarlo a su juzgado a fines de agosto de 2018 para que ordenara la detención de Pablo Moyano. “Voy a declarar por Zoom. Voy a decir todo lo que sé, como siempre”, le aseguró a El Destape.

Carzoglio volvió a contar el pasado 22 de febrero cómo fue aquel apriete. Lo hizo en la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. “El presidente está interesado en la detención a Pablo Moyano”, le dijo De Stéfano, relató el magistrado. Di Pasquale agregó que estaban “obsesionados” con ese tema. Carzoglio definió a Macri como “el máximo responsable” de la maniobra. El juez también afirmó que los mismos dos espías que fueron a apretarlo hicieron lo mismo con el juez anterior del caso Moyano, Gabriel Vitale. Esos dos agentes también le acercaron un borrador a Vitale con la detención de Hugo y Pablo Moyano ya escrita. Vitale también fue convocado por la bicameral de inteligencia y ratificó lo dicho por Carzoglio. Martínez de Giorgi ya solicitó a la comisión parlamentaria que envíe las declaraciones de los dos jueces. Hugo y Pablo Moyano son otras de las víctimas que tiene esta causa ya que también fueron espiados por los “Super Mario Bros".

De Stéfano se vio beneficiado con el fallo de la Cámara Federal porteña que consideró que las maniobras de inteligencia ilegal fueron realizadas por cuentapropistas. Los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, ambos designados por Macri –el último a dedo, de forma irregular-, le revocaron el procesamiento que le había dictado el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé.

Finalmente, el próximo 4 y 5 de abril, Martínez de Giorgi espera la testimonial de dos testigos de identidad reservada.

Entre los planteos que tiene para resolver el magistrado se cuenta el pedido de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia para ser tenida como amicus curiae (Amigos del Tribunal). En el escrito que presentó la comisión presidida por el diputado Leopoldo Moreau se explica que se busca colaborar “mediante cuestiones de carácter técnico en materia de inteligencia, de derechos y aportar elementos derivados de la investigación que viene llevando” a nivel parlamentario sobre “la intervención que le cupo a la Agencia Federal de Inteligencia, sus autoridades y agentes orgánicos e inorgánicos, así como, sobre el desvío de sus recursos, durante el período 2016-2019”.

Es que la comisión analizó esta megacausa para el Informe “Espionaje Ilegal en el período 2016-2019”. Ese trabajo, que se agregó como adjunto en la presentación para ser tenidos como amicus curiae, choca de frente con la teoría del cuentapropismo que suscribieron Llorens y Bertuzzi.

La megacausa de espionaje ilegal que hoy está en manos de Martínez de Giorgi se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde el juez Augé dictó el procesamiento de 38 personas, entre los que se contaban los jefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, directivos como De Stéfano y el jefe de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, además de la cúpula del Servicio Penitenciario Federal. También había sido procesada Susana Martinengo, que trabajaba en la Casa Rosada. Pero la pesquisa quedó paralizada al pasar a los tribunales de Retiro donde dos jueces designados por Macri favorecieron a la mayoría de los acusados con la tesis del “cuentapropismo”. Una batería de medidas que ordenó días atrás Martínez de Giorgi reactivó la investigación.