La Justicia abrió una investigación este viernes para determinar los alcances de la pinchadura de mails a más de 80 dirigentes políticos, sindicalistas, periodistas, intelectuales y policías que se realizó de forma ilegal desde la AFI macrista. El fiscal federal Jorge Di Lello pidió esta mañana una serie de medidas de prueba para precisar las responsabilidades de los imputados en este caso: el expresidente Mauricio Macri, el exdirector del organismo de inteligencia, Gustavo Arribas, su segunda, Silvia Majdalani y tres espías. La denunciante, Cristina Caamaño, interventora de la exSIDE, los señaló como responsables de este espionaje ilegal. Por eso en su presentación solicitó a la Justicia que los cite a prestar declaración indagatoria.
Este viernes, el fiscal Di Lello le dio impulso penal a la denuncia y le requirió al juez Marcelo Martínez de Giorgi que tome una serie de medidas de prueba, entre las que se destacan:
-Que se pida a la AFI los legajos de los agentes involucrados en este expediente; la nomina “de todo el personal contratado desde diciembre del año 2015 hasta diciembre de 2019” así como un diagrama completo de la estructura de la secretaría, ya que quiere tener un mapa de cómo funcionaba la AFI M. También solicita “todas las ordenes de reunión de información que existieran en esa agencia federal respecto de las personas detalladas en la denuncia”. Entre los espiados figuran actuales ministros de la Nación, como Elizabeth Gómez Alcorta, gobernadores como Omar Perotti, líderes de centrales sindicales, como Héctor Daer, y dirigente de organismos de DD.HH, entre otros.
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-El fiscal solicitó que “se le tome declaración testimonial al personal contratado (de la exSIDE) para que informen las instrucciones recibidas respecto a los hechos investigados, por parte de los ex funcionarios Arribas y Majdalani”. Y requirió la testimonial de los funcionarios y empleados del organismo que participaron “en el protocolo de recolección de datos efectuados sobre el disco rígido marca Western Digital” donde se halló el listado “a fin de determinar con exactitud cuál fue el procedimiento de recuperación de datos del mismo”.
-Por otra parte, Di Lello ordenó una pericia informática oficial para determinar “qué tipo de información contiene el disco rígido acompañado”. Pretende que se precise quiénes tuvieron acceso a la información al momento de su producción y que se “individualice los correos electrónicos que surgen del disco rígido”. A la par, busca que se “identifique en cada caso el asunto de cada uno de los correos electrónicos hallados” así como “también respecto de su contenido y archivos adjuntos”.
Con toda la prueba reunida, Di Lello solicitó al juez que se le vuelva a correr vista del expediente para expedirse sobre el pedido de indagatoria que hiciera Caamaño y que alcanza a Macri, Arribas y Majdalani, entre otros.
El caso
La denuncia que presentó la interventora de la AFI en los tribunales de Comodoro Py es por “producción de inteligencia ilegal” contra dirigentes políticos, periodistas, intelectuales y policías. Según la presentación, al menos desde el 2 de junio de 2016, se realizó espionaje ilegal sobre correos electrónicos privados de más de 80 personas.
Caamaño solicitó que se cite a prestar declaración indagatoria a Macri en este caso porque es el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
“Reunidos los elementos probatorios que acreditan los dichos contenidos en esta denuncia, solicito se cite en los términos del art. 294” a los acusados, escribió Caamaño. Luego citó a tres agentes cuyos nombres mantendremos en reserva. Uno de ellos fue jefe de gabinete de Majdalani, a quienes reportaban los otros dos espías. Su nombre ya se había mencionado en el marco del D’Alessiogate. Bajo el mismo artículo, la interventora pidió la convocatoria de Arribas, exdirector General de la AFI, y a Majdalani, exsubidirectora. “Asimismo, solicito se cite en los mismo términos al Señor Mauricio Macri”, afirmó Caamaño en su presentación.
La información que se volcó en la denuncia fue recuperada de un disco rígido marca Western Digital, que había sido borrado. ¿Cómo se accedió a ella? “En el marco de la intervención decretada por el PEN, se procedió al análisis de rutina de distintos soportes tecnológicos utilizados en áreas sensibles de esta agencia”, se explicó desde la agencia, y fue entonces que “se procedió a analizar el contenido de un disco rígido marca Western Digital”. La sorpresa fue grande cuando “se encontraron rastros digitales que dan cuenta de la conexión de dispositivos externos a este disco en los que se almacenaba información de inteligencia sobre personas vinculadas a la actividad política de nuestro país, periodistas, dirigentes, fuerzas policiales, entre otros”.
Tal como surge del análisis del material, “se procedió al borrado de la información que el mismo contenía, pero ello no de manera segura, por lo que fue posible reestablecerla -con algunas falencias del sistema-, a fin de acreditar los extremos esbozados en la presente denuncia”.
A través de los datos recuperados se logró “detectar el registro de conexión de dispositivos extraíbles (pen drives) en los cuales se había realizado un proceso sistémico de colección de información correspondiente a correos electrónicos privados”.
Los espiados
¿A quiénes espió el macrismo? Si bien se estima que la lista de espiados es mucho mayor, a partir de este registro se logró detectar que se les pinchó el mail a propios y ajenos. Aparecen muchos dirigentes del Frente de Todos, en especial aquellos más ligados al kirchnerismo, y varios actuales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández como figura Elizabeth Gómez Alcorta, actual ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pero que por entonces era abogada y defendía a Milagro Sala, primera presa política del macrismo.
Entre las espiadas también figura Verónica Magario, actual vicegobernadora bonaerense y entonces intendenta de La Matanza. Y el gobernador de Santa Fe Omar Perotti, por entonces senador.
Otros dirigentes vinculados al kirchnerismo que fueron espiados son el diputado Rodolfo Tailhade, que era miembro del Consejo de la Magistratura; Martin Sabbatella, Gabriela Cerruti, Martín Doñate, Marcos Cleri y Adrián Grana. Muchos manifestaron su repudio por redes sociales.
Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo y por entonces jefe de bloque en la legislatura porteña, también fue espiado. Lo mismo Carlos Raimundi, actual embajador ante la OEA, por citar otros ejemplos.
Entre los sindicalistas figura Héctor Daer, secretario general de la CGT y por la policía, el ex jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin. También aparece el ex gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck y hasta el periodista y operador mediático, Luis Majul.
Además, el macrismo también espió a los propios: es que en el listado figuran desde la extitular de la OA, Laura Alonso, hasta Nicolás Massot, que era el titular de la bancada PRO. También están entre las víctimas dirigentes importantes de Cambiemos como los radicales Mario Negri, Ernesto Sanz, Ángel Rozas y Mario Barletta.