La causa por espionaje ilegal de la AFI macrista contra dirigentes de todo tipo tiene una línea de investigación que aún no fue explotada en toda su dimensión: la que involucra a integrantes del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Según se desprende de documentos y testimonios, la banda de la exSIDE realizó tareas de inteligencia ilegal en unidades penales como la de Ezeiza, donde estaban los llamados “presos K”. Incluso hubo operativos en esa cárcel que así lo acreditan. El juez federal que inició la investigación, Federico Villena –al que luego la Cámara de La Plata le quitó el expediente por sospechas de parcialidad-, también realizó allanamientos en sedes del SPF. Allí halló material de todo tipo. Tan es así, que tras esos procedimientos hubo renuncias y el gobierno nacional realizó cambios drásticos en la conducción del servicio. Hasta fueron sumariados todos los integrantes del área de inteligencia del SPF. Misteriosamente, a la hora de las detenciones e indagatorias, Villena no convocó a ninguno de los miembros del SPF involucrados en el expediente.
Ahora, el caso de las escuchas en la cárcel vuelve a mencionarse en diversas declaraciones.
Blanco y Suriano
El nexo entre la AFI y el SPF fue el jefe de inteligencia del servicio, Cristian Suriano. Quien había hecho ese puente fue el exAFI y Policía de la Ciudad, Jorge “Turco” Sáez. Él se lo presentó a Alan Ruiz, el líder de los Super Mario Bros. El vínculo se retrotrae al 2015. Es decir, que Ruiz y Suriano eran dos viejos conocidos. Sáez, por su parte, es uno de los imputados en la causa por espionaje y tiene una larga trayectoria en la inteligencia penitenciaria.
En su testimonio ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, Sáez relató que Suriano se reunió con Silvia Majdalani, la subdirectora de la agencia en tiempos de Mauricio Macri. El propio Ruiz confirmó ese encuentro y hasta dijo que formó parte.
Ruiz era director de Operaciones Especiales de la AFI y en su declaración indagatoria del 8 de julio aseguró que visitó el penal de Ezeiza, donde estaban los presos K. ¿Quién lo llevó? Suriano. El dato no es menor: Ruiz es acusado de "cablear" la cárcel de Ezeiza con ayuda del SPF.
Según su testimonio en sede judicial, durante su visita a Ezeiza estuvo acompañado por tres integrantes de los Super Mario Bros, todos imputados en este expediente: Martin Terra, Dominique Lasaigues y Mercedes Funes. Enmarcó la recorrida en un análisis del contexto de encierro. Reconoció que “lo llevaron a conocer el pabellón denominado IRIC”, donde estaban los “presos K”.
Ruiz también relató que antes de esa visita se había desarrollado un encuentro entre los directores de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Majdalani, y quien era el director del SPF, Emiliano Blanco. Ruiz también conocía a Blanco hacía años: desde 2016, lo que confirma la red de relaciones que entrecruza a todos los involucrados en la causa por espionaje ilegal.
El jueves pasado, Ruiz amplió su indagatoria y se desdijo en pos de acomodar su relato al de Arribas y Majdalani. Aseguró que las respuestas de su primera indagatoria las dio "porque estaba sugestionado” y que quería corregir algunas cosas, entre ellas, sus menciones respecto a las unidades penitenciarias de Ezeiza y Melchor Romero. Es que a la luz de las pruebas de los "cableados" en esas cárceles, su primer testimonio lo pudo haber perjudicado.
Blanco y Suriano –los dos habían continuado en sus cargos tras el macrismo hasta que explotó este escándalo- no fueron los únicos involucrados del SPF en esta causa de espionaje ilegal.
Un testigo de identidad reservada sumó a Fernando Carra, “quien se presentaba como asesor de Emiliano Blanco”; y a Miguel Ángel Perrota, jefe de Asuntos Internos del SPF.
El testigo dijo que Carra realizaba “entrevistas irregulares con internos, en especial del programa IRIC por causas mediáticas y de narcotráfico”. También describió un “centro de monitoreo que era utilizado para observar la actividad que realizaban los internos que estaban dentro del programa IRIC y que con esa información” luego se buscaban “acuerdos con esos internos para morigerar su pena o incluirlos en regímenes de privilegio”.
De acuerdo a este testigo, Carra “formaba parte de un engranaje manejado por Emiliano Blanco del cual participaban” Perrota y Suriano. Estos dos funcionarios penitenciarios “se encargaban de la parte logística, es decir, recolectar información a través de la observación de los internos del programa IRIC por medio de cámaras y micrófonos. Para ello, utilizaban muchas veces órdenes judiciales dirigidas a investigar a determinados internos, distorsionándolas para obtener información del resto de los internos del pabellón, haciendo hincapié en internos ex funcionarios kirchneristas, mediáticos y por causas de narcotráfico”.
En una entrevista con Infobae, Carra negó las acusaciones en su contra.
Lo cierto es que el 27 de mayo, cuando Villena estaba al mando del expediente, allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF.
Según aseguraron a El Destape, en la causa ya hay alrededor de 6.800 elementos secuestrados.
Para fuentes con acceso al expediente, la decisión de Villena de no llamar a indagatoria a los integrantes del SPF pudo haber sido una causal de recusación. Lo cierto es que no hubo ningún planteo al respecto contra el magistrado porque la Cámara Federal de La Plata lo desplazó del caso antes de que terminase de tomar las indagatorias que había convocado.
La causa Segovia
El nombre de Suriano aparece en la “causa Segovia”. Este expediente, que se abrió para investigar al narco Mario Segovia, en el marco de un caso relacionado al hallazgo de un artefacto explosivo en un aeropuerto de Paraguay, fue la coartada por la cual la AFI pudo tener acceso a las conversaciones de los detenidos en Ezeiza, que luego fueron filtrados a medios de comunicación hegemónicos y hasta se utilizaron para armar la “Operación Puf”, la causa con la que el macrismo buscó derribar el D'Alessiogate.
La metodología fue similar a la de la causa G-20 y el espionaje a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, vía un juzgado federal de Lomas de Zamora se utilizó una causa judicial (en este caso, una que involucraba a un narco) para tener acceso “legal” a las todas conversaciones de los llamados “presos K”. Esas intervenciones se tenían que haber destruido porque no tenían que ver con el “caso Segovia” pero se utilizaron para operar políticamente en los medios.
Primero, el 30 de junio de 2017, el juez Villena ordenó al SPF un “minucioso seguimiento y vigilancia” de Segovia, detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. En el marco de este expediente ordenó su “vigilancia electrónica por medios fílmicos con audio”. Es decir, se tuvo acceso al penal con cámaras “legalmente” habilitadas.
Luego, el juez federal subrogante Alberto Santa Marina decidió “autorizar a la Agencia Federal de Inteligencia –Contrainteligencia-, para que cumpla con las transcripciones telefónicas de los abonados intervenidos, teniendo en cuenta que respecto del ubicado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza se identificará el horario de uso de las líneas telefónicas del interno Mario Segovia y se transcribirán solo aquellas llamadas que efectúe dicho interno, para lo cual se requirió al Servicio Penitenciario Federal que informe el horario de uso de las líneas telefónicas en cuestión por parte del nombrado, información que será enviada a esa sede a fin de que se proceda conforme lo dispuesto”.
Es decir, solo se debía desgrabar lo conversado por Segovia. Pero eso no pasó y los audios de exfuncionarios K circularon por programas periodísticos entonces oficialistas.
La AFI y las escuchas de Ezeiza
Este jueves una exespía de la AFI -cuya identidad se preservará por cuestiones de seguridad- relató cómo la agencia de inteligencia en tiempos de Macri se hizo con las escuchas del penal de Ezeiza. En la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, la exagente afirmó que había un doble mecanismo de escuchas en la agencia. Y puso como ejemplo la “causa Segovia”.
La mecánica burocrática de las escuchas tenía el siguiente recorrido: un juez pedía una intervención telefónica, la Dajudeco -que depende de la Corte Suprema - la ejecutaba y luego la AFI hacía la desgrabación. Pero había dos dependencias en la agencia dedicadas a eso. Es decir, que las escuchas pasaban por varias manos. Una era la dirección de Contrainteligencia. La otra, por decisión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, la dirección de Jurídicos, cuyo director era Juan Sebastián “Enano” De Stéfano. Un hombre de Daniel “Tano” Angelici.
En Jurídicos, el hombre a cargo de las escuchas y sus transcripciones era Mariano Ruda Bart. “Tenía las escuchas de todo. Ellos centralizaron todo”, indicó la exagente. “¿De Segovia?”, le preguntaron los legisladores de la bicameral parlamentaria. “Sí. Y de todo lo otro que entraba por escuchas”, respondió la exespía, quien declaró por más de cuatro horas.
De acuerdo al relato de esta exagente, la dirección de Contrainteligencia se enfocó en las desgrabaciones de Segovia. Pero el CD también estuvo en la dirección de Jurídicos. Ruda Bart dejó en claro en una reunión que había estado oyendo el material porque -de acuerdo al relato de la exespía- ante una consulta por una información puntual, respondió: “Eso salió de las escuchas del penal.”
Las escuchas llegaban desde la Dajudeco “en CD y vos hacías doble click y empezabas a escuchar. Si no era Segovia lo cerrabas”, señaló y dejó en claro que en el CD había audios de otros presos.
El testimonio coincide con el del director de Contrainteligencia de la AFI macrista, Martín Coste. Coste también está imputado y este viernes fue indagado en el caso del espionaje ilegal que tramita en Lomas de Zamora. Según declaró este agente de carrera en el Congreso, bajo su órbita había dos o tres personas que escuchaban las intervenciones a teléfonos que les enviaban los jueces y las desgrababan. “Pero había muchas líneas telefónicas tomadas y no nos dejaban tener más gente de escuchas telefónicas. Entonces, el área de Jurídicos armó una dirección, que se llamaba ‘Asistencia al Crimen Organizado y Delitos Federales Complejos’, si mal no recuerdo, que hacían transcripciones”, relató. Es el área que estaba bajo el mando de Ruda Bart.
Antes de Jurídicos, esa tarea paralela estuvo a cargo de un área inorgánica, que se llamaba Gabinete B. “Existía desde 2016” y “estaba a cargo una persona de nombre Teo”. Hacían "escuchas y transcripciones”, agregó la exagente de la AFI el jueves en la bicameral de inteligencia.
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