El juez Pablo Bertuzzi, puesto a dedo por Mauricio Macri en la Cámara Federal porteña, resolvió que sea Julián Ercolini el magistrado que investigue el caso D’Alessio en los tribunales de Comodoro Py. Se trata de un caso paradigmático del espionaje ilegal macrista. La decisión la tomó luego de que la Casación Penal definiera que la causa debía abandonar los tribunales de Dolores. La razón de Bertuzzi para dejar la investigación en uno de los jueces del Lawfare fue declarar la conexidad con un expediente que se inició en los tribunales de Retiro en 2019 a instancias del propio fiscal procesado Carlos Stornelli, quien había denunciado al espía ilegal Marcelo D’Alessio por “defraudación” para intentar sacarle la pesquisa al juez Alejo Ramos Padilla, que avanzaba sobre una organización paraestatal dedicada a tareas ilegales de inteligencia. De hecho, hace más de dos años Ercolini le planteó a Ramos Padilla que dejara de intervenir y le pasara toda la investigación a él. Ese intento fracasó. Pero la denuncia le dio sus frutos a Stornelli. Este 6 de enero, el fiscal recibió el fallo de Bertuzzi como un regalo de los Reyes Magos de Comodoro Py.
A raíz de esta resolución, Ercolini podría quedarse con otras causas de espionaje ilegal que preocupan al macrismo como la de las Bases AMBA, en las que están procesados 27 integrantes de la AFI macrista por un espionaje masivo en la provincia de Buenos Aires, y hasta la del espionaje a los familiares de la tripulación del ARA San Juan donde fue procesado el expresidente Macri. Ambas investigaciones están relacionadas al caso D’Alessio y tramitan por ahora en los tribunales de Dolores, que actualmente está siendo subrogado por el juez Martín Bava.
Cuestión de competencia
Este jueves el juez Bertuzzi resolvió un conflicto de competencia entre la jueza María Eugenia Capuchetti (designada por Macri en Comodoro Py) y Ercolini. Ninguno de los dos magistrados decía querer quedarse con el caso D’Alessio. Capuchetti se declaró incompetente y se lo pasó a su par a cargo del juzgado federal Nº10 por conexidad con la causa CFP 1406/2019, caratulada “D’Alessio, Marcelo s/defraudación”. ¿Quién fue el denunciante en esa causa? Carlos Stornelli, quien sostiene en ese expediente que fue víctima de D’Alessio. Dice que fue engañado por él, quien pedía dinero a su nombre, algo que se desmorona con ver la prueba que compromete al fiscal federal. Hay chats en los que el fiscal le pide al espía ilegal que haga operaciones ilegales. El fiscal y D'Alessio mantenían un contacto fluido: Llegaron a intercambiar 92 mensajes de Whatsapp en apenas 11 horas.
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La realidad es que ese expediente se creó en Comodoro Py apenas estalló el D’Alessiogate para intentar sacar la causa de la justicia de Dolores, donde el juez Ramos Padilla avanzaba a paso firme y desvelaba una red paraestatal dedicada al espionaje ilegal conectada con el mundo judicial, político y periodístico. En esa causa Stornelli y hasta la AFI macrista fueron aceptados como querellantes por Ercolini. Es decir, el magistrado porteño dio pie a la tesis defensiva del fiscal, que estaba siendo investigado por un juez de otra jurisdicción.
¿Qué decía Stornelli en 2019? Que D’Alessio pedía dinero en su nombre. Ercolini, que indagó a D’Alessio hace más de un año y nunca resolvió su situación procesal, le llegó a pedir a Ramos Padilla que dejara de intervenir y le pasara toda la investigación a él. Ramos Padilla rechazó ese pedido en duros términos y criticó a su par porteño por su actitud, que lo obligó a levantar el secreto de sumario que había decretado en la pesquisa. La decisión de Ercolini fue clara en aquel entonces: buscaba voltear el caso D’Alessio y blindar al fiscal de la causa de las fotocopias de los Cuadernos.
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A diferencia de su actitud de aquel entonces, en los últimos días, cuando el caso D’Alessio arribó a su juzgado, Ercolini rechazó quedárselo. Argumentó que en la causa que le llegó de Dolores “se investiga la existencia de hechos delictivos de mayor gravedad”. También dijo que en el caso “… sólo se evidenciaría una posible similitud de objeto procesal con la maniobra relativa al ‘caso Etchebest’”. Si es así, la pregunta es por qué más de dos años atrás pidió la inhibitoria a Ramos Padilla.
Lo concreto es que a fines de diciembre pasado se trabó el conflicto de competencia porque ni Capuchetti ni Ercolini aceptaron tomar el caso y Bertuzzi, que ocupa el rol de camarista de forma irregular, decidió este jueves que sea Ercolini el juez del D’Alessiogate. Se tomó de los argumentos de Capuchetti.
“Examinado el planteo suscitado se advierte que ambas encuestas se hallan estrechamente vinculadas entre sí, en cuyo sentido resulta conducente que las pesquisas avancen bajo la dirección de un mismo magistrado”, señaló el juez que fue designado en la instancia revisora de Comodoro Py por Macri vía traslado, es decir, sin concursar para el cargo. Bertuzzi, al igual que Leopoldo Bruglia, ocuparán un sillón en la Cámara porteña hasta que se resuelve el concurso que definirá a los camaristas naturales de ese tribunal.
En este caso los jueces designados por Macri jugaron un rol central.
- Capuchetti, nombrada por el expresidente, le pasó el D’Alessiogate a Ercolini.
- Cuando se trabó el conflicto de competencia, porque ni Capuchetti ni Ercolini dijeron querer quedarse con la causa, Bertuzzi -designado a dedo por Macri- resolvió que la causa le sea adjudicada al segundo, que había tenido previamente una denuncia de Stornelli contra D’Alessio.
- A fines de diciembre pasado, dos camaristas de Casación nombrados por el exmandatario, Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo, fueron quienes junto a Eduardo Riggi resolvieron sacar la causa de los tribunales de Dolores donde estaba pronta a ser elevada a juicio y la llevaron a Comodoro Py.
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Tan irregular fue el fallo casatorio que Yacobucci explicó que abrieron el recurso para tratar la competencia de forma excepcional porque lo que abordaron no es materia de Casación.
En su voto, Riggi, le tendió una mano Stornelli quien en su recurso ante la Casación no solo buscó sacar la causa de Dolores sino también que se le quite el procesamiento que pesa en su contra por dos hechos: los casos Ubeira y Castañón. ¿Qué dijo Riggi? “Resultaría prudente que la nueva jurisdicción que hemos entendido competente, reformule esas dos concretas intimaciones -casos ‘Ubeira’ y ‘Castañon Distefano’- y las analice nuevamente, de modo tal de asegurar la vigencia del principio de congruencia, la eventual relevancia jurídico penal de los hechos, el respeto al derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal”. Es decir, hizo un llamado a que se revise el procesamiento del fiscal con asiento en Comodoro Py.