El caso D’Alessio, donde se investiga a una red paraestatal dedicada al espionaje ilegal durante el macrismo, dejará de tramitar en los tribunales de Dolores y pasará a Comodoro Py. Así lo resolvió la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo una excepción a la regla y abordó un planteo de incompetencia. Se trata de una nueva “buena” noticia judicial que recibe el macrismo por parte de los tribunales de Retiro en un puñado de días.
Los camaristas Guillermo Yacobucci (quien lideró el voto), Javier Carbajo y Eduardo Riggi fueron quienes resolvieron que la causa en la que están involucrados el espía ilegal Marcelo D’Alessio, exagentes de la AFI, el fiscal Carlos Stornelli, el fiscal Juan Bidone y el periodista de Clarín, Daniel Santoro, entre otros, deje de investigarse en Dolores. Los primeros dos magistrados fueron designados por Macri en la máxima instancia penal del país.
Ahora, la causa que empezó a develar el espionaje ilegal macrista y estaba pronta a ser elevada parcialmente a juicio oral, deberá sortearse en Comodoro Py para ver qué juez federal porteño la tendrá a su cargo.
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Tan irregular es el fallo casatorio que Yacobucci explicó que abrieron el recurso de forma excepcional porque lo que abordaron no es materia de Casación: “Sin desconocer que -en principio- las decisiones en materia de competencia no constituyen sentencia definitiva, se puede hacer excepción de esa regla en casos como el presente, en donde de la resolución recurrida se deriva un perjuicio que podría ser de imposible reparación ulterior”, se justificó el juez que fue designado por Mauricio Macri en 2018.
La Cámara de Casación solo abrió el recurso para abordar la cuestión de incompetencia. No hizo lugar a otros planteos de Stornelli, quien pretendía que se revise el procesamiento que le mantuvo la Cámara Federal de Mar del Plata en este caso por 2 hechos. Ni a los que hicieron diversos querellantes para que se analice la falta de mérito que recibió el fiscal de Comodoro Py en otros hechos por parte del mismo tribunal inferior.
Para decidir el paso del caso a Comodoro Py, la Casación se inclinó por la postura del Ministerio Publico Fiscal y el procesado Stornelli.
De acuerdo a Yacobucci, el “núcleo organizativo” de la banda de agentes, fiscales y periodistas investigada “es ajena al espacio de competencia del Juzgado Federal de Dolores. Es más, a esta altura del proceso, no hay mayores dudas en punto a que tendría su principio de operatividad en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde corresponde, por tanto, que continúen siendo investigados los hechos aquí bajo estudio”, señaló.
Los tres camaristas resaltaron que cuando la Cámara Federal de Mar del Plata mantuvo la competencia de Dolores lo hizo de forma provisional por el carácter embrionario de la investigación. Pero que eso cambió. Según Yacobucci “cumplido ya un lapso prolongado, cabe ordenar el progreso de esta causa, definiendo la competencia con el fin de impedir el fracaso de una investigación sobre hechos de especial gravedad y donde aparecen implicados sujetos con roles en estructuras de poder estatal o a estas vinculadas”.
Para respaldar el pase de esta causa emblemática a los tribunales de Retiro, Yacobucci señaló que para determinar en qué jurisdicción debe investigarse una asociación ilícita se debe analizar “el núcleo de irradiación de su actividad sospechada”. No obstante, la decena de hechos investigados en esta causa acontecieron en diversas jurisdicciones como Pinamar, Ezeiza, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, por citar tan solo algunas localidades y provincias.
En la misma línea que Yacobucci se manifestaron Carbajo y Riggi, quienes integraron la sala II que intervino en este caso porque otros jueces se excusaron o fueron recusados. Por ejemplo, otro camarista designado por Macri, Daniel Petrone, se corrió de esta causa por su “íntima amistad” con el exministro de Justicia Germán Garavano, que también fue involucrado en esta megacausa.
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De acuerdo a Carbajo, “se ha logrado delimitar con mayor rigurosidad el objeto procesal -aun reconociendo la etapa en la que se encuentra la causa- observándose que, en lo sustancial, las maniobras denunciadas no habrían acontecido en el ámbito territorial de competencia del Juzgado Federal hasta la fecha actuante”. Este camarista, también nombrado por Macri, “se observa que los hechos examinados se vinculan con la intervención de estructuras estatales asentadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las presuntas maniobras ilícitas se habrían realizado, en gran medida, dentro del territorio de la citada localidad.”
Por su parte, Riggi, afirmó: “En miras de una mejor y más pronta administración de justicia, y ponderando que la mayoría de las imputaciones habrían acaecido inequívocamente en el ámbito capitalino, habremos de acompañar -insistimos- la solución que viene propuesta” por Yacobuci.
En su voto, Riggi, le tendió una mano Stornelli quien en su recurso ante la Casación no solo buscó sacar la causa de Dolores sino también que se le quite el procesamiento que pesa en su contra por dos hechos: los casos Ubeira y Castañón. ¿Qué dijo Riggi? “Resultaría prudente que la nueva jurisdicción que hemos entendido competente, reformule esas dos concretas intimaciones -casos ‘Ubeira’ y ‘Castañon Distefano’- y las analice nuevamente, de modo tal de asegurar la vigencia del principio de congruencia, la eventual relevancia jurídico penal de los hechos, el respeto al derecho de defensa y la garantía del debido proceso legal”. Es decir, hizo un llamado a que se revise el procesamiento del fiscal con asiento en Comodoro Py.
Quiénes son los jueces de la resolución
Este fallo es una nueva demostración de que la estrategia de Macri de una retaguardia judicial propia fue efectiva. El ex presidente tuvo claro que era en la Cámara de Casación, la máxima instancia penal del país, donde tenía que contar con jueces propios. ¿Por qué? Porque revisa todos los casos en materia penal, entre ellos los de espionaje. Y vaya si lo logró: de los actuales 12 miembros de Casación hay 5 nombrados por Macri, uno de ellos, Carlos Mahiques directamente a dedo. Dos de los designados por Macri son Yacobucci y Carbajo, que ahora lo benefician con el traslado de esta megacausa de espionaje al pantano de Comodoro Py. Los otros designados por el ex presidente son Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, que hacen mayoría en otra de las salas clave.
Yacobucci fue designado por Macri el 10 de julio de 2018; Carbajo el 27 de diciembre de ese mismo año. Los dos, vale decir, concursaron para el cargo.
De los 7 restantes solo 3 no están alineados con Cambiemos, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma. Es más: Slokar, que ahora preside la Casación, le había tocado intervenir en este expediente pero fue apartado gracias a una maniobra digitada por Elisa Carrió.
Los demás jueces de Casación que no fueron nombrados por Macri pero se alinearon con sus intereses son los siguientes: Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, sus asiduos visitantes en Olivos -tal como reveló El Destape-, el varias veces denunciado por violencia de género Juan Carlos Gemignani y Eduardo Riggi, el tercer juez que sumó su firma a este nuevo favor judicial para Macri.
De Riggi vale la pena revisar el perfil que escribieron Paula Litchvasky y Ximena Tordini en la revista Crisis: “Egresado de la UCA, fue nombrado juez en 1978, luego de haber hecho sus primeros pasos judiciales en el Camarón, un tribunal creado por el dictador Agustín Lanusse para perseguir a la subversión. Su padre fue juez y, hoy, tres de sus hijos son judiciales. Es miembro fundador de la Cámara Federal de Casación Penal: la integra desde que fue designado por Carlos Menem en 1992 para su primera conformación. En las charlas telefónicas del verano de 2011, se referían a él como ‘Don Eduardo’”. Las autoras recuerdan como Riggi fue parte del entramado del pago de coimas para direccionar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra.
“La fiscal federal Paloma Ochoa pidió que el juez Eduardo Riggi fuera llamado a indagatoria porque, afirmó, ‘estamos en condiciones de sostener que no solo estaba al tanto de las maniobras ejecutadas por el resto de los imputados (ya procesados) sino que además formaba parte de un pacto previo que culminaría con la entrega del dinero prometido a contraprestación de la resolución judicial buscada’”, reconstruyeron Litchvasky y Tordini. Pero la corporación judicial lo cuidó: Norberto Oyarbide lo sobreseyó y lo mismo todas las instancias superiores, incluida la Corte Suprema.
Además de beneficiar a Macri, los camaristas Yacobucci y Riggi tienen otro punto de coincidencia: fallos reiterados en beneficio de genocidas. En el caso de Carbajo es el segundo favor que le hace a Macri por una causa de inteligencia: aportó uno de los dos votos necesarios para llevar a la ciénaga de Comodoro Py la otra megacausa que tramitaba en Lomas de Zamora. El otro voto lo puso Borinsky, el visitante de Macri. La dupla Borinsky-Carbajo también descartó la posibilidad de una desaparición forzada en el caso Santiago Maldonado, otra muestra de su alieamiento amarillo.
Otro dato de Carbajo: pudo ser camarista gracias al armador del lawfare Juan Bautista Mahiques, que como representante de Macri en el Consejo de la Magistratura lo hizo subir 14 puestos en la orden de mérito de su concurso.
En el caso de Yacobucci, también favoreció a Macri y a Horacio Rodríguez Larreta al confirmar los sobreseimientos de todos los acusados por el direccionamiento de la licitación por el Paseo del Bajo. Para eso hizo dupla con Mahiques, puesto a dedo por Macri.
Los guiños de Py al macrismo
Esta resolución que se firma en el primer piso del edificio de Comodoro Py tiene dos efectos directos que festeja el macrismo. Por un lado, se suma a la revocatoria masiva de procesamientos que realizó este martes la Cámara Federal porteña en otra causa emblemática del espionaje macrista: la que se inició en los tribunales de Lomas de Zamora y la Cámara de Casación Penal giró a Comodoro Py para derrumbarla. En ese expediente había 38 procesados por integrar una asociación ilícita dedicada a espiar ilegalmente. La mayoría era la cúpula de la AFI macrista y del Servicio Penitenciario Federal. Pero un fallo firmado por dos jueces designados por Macri y con despacho en el segundo piso del edificio de Retiro hicieron caer esos procesamientos.
En una resolución firmada este 21 de diciembre, los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens prácticamente voltearon esa megacausa de espionaje ilegal al hacerse eco de la tesis del cuentapropismo que esgrimía el macrismo para defenderse. La dupla Llorens-Bertuzzi benefició a 27 acusados a los que se les dictó la falta de mérito y no se les achacó ningún otro delito. Es decir, dejaron de estar procesados. Por ejemplo, se hizo caer el capítulo penitenciario, que abordó las escuchas ilegales en la cárcel de Ezeiza. Entre los favorecidos por el fallo de este martes se encuentran el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, y la exempleada de la Casa Rosada que trabajaba en la Oficina de Documentación Presidencia, Susana Martinengo.
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Distinta suerte corrieron otros 10 imputados. Se trata de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, y el grupo de espías que integraba el grupo de chat “Súper Mario Bros”. Si bien se les dictó la falta de mérito en lo que hace a la asociación ilícita (así se cortó la cadena de mando), los jueces avanzaron contra la exseñora 8 por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público". A los 9 espías restantes se les achacó la realización de tareas ilegales de inteligencia. Pero no en el marco de un plan más amplio. Esta decisión benefició a Mauricio Macri.
No es casual que Bertuzzi haya sido puesto a dedo por Macri en la instancia revisora de los tribunales de Retiro. Llorens, por su parte, está denunciado penalmente por reunirse con el entonces presidente en la Quinta de Olivos.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se hizo eco de esta resolución de la Cámara porteña y la criticó por las redes sociales: “Regalito de navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Py para Macri y su pandilla. ¡Mamita!”. Y añadió: “Ayer, la Cámara Federal de Comodoro Py que durante 4 años, con Bertuzzi -el camarista puesto a dedo por Macri- como personaje estelar, decía que yo era la jefa de ¡4 asociaciones ilícitas! -disparate jurídico-, ¡y que, además, en una de ellas estaban incluso mis hijos! Ahora dice, en tándem con el camarista Llorens -el que visitaba a Macri en Olivos-, que Mauricio Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Majdalani como su subdirectora no tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI -que depende directamente de la Presidencia de la Nación- hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política”. “O sea que los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logística del organismo para espiar todos y cada uno de los objetivos que sólo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri… pero él, su amigo Arribas y su socia Majdalani no sabían nada y no tienen nada que ver. ¡Andá!”, cerró.
El segundo efecto que tiene la resolución de la Casación de pasar el D’Alessiogate a Comodoro Py es que condiciona el devenir de la causa en que se procesó a Macri por el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, que también se investiga en la justicia de Dolores. El expresidente viene pidiendo que la investigación por el espionaje a los familiares del submarino hundido pase a los tribunales de Retiro. Con esta nueva decisión de jueces designados por él suma un argumento a su favor.