El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, sumó una nueva denuncia en su contra acusado de formar parte de “una intrincada maquinaria diseñada para el logro de espurios fines” con “maniobras coordinadas con inteligencia y estrategia claramente establecidas de antemano” en causas que incluía a las barras bravas de los clubes de fútbol Independiente, Lanús y Banfield, cuyos dirigentes estaban vinculados políticamente, de forma real o potencial, con la oposición macrista.
La denuncia presentada por el abogado Daniel Trava señala al primer semestre de 2017 como la fecha de inicio de un plan que llevó la teoría del lawfare a un nivel provincial. Según el análisis que realizó, las fuerzas estuvieron orientadas a golpear a los dirigentes de clubes de fútbol vinculados al Partido Justicialista con el “bonus track” de que los Moyano dirigen a Independiente.
El letrado señaló que el sistema desarrollado se basó en “el armado de causas penales y la consecuente la utilización de prisiones preventivas como modo de generar supuestos “arrepentidos” y en base a esas supuestas “confesiones” cimentar aquellas causas no ya con pruebas objetivas pero sí con mucho reconocimiento de hechos, cualquiera fuera su índole”. Con una Justicia siempre “dispuesta”, la consiguiente difusión en los medios de comunicación y “el agente amalgamador: la inteligencia estatal”.
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Como a nivel nacional, acusó, esa inteligencia se desplegó de forma interna, algo prohibido por la ley, y sirvió como “modus operandi para lograr el encarcelamiento de personas para su arrepentimiento o quiebre, confesión supuesta y acusación para la utilización de figuras como la del arrepentido y otras yerbas que, dicho sea de paso, nunca fueron parte de la legislación procesal provincial, sólo nacional”.
Esa inteligencia destinada al armado de causas con fines políticos o a la manipulación y utilización de causas para llegar a esos objetivos políticos, se dio en la Provincia pero “especialmente en el departamento judicial de Lomas de Zamora y, aunque en menor medida, en La Plata también”.
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La denuncia también apunta a Sebastian Scalera, Fiscal General Adjunto del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, Mariano Leguiza Capristo, Titular de la UFI Nro. 1 de Lanús, Jorge Bettini Sansoni, Fiscal de Juicio ante el Tribunal en lo Criminal Número 10 de dicho departamento judicial y Susana Silvestrini, Jueza de dicho Tribunal.
La semana pasada, el fiscal general departamental de los tribunales de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari, denunció a Conte Grand por su presunta participación en el armado de causas contra dirigentes políticos y gremiales, a través de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora.
Según la denuncia de Ferrari, desde esa unidad "se habrían iniciado investigaciones con objetos de inclinarlas a sus intereses políticos y/o generando IPP con el fin de perseguir a políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios, (doctrina de "Lawfare"), entre otros".
En marzo de este año se desató una ola de notas periodísticas contra Ferrari. Una de ellas fue publicada por Clarín bajo el título “Un escándalo con un barrabrava acusado de asesinato salpica al ex viceministro de Justicia K”. En la publicación se sostuvo que el fiscal impulsó acciones para “influir en el juicio sobre el asesinato de un barra argumentando que lo hacia por motivos políticos” e “hizo retrasar un juicio oral”.
Se trata del asesinato del barra brava de Lanús, José Fabián “El Gallego” Fernández, ocurrido el 25 de diciembre de 2014. Uno de los imputados fue Matías Soto, defendido del abogado que presentó la denuncia. Su detención “recorrió todos los portales principales del país”. El punto de partida, argumentó en la denuncia, fue la declaración de Norma González, esposa de Carlos “Repacha” Molido, quien era socio de Diego “Fanfi” Goncebate, jefe de la barra de Lanús en ese entonces. El letrado defensor del último “es el espía Facundo Melo”. Según se argumentó, el apresamiento ocurrió a partir de dos testimonios contradictorios.
La historia cuenta que “Soto estuvo detenido, estando a disposición de un organismo perteneciente al departamento judicial Avellaneda – Lanús, no fue trasladado ni hacia la Alcaldía de Avellaneda, ni tampoco a la Unidad 40 de Lomas de Zamora, sino que intempestivamente y de madrugada fue trasladado a la Unidad Número 3 de Melchor Romero, juntamente con los barras de Independiente y los detenidos de la causa de “La Salada”; pero lo más llamativo aún, es que se trató de un intercambio entre un detenido de aquella Unidad Penal, y mi defendido Soto, en horario de la madrugada y sin aviso”.
Con el tiempo, aseguró Trava, entendió que la razón de tal traslado “a ese lugar “fuera de circuito” fue para ser escuchado y así manipular o intervenir en su causa y/o buscar conexiones con sectores que debían ser pasados por la maquinaria instituida al efecto de esmerilar eventuales contrincantes políticos”. Porque Soto “era uno de los objetivos a escuchar por su supuesta relación con Julián Álvarez exviceministro de Justicia del Gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner”.
Además, sostuvo el abogado, los querellantes por la muerte del “Gallego” son representados en el juicio oral por el letrado Rubén Reznik, también defensor de Pablo “Bebote” Álvarez, líder de la barra de Independiente y enfrentado a los Moyano. Según las pruebas aportadas, éste solicitó una reunión extraoficial con el fiscal Scalera porque tenían un “objetivo común”: los camioneros. Por eso, ofreció colaboración para lograr el fin de su detención. Dicha nota se escribió una semana antes de que el juez Luis Carzoglio desestimara el pedido de detención de Pablo Moyano, en octubre de 2018.
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