La jueza federal María Eugenia Capuchetti, con asiento en los tribunales de Comodoro Py, reclamó formalmente la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal N° 2 de Lomas de Zamora. Se trata del pasaje que aborda una parte de las tareas de inteligencia que realizó la AFI macrista contra Cristina Fernández de Kirchner y el Instituto Patria, que se anexó al expediente más grande que avanza en la jurisdicción bonaerense y tiene por víctimas a dirigentes de todo tipo.
El juez Juan Pablo Augé recibió el pedido y consultó a las partes del proceso para escuchar su opinión. Luego resolverá si envía a los tribunales de Retiro el expediente que le están reclamando. La decisión marcará el futuro del expediente y podría arrastrar a la causa más grande, en la que este viernes comienzan a tomarse 24 indagatorias. En Comodoro Py la esperan, en principio, Capuchetti y el fiscal procesado Carlos Stornelli.
Sea cual fuere la resolución del juez de Lomas de Zamora, es de esperar que la disputa se dirima en los tribunales superiores ya que se descuenta que defensas y querellas apelarán lo que se defina.
El pedido
Capuchetti se hizo eco de lo que le ordenó la Cámara Federal porteña. El 21 de agosto, el camarista Mariano Llorens hizo lugar a un planteo del exjefe de la AFI Gustavo Arribas quien había acudido a la instancia revisora luego de que Capuchetti rechazara un planteo suyo de incompetencia. El escribano e íntimo amigo de Mauricio Macri pedía que la causa por espionaje a CFK pasase a los tribunales de Retiro por una cuestión de “competencia territorial”. Al revisar el planteo, Llorens le dio la razón al exseñora 5 y revocó la decisión de la titular del juzgado federal N° 5 de Comodoro Py. Consideró que el caso debe pasar a Comodoro Py porque los hechos, en su mayoría, sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien el argumento es válido, para los investigadores de Lomas de Zamora y varios abogados que intervienen en la causa de esa jurisdicción hay sobrados elementos para que la causa no cambie de tribunales. Sostienen, por ejemplo, que la maniobra para ocultar el espionaje se realizó en los juzgados de Lomas de Zamora.
En este contexto, el camarista porteño le ordenó a Capuchetti que le pida al juez Augé que deje de intervenir en el expediente. De materializarse esta decisión, en principio en Comodoro Py el caso lo investigarían Capuchetti y Stornelli, es decir, el fiscal que fue procesado por sus vínculos con la banda de D’Alessio, dedicada al espionaje ilegal y relacionada a la AFI de Arribas.
Como si esto fuera poco, la hermana de Capuchetti revistó en la exSIDE desde 2002 y durante el macrismo estuvo bajo las órdenes de uno de los procesados en la causa de Lomas de Zamora por el espionaje a CFK: Martín Coste, exjefe de Contrainteligencia.
No obstante estos cruces, la juez porteña ya concretó el reclamo y ahora se espera la respuesta del juez Augé.
La disputa por la competencia que inició Capuchetti, hasta el momento, es por la causa “chica” del espionaje ilegal perpetrado por la AFI macrista. Se trata del expediente 5056/2020 que tiene por víctima únicamente a CFK y el Instituto Patria. El caso está anexado a la causa “grande” de espionaje, donde se investiga tareas de inteligencia ilegal contra diversos dirigentes.
Análisis de los teléfonos
Mientras se discute la cuestión de competencia, la pesquisa que tramita en Lomas de Zamora sigue avanzando.
Este lunes comenzaron a analizarse los teléfonos de más de 20 imputados de la “causa grande”, entre los que figuran cinco secuestrados en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, quien será indagado el 6 de octubre próximo.
Las “extracciones forenses” las realiza Gendarmería y comenzaron a realizarse en el edificio Centinela.
Entre los celulares a analizar y que nunca fueron estudiados antes figuran cuatro secuestrados en el domicilio de Nieto: se trata de uno marca Apple, dos Samsung y un iPhone. Además, el juez Augéhabía ordenado una nueva extracción forense utilizando el sistema UFED Premium sobre otro de los celulares del secretario de Macri debido a que posee clave de acceso y no se pudo avanzar con el sistema UFED en sus diversas versiones.
Entre los aparatos que se someten a extracción hay un Samsung secuestrado a Susana Martinengo, exsecretaria en la oficina de Documentación Presidencial, con despacho en la Casa Rosada. Y los teléfonos de muchos espías de la AFI imputados en la causa, como uno del exjefe de Contrainteligencia de la agencia, Diego Dalmau Pereyra.
Entre los celulares a analizar también figuran los de exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal, como el que corresponde a Cristian Suriano, exjefe de inteligencia del SPF, y el de Fernando Carra, exasesor en la misma institución. Es que el juez y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide investigan la conexión del SPF con la AFI.
El rol del SPF
En el marco de esta línea de investigación continúan declarando testigos.
Es que a la par de las extracciones de información de los celulares y de las 24 indagatorias que comenzarán a tomarse este viernes, avanza el estudio del espionaje que se hizo en las cárceles, donde –según las denuncias- la banda de los Super Mario Bros pisó fuerte en asociación con las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Por ejemplo, el viernes pasado declaró el exfuncionario Roberto Baratta, quien estuvo detenido en el penal de Ezeiza, donde se presume que se “alambró” la cárcel para escuchar a los dirigentes kirchneristas detenidos. El ex número 2 del Ministerio de Planificación dio precisiones sobre el rol de Carra y contó cómo buscaron doblegarlo psíquica y emocionalmente al presionar a uno de sus abogados para que deje de concurrir al penal, lo mismo que hicieron con su psiquiatra. En tiempos macristas se ventilaron por los medios de comunicación conversaciones que había mantenido Baratta desde la cárcel. Esos y otros audios que se tomaron del penal de Ezeiza se utilizaron para montar la “Operación Puf”, la causa con la que se buscó derribar el D’Alessiogate apenas explotó.
En el marco de la pista carcelaria también prestaron testimonio en la causa abogados de dirigentes políticos detenidos en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Y está pautado que en los próximos días continúen las declaraciones en este legajo, que es uno de los tantos en que se dividió la “causa grande” del espionaje ilegal.
Las escuchas en Ezeiza se cubrieron legalmente en el “caso Segovia”, una causa abierta en los tribunales de Lomas de Zamora en tiempos de Macri donde se investigó al narco Mario Segovia, detenido en ese penal. Con la excusa de escuchar a Segovia se intervinieron los teléfonos de la cárcel. En la desgrabación de esas escuchas, que estuvieron a cargo de la AFI, intervino la hermana de la jueza Capuchetti.
Hasta el momento, por las escuchas en las cárceles, fueron imputados el exdirector del SPF, Emiliano Blanco; su asesor, Fernando Carra; el director de Inteligencia del SPF, Cristian Suriano; y el jefe de Asuntos Internos, Miguel Ángel Perrota. Ninguno de ellos fue incluido en la tanda de indagatorias que se inicia este viernes, al menos, por ahora.
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