El director general de la AFI macrista, Gustavo Arribas, fue indagado este martes en los tribunales federales de Lomas de Zamora, donde se le imputa haber ordenado espiar de forma ilegal a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y falsear documentos para darle cobertura legal a esas maniobras. El escribano prestó declaración por más de 3 horas; no respondió preguntas; negó las acusaciones en su contra; buscó salvar a su amigo, el expresidente Mauricio Macri; y planteó la incompetencia territorial de los investigadores en pos de llevar el caso a los tribunales federales de Comodoro Py.
Según pudo reconstruir este medio, Arribas realizó “una gran argumentación excusante de la actividad delictiva que se le achaca”. Y cargó –al igual que Majdalani- contra el exdirector de Contrainteligencia, Martín Coste. No fue casual: Coste prestó un testimonio en la Comisión Bicameral de Inteligencia en la que complicó a los exjefes de la inteligencia. Esa ponencia se acumuló al expediente que impulsan el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. Este viernes, Coste vuelve a los tribunales para declarar.
Además, el señor 5 se negó a responder preguntas con lo que buscó un doble juego: desconocer la competencia del juez y la fiscal y blindar a Mauricio Macri ya que la pregunta más esperada era de quién había recibido las directivas sobre los hechos que se le adjudican. El expresidente también está denunciado en este expediente, que impulsó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
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De acuerdo a la imputación, Arribas y su segunda, Silvia Majdalani, “impartieron órdenes” a Alan Ruiz, quien era Jefe de Operaciones Especiales, para que "coordine un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal” sobre “distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”. Ruiz era el líder de la banda de espías autdenominada “Super Mario Bros”. Además, los directivos de la AFI “intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales. De ese modo, intentaron eludir su responsabilidad funcional y penal hasta la actualidad”.
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La citación del escribano se da en el marco del expediente en el que se investiga el espionaje a CFK, tanto en el Instituto Patria como en el domicilio de la expresidenta, al menos entre julio y agosto de 2018. La causa se inició por una denuncia que realizó en febrero pasado la actual interventora de la AFI y se anexó a una más grande donde se analizan tareas de inteligencia ilegal contra dirigentes de todo tipo (oficialistas y opositores, sindicalistas, eclesiásticos y empresarios). Es que en ambas se repite la banda de agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos que llevó a cabo las maniobras.
Arribas rechazó los cargos, dijo que no falsificó ningún documento y se defendió diciendo que las tareas de inteligencia fueron legales, ya que había una orden judicial que las respaldaba. La coartada que inventaron fue que se investigaba un posible acto terrorista contra CFK en el marco de una causa sobre el G-20. Para los investigadores está claro que esa orden se basó en documentos apócrifos preparados para encubrir los delitos que se estaban cometiendo. Esta maniobra se desató luego de que agentes de la AFI fueran descubiertos haciendo tareas de inteligencia en las inmediaciones del Instituto Patria. Arribas aseguró que se enteró de esos hechos por los medios y que entonces se contactó con Majdalani. También señaló que no brindó información falsa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia cuando expuso sobre el tema.
Luego de la detección de los espías de la AFI, hubo una denuncia de espionaje que tramitó en Comodoro Py. La investigación estuvo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi pero se terminó cerrando. Arribas y Majdalani lograron un sobreseimiento en base a los documentos que ahora queda claro que fueron falsos. El señor 5 y la señora 8 recurren a esa resolución judicial para sostener que son inocentes.
El escribano, que intentó ensalzar su gestión hablando de la modernización del organismo que llevó adelante, repitió la estrategia de la señora 8 al intentar sacar el caso de Lomas de Zamora: planteó la incompetencia territorial de los investigadores. Los directivos de la AFI buscan llevar la causa a los tribunales de Comodoro Py. El punto en cuestión es qué juzgado tiene competencia para investigar. Arribas y Majdalani argumentan que como los hechos que se analizan sucedieron en Capital Federal corresponde que intervengan los tribunales de Retiro. Por eso el hecho de la “cobertura legal” falsa adquiere relevancia. Ese ilícito se realizó en la causa del G-20 que instruía Federico Villena en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
“No hay argumentos jurídicos ni fácticos para llevar la causa a Comodoro Py. Si sacan la causa de la jurisdicción será por otra razón. Una parte muy importante de los hechos se desarrollaron en Lomas de Zamora”, señalaron a El Destape fuentes con acceso al expediente.
Todo indica que el jefe de inteligencia de Macri no logró torcer el rumbo que lo llevó a ser indagado. El juez Augé tiene 10 días desde la última indagatoria para resolver la situación procesal de los imputados.
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