La subdirectora de la AFI macrista, Silvia Majdalani, prestó declaración indagatoria este lunes en los tribunales federales de Lomas de Zamora. Está acusada de impulsar y luego ocultar el espionaje ilegal desde la exSIDE contra la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La exseñora 8 rechazó las imputaciones en su contra, no contestó preguntas y cuestionó a los investigadores: planteó la incompetencia del juez Juan Pablo Augé y recusó a la fiscal Cecilia Incardona. También dijo que ya fue juzgada por estos hechos por lo que pidió la “cosa juzgada”. La estrategia es clara: invalidar la pesquisa y llevar la causa a los tribunales federales de Comodoro Py.
“Casi no habló de las tareas de inteligencia”, indicaron fuentes judiciales a este medio. Al salir de la audiencia, Majdalani no abundó mucho más: “Declaré lo que tenía que declarar”, dijo a los periodistas.
La subdirectora de la AFI macrista fue citada a prestar declaración indagatoria en el marco del expediente en el que se investiga el espionaje a CFK, tanto en el Instituto Patria como en el domicilio de la expresidenta, al menos entre julio y agosto de 2018. La causa se inició por una denuncia que realizó en febrero pasado la actual interventora del organismo, Cristina Caamaño, y que se anexó a una más grande donde se analizan tareas de inteligencia ilegal contra dirigentes de todo tipo,(oficialistas y opositores, sindicalistas, eclesiásticos y empresarios). Es que en ambas se repite la banda de agentes de inteligencia orgánicos e inorgánicos que llevó a cabo las maniobras.
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La situación procesal de Majdalani se complicó luego del procesamiento del exdirector de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz; y del testimonio del exdirector de Contrainteligencia del organismo, Martín Coste. En ambas piezas jurídicas se hace mención al rol que desempeñó “La Turca” en el espionaje ilegal que realizó la exSIDE.
Por ejemplo, en el procesamiento de Ruiz, el juez Augé remarcó que este espía, sindicado como el jefe de los Super Mario Bros, no actuó “por la libre”. De acuerdo al magistrado de Lomas de Zamora, las órdenes de los operativos como el del espionaje al Patria “habrían sido impartidas a Alan Ruiz, en principio, por parte de Silvia Majdalani”. “Los informes confeccionados en los que se plasmaban los resultados de esos espionajes ilegales, eran remitidos al equipo de Alan Ruiz y, posteriormente, éste se los elevaba a Silvia Majdalani”, añadió el juez. De acuerdo a Augé, la señora 8 “tenía un conocimiento actualizado y periódico sobre los avances de esos espionajes ilegales nutridos de los resultados de vigilancias y observaciones”.
Pero además, en agosto de 2018, después de que agentes de la AFI fueran detectados haciendo espionaje en el Instituto Patria se terminó abriendo una causa en los tribunales de Comodoro Py. Por eso, “Ruiz junto a otros imputados, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas que habían realizado y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales. De ese modo, intentaron eludir su responsabilidad funcional y penal hasta la actualidad, por la manifiesta ilegalidad de las órdenes impartidas a sus subalternos, a quienes les aludía cierta cobertura judicial”. La coartada que inventaron fue que se investigaba un posible acto terrorista contra CFK en el marco de una causa sobre el G-20.
Para esa tarea, Ruiz contó con la colaboración clave del director general de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y su segunda, Silvia Majdalani. Así se desprende del testimonio que el exdirectivo de la AFI, Martín Coste, prestó ante la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia y que se acumuló al expediente que impulsan Augé e Incardona.
Coste relató cómo la subdirectora de la AFI lo envió a entrevistarse con quien era el director de Jurídicos, Juan Sebastián Di Stéfano, luego de que se desatara el escándalo del espionaje al Instituto Patria. Cuando fue a verlo, Coste se encontró a “De Stéfano sentado con Alan Ruiz y el señor Martiré”, que era otro integrante de Jurídicos. ¿Qué pasó en esa reunión? “Estaban tratando –hace tiempo estaban, yo llegué después– el tema de qué es lo que Alan había hecho, teóricamente”, dijo Coste.
La investigación que se había abierto en Comodoro Py por el espionaje al Patria, y que estuvo en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi, se terminó cerrando. Todos fueron sobreseídos en base a los documentos que ahora queda claro que fueron falsos.
El propio juez Augé detalló que ese sobreseimiento de Arribas y Majdalani estuvo basado en documentos fraudulentos. Dijo, textual: “El sobreseimiento que los mentados Arribas y Majdalani lograron por los espionajes de los primeros días de agosto en el domicilio del Instituto Patria en el marco de la causa 13.066/2018, y que el magistrado a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 de CABA fundara en una más que ligera certificación Actuarial, efectuada sobre la causa 82.441/2017 (la causa G-20 que manejaba el juez Federico Villena), donde las falsedades documentales habían confluido y dado forma, con el único fin de lograr un sobreseimiento por esos hechos”.
Ese sobreseimiento, que está firme, es al que apela Majdalani ahora para decir que hay “cosa juzgada”, es decir, que ya la juzgaron por este hecho. Y nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.
Aquí es donde se abre un abanico de posibilidades. Porque a la señora 8 la investigaron por el espionaje a Cristina en el Instituto Patria pero no por el espionaje en el domicilio de la vicepresidenta ni por haber armado una cobertura legal para esconder una serie de ilícitos. Es decir, que habría delitos por los que no fue investigada. Además, los hechos sobre el Instituto Patria que se analizaron en Comodoro Py abarcaron un plazo de tiempo mucho menor al que se estudia en la causa de Lomas de Zamora.
A su vez, Majdalani planteó la incompetencia del juez Augé. Este pedido implica que para la señora 8 el caso debe seguirse en Comodoro Py. El punto en cuestión es qué juzgado tiene competencia para investigar. Según Majdalani como los hechos sucedieron en Capital Federal corresponde que intervengan los tribunales de Retiro. Por eso el hecho de la “cobertura legal” falsa adquiere relevancia. Ese ilícito se realizó en la causa del G-20 que se instruía en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
En otro planteo en pos de “embarrar la cancha”, Majdalani recusó a la fiscal Incardona, que es quien tiene delegada la investigación. Sostuvo que perdió objetividad. Según la señora 8, Incardona estuvo al tanto de las tareas de inteligencia que involucraron a Cristina y no hizo en su momento ninguna denuncia. Busca replicar el planteo con el que se corrió al juez Villena del expediente más grande sobre el espionaje ilegal. Pero los casos de Villena e Incardona no son similares por lo que no está claro qué sucederá.
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