La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia pedirá en las próximas horas al Consejo de la Magistratura que avance con el pedido de juicio político contra los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Ambos jueces están acusados por la Comisión de “mal desempeño” por haber descartado la existencia de la red de espionaje ilegal que se desplegó durante el macrismo. Se trata de una medida que no registra precedentes institucionales.
La Comisión entendió que los magistrados en cuestión convalidaron la teoría del “cuentapropismo” de los espías del grupo conocido como “Súper Mario Bros”, dejando de lado que se trató de un plan sistemático de espionaje.
El texto de la presentación, que reúne unas 19 carillas y será formalizada el jueves, establece que la sentencia dictada por estos jueces en la megacausa de espionaje ilegal que llevaba adelante el Juzgado de Lomas de Zamora y que dispuso el procesamiento de 38 personas, entre ellas, las máximas autoridades de la conducción de la AFI en el periodo presidencial de Mauricio Macri, fue vapuleada por una resolución arbitraria. Destaca además que el objeto principal del fallo fue dejar de lado todas las evidencias e incluso confesiones de los propios autores para asegurar la impunidad de quienes encabezaron el sistema de espionaje ilegal y de persecución política.
Los miembros de la bicameral parlamentaria serán recibidos por los Consejeros de la Magistratura que se encuentren presentes al momento de la reunión. Se espera que a las 19 del jueves brinden una conferencia de prensa con más detalles.
La causa
Los jueces fueron quienes le dieron el 21 de diciembre el regalo de fin de año a Macri al considerar que no existió una asociación ilícita y revocar los 38 procesamientos que había dictado por ese delito el juez Juan Pablo Augé contra la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del Servicio Federal Penitenciario (SPF).
Los camaristas porteños sólo mantuvieron el procesamiento de Silvia Majdalani por presunto "incumplimiento de deberes", al entender que no había controlado la actividad de un grupo de agentes de ese organismo procesados por supuesto espionaje ilícito.
En el fallo de 213 páginas, los jueces Llorens y Bertuzzi aseguraron que es débil la hipótesis que sostiene que hubo una asociación integrada por funcionarios de distintos organismos del Estado organizada para el espionaje ilegal y, por el contrario, refirieron que hubo espías de menor jerarquía que violaron la ley de inteligencia actuando de acuerdo a motivaciones personales. La también llamada hipótesis del cuentapropismo.
Es decir, la Cámara dio por probado que hubo un grupo de agentes de la AFI y también del SPF (una minoría en este caso), cuyos procesamientos quedaron confirmados por violación a la Ley de Inteligencia, actuó por "intereses personales" y usó "recursos" del Estado de manera ilegal, pero descartó que hubieran trabajado de forma organizada o respondiendo a órdenes de sus superiores jerárquicos.
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