Espionaje ilegal macrista: aceptan a la UBA como querellante

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó como querellante a la Universidad de Buenos Aires (UBA) en otra causa de espionaje ilegal que involucra al macrismo. El magistrado consideró que había elementos para tener a la histórica institución como damnificada porque durante el gobierno de Mauricio Macri se realizaron tareas de inteligencia ilegal sobre docentes que dictaban clase en las cárceles federales.

Martínez de Giorgi aceptó a la UBA como querellante en el caso de espionaje que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora y luego pasó a Comodoro Py, donde está involucrada la cúpula de la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF) macristas. Actualmente, la megacausa cuenta con 38 procesados, entre los que se cuentan desde el exjefe de inteligencia Gustavo Arribas a Susana Martinengo, quien trabajaba en Casa Rosada. La situación procesal de los imputados está siendo revisada por la Cámara Federal porteña (también revisa la falta de mérito que recibió el secretario privado de Macri, Darío Nieto). Entre los espiados figuran dirigentes políticos –como CFK y Horacio Rodríguez Larreta-, sindicales, eclesiásticos, empresarios, periodistas y los llamados “presos K”. En el marco del capítulo penitenciario, la AFI y el SPF también hicieron inteligencia ilegal sobre profesores universitarios que dictaban clase en las cárceles.

La documentación sobre el espionaje ilegal a docentes que daban clase en las cárceles surgió de un allanamiento realizado en la dirección de Inteligencia del SPF, en el marco del capítulo penitenciario del espionaje ilegal macrista. “Atento a que en la documentación compulsada, relacionada con la calle Varela 266 de esta ciudad, sede de la Dirección Principal de Análisis de Información del Servicio Penitenciario Federal, fue hallada documentación en la que aparecen fotos de docentes que dan clases en cárceles federales, se habrá de entender que dichas circunstancias, junto a los elementos expuestos en la presentación realizada por la Universidad de Buenos Aires, constituyen indicios suficientes para considerar verificada la posibilidad de que haya resultada perjudicada por los hechos que componen el objeto procesal de esta pesquisa”, indicó Martínez de Giorgi. Por tal motivo, tuvo “por parte querellante a la Universidad de Buenos Aires, con el patrocinio letrado de los Dres. Pablo Lafuente y Valeria Thus”.

La UBA había pedido ser querellante en este proceso por haber tomado conocimiento de tareas de inteligencia ilegal practicadas sobre alumnos, docentes y personal no docente vinculado a la institución.

Según se hizo saber la institución en aquella presentación, el Consejo Superior de la UBA instruyó a sus abogados Lafuente y Thus “a formular presentación en sede judicial constituyéndose como querellante” por la realización de tareas de inteligencia ilegal contra profesores y alumnos, hechos “que damnifican a la Universidad de Buenos Aires”.

Para el Consejo Superior de la UBA era “imperioso que la Universidad de Buenos Aires se presente en sede judicial en calidad de querellante de modo de poder participar activamente en la dilucidación de la pesquisa y velar por el debido resguardo de los miembros que integran la comunidad universitaria, en el caso docentes y personal no docente de gestión, con el máximo respeto a los derechos humanos, frente a intervenciones y actuaciones de espionaje ilegal que, de verificarse, implican una preocupante vulneración de las reglas del Estado de Derecho y que merecen el más fuerte repudio”.

La presentación de la universidad tuvo por disparador una nota del portal El Cohete a la Luna donde se relataron “maniobras de espionaje ilegal que habrían recaído en el marco de charlas organizadas por la Facultad de Derecho de esta Universidad y sobre docentes que desempeñan funciones en el Centro Universitario Devoto (CUD) del Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal – UBA XXII”.

Entre los docentes espiados aparecen Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI; Diana Cañal; Claudia Neira; y David Cohen. También, según surge en sede judicial, se halló “información del ex director del Programa de Estudios de la Universidad de Buenos Aires en el Servicio Penitenciario Federal – UBA XXII, Leandro Halperín”.

En el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Universidad Internacional de Florida, que convocó a Macri para el 2022 a ser parte de su programa académico ¿sabrán de esta situación?