El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó la detención de 22 agentes de diversas fuerzas de seguridad relacionados a la AFI, todos involucrados en la trama del espionaje ilegal que compromete al gobierno de Mauricio Macri. Entre los apresados figura la exfuncionaria de la Casa Rosada, Susana Martinengo. Con esta resolución del magistrado, el caso que se inició con una confesión del narco Sergio “Verdura” Rodríguez adquiere un nuevo giro. El próximo paso serán las indagatorias de cada uno de los imputados.
Cronología del caso
El juez Villena investiga “a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local” integrada por agentes de diversas fuerzas de Seguridad y la AFI, que realizó “tareas de inteligencia y espionaje” ilegal “en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones”, tal como se desprende de la resolución que firmó el lunes y cuyas directivas se concretaron este martes. La lista de espiados parece no tener fin e incluye a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y empresarios. Entre otros, figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
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La investigación de Villena tuvo como disparador una confesión narco, la de Sergio “Verdura” Rodríguez. Es que desde el inicio esta pesquisa en la que también interviene la fiscal Cecilia Incardona se perfilaba como un “policial más”. El viraje lo dio el testimonio de Rodríguez quien aseguró que se vinculó con un agente de la AFI para tener cobertura.
Tal como se desprende de la resolución en la que Villena ordenó las 22 detenciones, Verdura “manifestó que con motivo de instalarse en Villa Sapito para vender estupefacientes se vinculó con una persona apodada ‘Jugador’, quien a su vez lo contactó con un abogado de nombre Facundo Melo, quien se identificó como miembro de la Agencia Federal de Inteligencia”. Entre otras cosas, según el juez, Sergio Rodríguez declaró que Melo actuó de intermediario entre él “y un policía de la Brigada de Narcotráfico de Quilmes, a fin de que se cerrara una investigación en su contra”. Melo es abogado y revistó en la AFI macrista. Fue agente entre 2016 y 2019. Hoy es uno de los detenidos. Acaso el dato más destacado del testimonio de Verdura fue cuando dijo que Melo lo contactó para llevar un artefacto explosivo a un domicilio porteño para una amenaza. De acuerdo a la reconstrucción judicial, se trata de donde vivía José Luis Vila, quien por entonces era funcionario en el Ministerio de Defensa. Vila, de origen radical, revistó como agente de la exSIDE de donde se desvinculó en 2015. Con los datos que aportó Verdura se produjo un giro de 180° en el caso.
Esta declaración derivó en una serie de operativos que incluyeron allanamientos en la casa y el estudio de abogados de Melo. Se secuestró su celular, al que los investigadores pudieron tener acceso. Con este hallazgo, la pesquisa dejó de ser definitivamente un policial no muy diferente a los que la justicia penal suele investigar y viró a una causa por espionaje de gran escala.
En los allanamientos de Melo “no sólo se obtuvieron elementos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo desactivado, sino también evidencia de que el abogado mantendría un trato asiduo con integrantes de distintas fuerzas de seguridad, con los cuales realizarían maniobras consistentes en seguimientos, tomas fotográficas, maniobras extorsivas e infiltraciones”, indicó el juez.
En el celular de Melo, describió Villena, se encontró un “grupo de la aplicación WhatsApp denominado ‘Argentina’”, que integraban dos protagonistas de esta historia de espionaje: Jorge “Turco” Sáez y Leandro Araque, otros de los detenidos este martes. Ambos revistan en la Policía de la Ciudad. Sáez, incluso, tiene pasado en la inteligencia penitenciaria. El juez ya les había allanado sus domicilios el 20 y 21 de mayo pasado. De hecho, el celular de Araque, que estaba secuestrado en el marco de otra investigación en los tribunales de Comodoro Py, se volvió una prueba clave. Allí, por ejemplo, el juez se topó con el grupo de Whatsapp “Super Mario Bros”.
“De un análisis de los elementos recabados se advirtió la existencia de distintos grupos de WhatsApp, en especial de uno denominado ‘Super Mario Bross’, cuyo contenido daría cuenta que las personas que a continuación se detallan (NdelR: es decir, las 22 que ordenó detener), se encontrarían involucradas en la comisión de distintas maniobras de carácter ilícito, que habrían afectado a múltiples personas de distintos ámbitos de la administración pública, como así también, de la esfera política, social y gremial de nuestro país”, escribió Villena este lunes.
Los allanamientos en los domicilios de Melo, Sáez y Araque provocaron un efecto dominó que terminó un mes más tarde en las órdenes de detención que se conocieron este martes.
El 27 de mayo pasado, seis días después de los mentados procedimientos en los domicilios de Sáez -de pasado en la inteligencia penitenciaria- y Araque, Villena allanó dos establecimientos del SPF: la Dirección de Inteligencia, a cargo de Cristian Suriano, y el Departamento de Seguridad. Ese mismo miércoles, Suriano pidió el retiro, después de 30 años de servicio. La decisión coincidió con que aquel día el magistrado de Lomas retiró mucho material tanto en papel como digital de las dependencias del SPF. Luego se produjeron operativos en diversas unidades penales como el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza donde se constató que hubo “cableados” para escuchar y monitorear a los presos. Allí estaban alojados exfuncionarios kirchneristas.
Uno de los últimos allanamientos del caso ocurrió en el domicilio de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri. Se le secuestró el teléfono. Hay referencias suyas en diálogos entre dos de los detenidos: Sáez y Martinengo.
En este contexto, el abogado defensor de Melo, Fernando Sicilia, cuestiona el relato de Verdura y pidió la recusación de Villena tal como lo hicieron otras defensas. Entre otras cosas, aseguran que algunas de las operaciones de la AFI macrista tuvieron cobertura judicial en causas que el propio juez impulsó. Los letrados argumentan que haya sido cómplice o engañado en su momento, el mismo magistrado ahora no puede investigar este caso. Piden que dé un paso al costado. El magistrado no esperó la resolución de la Cámara Federal de La Plata que debe resolver estos planteos y ordenó el raid de detenciones. Villena respaldó su decisión en que dado a que los imputados son exfuncionarios, espías y policías hay grandes posibilidades de que entorpezcan la investigación.
Hasta este martes, el único detenido por espionaje ilegal durante el gobierno de Cambiemos era Alan Ruiz. Estaba apresado en el marco de otra investigación que tiene muchos puntos de contacto con la de Villena pero que tramita en el otro juzgado de Lomas de Zamora, que está a cargo de Juan Pablo Augé. Se trata de una pesquisa que analiza el espionaje de la misma banda sobre Cristina Fernández de Kirchner, que cobró impulso a partir de una denuncia que realizó la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Espiados y querellantes
La lista de espiados que consta en la causa a cargo de Villena parece no tener fin. Entra las víctimas de los Super Mario Bros figuran la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y su segundo, Diego Santilli; monseñor Jorge Lugones; el exdiputado Emilió Monzó; la exgobernadora María Eugenia Vidal; el cuñado de Macri, Salvatore Pica; los intendentes de Lomas de Zamora y Avellaneda, Martín Insaurralde y Jorge Ferraresi; y los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, entre otros. Los primeros tres, por ejemplo, ya se presentaron como querellantes en este expediente. Hicieron lo propio los Moyano y el exintendente de La Plata, Pablo Bruera, por citar otros ejemplos.
Como la nómina de “objetivos” de la AFI macrista se amplía cada día, a la lista inicial de espiados se sumaron en los últimos días los empresarios Fabián De Sousa, uno de los dueños del Grupo Indalo, y Gerardo Ferreyra, directivo de Electroingeniería. Ambos estuvieron detenidos durante el macrismo y son dueños de medios que no siguieron la línea oficial o servicial que bajaba desde la Casa Rosada. También hay pruebas de que se produjeron infiltraciones en organizaciones sociales.
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